Argelia olvida a sus 15.000 desaparecidos

En el cementerio de El Alia, en Argel, hay 3.300 tumbas sin nombre. Sobre las lápidas, una x. Nada se sabe de quiénes están allí sepultados, de cómo murieron, de cuál de los dos bandos enfrentados en la guerra sucia en Argelia -los grupos islamistas, de un lado, y las fuerzas de seguridad y el Ejército, de otro- fue su verdugo. Nadie sabe quiénes son, excepto el Estado, que calla, por miedo a que se depuren responsabilidades en el estamento militar, que sigue llevando las riendas del poder.

La Argelia del presidente Abdelaziz Buteflika, que hoy se somete a las urnas para conseguir su tercer mandato, se ha construido sobre el silencio de las víctimas de esta guerra que dejó 200.000 cadáveres entre 1992 y 2002.

Víctimas como Nassera Dutour, Zoubida Rebika o Zineb Arribi. A todas ellas, la temible Seguridad Militar les arrebató un hijo en los años 90, cuando bastaba con una sospecha para ser asimilado a un terrorista. Sin orden de detención, sin porqués, los Nissan grises llegaban, se llevaban a hombres y mujeres y, después, el silencio.

A Amine, el hijo de Nassera, lo cogieron en la calle cuando había salido a comprar unos dulces; al hijo y al marido de Zoubida Rebika se los llevaron en plena noche de la casa en zapatillas; al hijo de Zineb Arribi, Hocine, de 17 años, también lo sacaron de su cama. A su madre le dijeron que se lo devolverían en un cuarto de hora. Han pasado 15 años.

Como todos los miércoles, ayer, en la víspera de estas elecciones que suscitan tanta indiferencia entre los argelinos, esta madre y otros familiares se manifestaron frente al Consejo Nacional Consultativo de Derechos Humanos para pedir justicia. El Comité de Familias de Desaparecidos en Argelia y S.O.S Desaparecidos son dos asociaciones hermanas que desde hace años reclaman que se haga la luz sobre los 15.000 desaparecidos- el Estado reconoce poco más de 8.000- cuyo rastro se ha perdido.

"¿Dónde están enterrados?"

"¿Qué habéis hecho con el pueblo argelino?", se pregunta la madre de Mohamed Lamine Natèche, quien fue "secuestrado por el Estado", precisa ella, en 1995. "Les llaman desaparecidos, cuando se los llevaron ellos. Mi hijo tenía 16 años y dejó sus cuadernos en su habitación. Sé quien lo secuestró y no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen al menos dónde lo han enterrado?"

"Sé quién secuestró a mi hijo y no puedo hacer nada", dice una madre

La historia de esta madre no es muy diferente de la de sus compañeras. Son relatos similares que escuchan sin pestañear los policías de la secreta que se mezclan entre las 50 o 60 personas, la mayoría mujeres, que enarbolan fotos de sus seres queridos. Muchas tienen más de 70 años, pero no se arrugan cuando una docena de policías y antidisturbios las empujan con enorme brutalidad. Sus gritos arrecian hasta que un comisario, el del noveno distrito, trajeado y chulesco, tira al suelo a una de ellas, Malika el Bouati, mientras le espeta: "¡Te lo has ganado!".

Malika tiene 67 años y ayer tuvo que ir al hospital pues en la caída se golpeó la cabeza.

"Esta vez han sido amables porque estabais los periodistas, otras veces es peor", dice Nassera Dutour mientras muestra su brazo magullado. "A aquella señora y señala a una anciana de casi 80 años le partió el brazo un policía". A Nassera, en otra manifestación, un agente le fracturó el esternón.

Las reclamaciones de las familias de los desaparecidos desvelan la auténtica naturaleza de la política de reconciliación nacional, basada en la impunidad, promovida por Buteflika desde su llegada al poder en 1999. De ahí que estas personas de aspecto inofensivo den tanto miedo a los generales, que podrían estar al final del hilo del que los familiares quieren tirar.

Las denuncias contra las fuerzas de seguridad están prohibidas

Todos culpan al presidente de haber firmado el cheque en blanco de la amnesia. So pretexto de acabar con la violencia mediante la amnistía de los terroristas arrepentidos, Buteflika logró que se aprobara en referéndum en 2005 de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional.

Esta ley recoge la amnistía pero también prohíbe cualquier denuncia contra las fuerzas de seguridad y amenaza con hasta cinco años de cárcel a quienes atenten contra su honor. Sólo por hablar con la prensa, los familiares de los desaparecidos pueden ir a la cárcel. El escritor argelino Bualem Samsan resume el clima que reina en su país recordando a quienes cada día "se cruzan con sus torturadores y tienen que saludarles o bajar los ojos para no herirles, conforme a la ley de Reconciliación Nacional".