La Asociación de Memoria Histórica da una lección de leyes a Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha respondido a la pregunta al diputado del PNV Emilio Olabarría en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el caso del robo de bebés durante la dictadura de Franco y hasta finales de los años 80 ya ha prescrito y no puede investigarse.

Ante esta afirmación, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha manifestado que Gallardón "parece ignorar que el robo sistemático de bebés se considera por el Derecho Penal Internacional un crimen de lesa humanidad, como recoge la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ratificada por el gobierno español en septiembre de 2009".

Según establece la ley en el artículo 25 "los Estados Partes (España lo es) tomarán medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada". De este modo, la desaparición sistemática de personas es un delito de lesa humanidad y eso le proporciona al crimen, por considerarlo de extrema gravedad, un estatus de imprescriptibilidad. Por esta razón, según denuncia la asociación, el Estado tiene la obligación de perseguir penalmente esos crímenes porque para el Derecho Penal se continúan cometiendo cada día que pasa.

Van a enviar a Gallardón una copia de la convención de Naciones Unidas Ante las afirmaciones del titular de Justicia, la Asociación ha anunciado que le va a enviar a él personalmente una copia de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unida, además de ofrecerle asesoramiento por parte de juristas que han trabajado en la aplicación de la legalización internacional contra la desaparición forzada.

A su juicio, con la negativa de modificar la prescripción de este delito, el Gobierno "está intentando trasladar al ámbito administrativo las consecuencias de un crimen que requiere una actuación penal". Así, ha considerado que la reunión que mantuvieron el pasado mes de abril los ministros de Justicia, Interior y Sanidad con las asociaciones de afectados por el robo de bebés supuso una "sobreactuación del Ejecutivo", pero "con el objetivo de apartar el caso de los Juzgados".

Por eso, la Asociación asegura que "en el gobierno existe una clara intención de ‘desjudicializar' este grave crimen cometido contra miles de familias y llevarlo al terreno administrativo."