El ardid judicial de Berlusconi liberará a miles de imputados

En su afán por blindarse judicialmente, Silvio Berlusconi pone en riesgo a toda la Justicia de su país. El primer ministro italiano logró ayer que Gianfranco Fini, el dirigente más contestatario de su partido, el Pueblo de la Libertad, diera su brazo a torcer y aceptara poner un límite máximo de seis años a la duración de los procesos judiciales.

Con esta nueva norma, el magnate no sólo se libraría de los juicios en curso contra él, por los casos Mediaset y Mills, sino que podría favorecer a miles de imputados italianos que también quedarían impunes de delitos como corrupción, robo o abusos sexuales. Con una única condición, que los acusados no tengan antecedentes penales, como es el caso de Berlusconi pese a su abultado historial judicial.

Fini, la cara más liberal del Pueblo de la Libertad, había asegurado que no iba a firmar ningún cheque en blanco a su jefe a pesar de las amenazas que había recibido a través del periódico de la familia del primer ministro, Il Giornale. Pero, tras recibir a Berlusconi en su despacho de presidente de la Cámara de Diputados, Fini aceptó a cambio de una promesa vaga de que se destinarán más recursos a la Justicia para que sea más rápida. De esta forma, puede vender la reforma como un modo para acelerar el funcionamiento de la Justicia.

Además, Fini se negó también a acortar aún más la prescripción de los delitos de los diez años actuales a ocho. Sin embargo, según varios analistas, a Berlusconi le basta con la nueva norma de prescripción de procesos para librarse de sus juicios pendientes, pues se aplicaría retroactivamente.

Se prevé que en pocos días el Gobierno apruebe el decreto ley con el que blinda al jefe del Ejecutivo tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la ley Alfano, que le confería inmunidad judicial.

Un imputado se libraría de la condena si un tribunal de primera instancia tardase más de dos años en procesarle. El Tribunal de Apelación y el de Casación también tendrían sólo dos años cada uno. Se aplicaría a los procesos anteriores al 1 de mayo de 2006 que traten sobre delitos punibles con un máximo de diez años, entre ellos el de corrupción del que se acusa a Berlusconi. Es decir, los daños colaterales del blindaje judicial del primer ministro afectarían a cuatro quintas partes de los juicios en Italia.

Sólo quedarían exentos los delitos relacionados con la mafia, el terrorismo y aquellos que crean más alarma social (atraco, asesinato, extorsión). Teniendo en cuenta que, según el ministro de Interior, Angelino Alfano, los procesos duran hoy en Italia una media de 7,5 años, el nuevo límite a seis puede provocar que miles de procesos se queden en el aire. Ya con la ley que impulsó Berlusconi en su anterior mandato para acelerar la prescripción, 200.000 procesos caducan cada año en Italia.