Las asociaciones judiciales anunciaron el lunes que mantienen su convocatoria de movilizaciones de protesta tras reunirse con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

la segunda tendrá lugar el miércoles - que pretenden allanar el camino para la desconvocatoria de las movilizaciones judiciales, que comenzarían el 18 de febrero.

"La respuesta que hemos recibido, lo que sí que podemos decir en este momento, es que no nos satisface enteramente", señaló en una rueda de prensa posterior Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

"Hemos detectado disposición por parte del señor ministro y el equipo de su ministerio, aunque no con la intensidad o en la medida que a nosotros nos hubiera gustado", agregó.

Por su parte, Fernández Bermejo calificó el encuentro de "positivo, por mucho que no hayamos alcanzado un acuerdo definitivo en algunos puntos".

la APM, Jueces para la Democracia, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente - han convocado una serie de actos de protesta para el 18 de febrero y un paro para el mes de junio, aunque varias juntas judiciales y órganos colectivos aprobaron en diferentes votaciones realizadas la semana pasada adelantar la huelga al 18 de febrero.

El ministro se mostró descontento con la convocatoria de las movilizaciones.

"Cuando se está en un diálogo, y en el diálogo van plazos, realidades, fechas, compromisos concretos, que son los que nos han pedido y hemos puesto encima de la mesa, no parece que se justifique", dijo en su intervención ante los medios.

APARCAR LAS RETRIBUCIONES

Sí hubo un acuerdo en un punto, y fue el de dejar para más adelante la cuestión de la retribución económica.

"La reivindicación retributiva no es la más importante, tanto que queda aparcada hasta que las condiciones económicas lo permitan", dijo el ministro.

"los únicos interlocutores de la carrera judicial", subrayó Fernández Bermejo - a diseñar un nuevo sistema retributivo de la judicatura, que este año dijo que verá incrementados sus sueldos en un cinco por ciento.

También se ha comprometido a la creación del mismo número de unidades judiciales en esta legislatura que en la anterior (634 plazas de jueces y 485 de fiscales), y comparó los datos con las 291 plazas de jueces y 237 de fiscales que dijo se crearon en la última legislatura del PP.

Los 20 millones propuestos se sumarán a los 72,3 millones ya presupuestados para 2009 y permitirán acortar los plazos para la puesta en funcionamiento de iniciativas tecnológicas que ya estaban en marcha, según el comunicado del ministerio.

La huelga, de tener lugar, sería la primera de los jueces en España. El paro ha sido criticado por varios miembros del Gobierno, mientras que el Consejo General del Poder Judicial lo considera una medida de presión "precipitada".

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del "caso Mariluz" por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.