Luis Armada tiene en su haber un largo historial judicial por actuaciones presumiblemente irregulares o al menos controvertidas, más allá de la licencia que se autoconcedió para la reforma de su palacete familiar, en el número 9 de la madrileña calle de La Bola, que en 2002 le permitió levantar una planta más en un edificio protegido.

Su primer revés fue cuando en diciembre de 2002, siendo ya gerente de Urbanismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que "carecía de cobertura legal" el llamado coeficiente K con el que se grababa a las nuevas edificaciones en el centro de Madrid. Los constructores lo llamaban el impuesto revolucionario: la cuantía se establecía en función de los metros cuadrados del solar, su ubicación, aprovechamiento y otras variables.

Obstáculos a la sentencia
El fallo de la Audiencia, irrecurrible ante el Supremo, obligaba al consistorio a devolver 20 millones de euros cobrados indebidamente a los promotores inmobiliarios que lo habían pagado. Armada, sin embargo, se las ingenió para ponerlo difícil: devolvería el dinero sólo a los afectados que lo reclamaran por vía judicial y obtuvieran una sentencia favorable.
En febrero de 2003, Armada fue condenado a pagar 7.200 euros "por un delito de desobediencia" a la Justicia por el juzgado de lo Penal número 20 de Madrid. Pese a la sentencia, Armada se negó a la demolición parcial de la Iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Madrid). La condena, además, le inhabilitaba para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses.

Armada recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y en marzo de ese año revocó parte del fallo anterior. La inhabilitación quedaba reducida al desempeño de tareas dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Muy importante debía de ser Armada en la nebulosa inmobiliaria de Madrid, porque el Partido Popular decidió rescatarle ese mismo año. Alberto Ruiz-Gallardón, ya alcalde, aceptó prescindir de él y Esperanza Aguirre le convirtió en viceconsejero de Transportes e Infraestructuras.

Recalificación
A mediados de 2003 fue llamado a declarar como imputado por el entonces titular del juzgado 36 de Madrid, Fernando Grande-Marlaska, en relación a un convenio urbanístico firmado en 1997 en el que recalificaban como suelo residencial una zona que había destinada a equipamientos.
Entre otros, Grande-Marlaska llamó también a declarar en las mismas condiciones al ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz (que en un solo día ganó en esa operación 1,8 millones de euros); al que fue segundo teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y consejero delegado de Madrid-2012, Ignacio del Río; y a Carlos Pinilla, entonces presidente de la Junta de Compensación.

Según comunicó al juez la propia Comunidad de Madrid, esa operación infringía el ordenamiento urbanístico y el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.

Las diligencias coincidieron con otro episodio judical en el que Armada volvía a ser protagonista. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acababa de anular 28 desarrollos urbanos sobre suelo protegido promovidos por Ignacio del Río, Armada firmó un decreto para consolidar dichos desarrollos urbanos.

De funcionarios a empresarios
El que fue concejal de Urbanismo por el PP entre 1995 y 2003, Ignacio del Río, cambió recientemente su traje de funcionario por el puesto de consejero independiente en el Consejo de Administración del Grupo Vemusa, dedicado a la promoción inmobiliaria, la gestión de campos de golf y el negocio hostelero. El primer reto de Del Río es hacer rentable la inversión de 60 millones de euros en la adquisición de un solar en una zona residencial de Varsovia (Polonia). En ese suelo ha de nacer el residencial AvanGarden, compuesto de 300 viviendas.

Paradójicamente no existe incompatibilidad entre haber sido concejal de Urbanismo y ser, a continuación, consejero de una constructora. Sí la hay, sin embargo, entre su profesión de Registrador de la Propiedad, que ejerce en San Fernando (Cádiz) y su nuevo cargo en el Grupo Vemusa. Los "funcionarios públicos retribuidos con arancel", es decir registradores y notarios, están sometidos a una "incompatibilidad absoluta en el desempeño de funciones públicas y actividades privadas", según la sentencia 68/1990 del Tribunal Constitucional.

En su larga etapa como concejal con los gobiernos municipales de José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, Del Río tampoco dejó de ejercer como Registrador.

Pero del Río no es el único funcionario del PP que abandona su cargo público en las administraciones madrileñas para dedicarse a los negocios privados de la construcción. Sigfrido Herráez, edil de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, dejó su cargo en 2005 para convertirse en vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet. Según declaró en su día el propio Gallardón, el ex concejal le dijo que dejaba su cargo para dedicarse a la arquitectura.

Luis Eduardo Cortés abandonó la Conserjería de Obras Públicas para presidir Vallehermoso Inmobiliaria. Pese a la intención del gobierno central para reformar la ley que impida a los ex ediles trabajar antes de dos años en empresas relacionadas con el cargo público que hayan desempeñado, lo cierto es que la incompatibilidad brilla por su ausencia.