Un grupo de 20 militares en nombre del ejército argentino irrumpió la noche del 27 de octubre de 1976 en la casa de Quilmes (Buenos Aires) del barcelonés Manuel Coley. Lo detuvieron delante de su mujer y sus tres hijos pequeños, que no lo volvieron a ver nunca más. Cuatro meses después era asesinado y enterrado en un cementerio del gran Buenos Aires. Su cuerpo, repleto de heridas de bala, fue recuperado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2007. Su identificación es la primera de los cerca de 100 españoles desaparecidos durante la represión de la dictadura argentina.

Los militares se llevaron a Coley y su colección de libros de Historia de la Guerra Civil española, prohibida por la dictadura militar. Manuel se había destacado por su actividad sindical durante una huelga en la empresa Rigolleau, de donde fue despedido mientras estaba de baja médica. Su conciencia obrera le venía de familia, puesto que su padre, Joaquín, fue un combatiente republicano durante la Guerra Civil. Acabada la contienda, Joaquín Coley se exilió a Francia, dejando a Manuel con dos años de edad en Barcelona junto a su madre.

Emigrante de 17 años

A los 17 años consiguió emigrar a Argentina, donde rehizo su vida en Tucumán y después en Buenos Aires. Su nombre estaba en la 'lista naranja' que los militares habían redactado con sus víctimas, tal y como sus hijos explicaron en el Juicio por la Verdad de la Ciudad de la Plata.

La familia Coley empezó a reclamar a Manuel el día después de su desaparición, en la Embajada de España y a la Justicia española. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, abrió un proceso contra la dictadura argentina con las víctimas españolas como un denunciante.

La derogación de las leyes de 'punto final' que impedían juzgar a los militares torturadores, permitió el desarrollo de un proceso de recuperación de la memoria, impulsado desde el Gobierno de Néstor Kirchner y desde la propia Justicia argentina.

El antropólogo del EEAF Luis Fondebrider destaca que 'a diferencia de España', sus labores de exhumación se han realizado siempre 'dentro de un proceso judicial'. 'Somos sólo peritos', matiza. El EAAF ha conseguido identificar 300 cuerpos, la mayoría de ellos hallados en fosas individuales.