El arbitraje de las preferentes de Bankia puede durar, a este paso, 280 años

Desde que se inauguró el proceso el pasado 18 de abril, sólo se han resuelto definitivamente 73 arbitrajes relativos a los productos híbridos —participaciones preferentes y deuda subordinada— que comercializaron en su momento las siete cajas de ahorros fundadoras de Bankia. Eso equivale a menos de uno por día, con lo que —si no se agilizan los trámites— pueden pasar 280 años hasta que el último afectado cobre su dinero, toda vez que aún hay más de 126.000 en lista de espera.

Bankia puso en circulación 6.900 millones de euros en productos híbridos, con un número de afectados que, según fuentes oficiales, asciende a 206.000. De ellos, a principios de la presente semana, 126.342 habían solicitado acogerse al procedimiento de arbitraje establecido por el Gobierno, cuyo plazo vence el próximo 30 de junio. A ese procedimiento sólo pueden acogerse los minoristas y tienen prioridad aquellos que son titulares de preferentes o deuda subordinada por un importe no superior a los 10.000 euros.

El primer paso que deben dar es presentar su solicitud y toda la documentación necesaria en las oficinas de la propia Bankia, donde el lunes seguían estancadas 45.419 peticiones. Otras 80.045 ya habían pasado a manos de KPMG, encargada de determinar si reúnen las condiciones exigidas y el importe máximo que los titulares están en condiciones de recuperar. Ese importe resulta de restar al valor nominal los intereses percibidos y sumar los que hubieran logrado con una imposición a plazo.

KPMG ha remitido 803 solicitudes a la Junta Nacional de Arbitraje, que es la que tiene la última palabra y cuyos laudos no son recurribles ante la justicia. A fecha 17 de junio, la Junta había resuelto 73 expedientes a favor de los clientes y Bankia había procedido a su abono, descontando lo que hubieran podido ingresar por la venta de las acciones obtenidas en el canje fijado por el FROB. Un canje lastrado por importantes quitas, en cumplimiento de las condiciones al rescate bancario impuestas por las autoridades europeas.

La lentitud de la que, al menos hasta ahora, está adoleciendo el proceso de arbitraje contradice una de las ventajas que sus defensores arguyeron frente a la vía judicial, que en teoría debería requerir más tiempo. Hay asociaciones de consumidores que siempre lo han desaconsejado, al entender que la apelación a los tribunales ofrece más garantías, aunque también resulta más cara. Una de las circunstancias que mayores recelos despierta es que la consultora encargada de filtrar las solicitudes sea una firma que ha trabajado para Bankia.

Sin embargo, KPMG no es el único elemento que no reúne la necesaria apariencia de neutralidad. Al fin y al cabo, la respuesta al problema de los productos híbridos ha sido diseñada por el Gobierno y por el FROB, que se han erigido así en jueces y parte, pues Bankia es una entidad nacionalizada a través del Fondo. Lo mismo ocurre con Novagalicia con Catalunya Banc, aunque en este último caso los trámites van algo más rápidos en cuanto al arbitraje, que dio comienzo antes.

Desde que se abrió el plazo el pasado otoño, se han aprobado 9.000 solicitudes y se han dictado 1.250 laudos favorables a los clientes de Catalunya Banc. Como consecuencia de ello, la entidad asegura haber devuelto 510 millones de euros correspondientes a preferentes y 102 millones de deuda subordinada perpetua. No obstante, las cosas se le han complicado al incluirse en el arbitraje la deuda subordinada con vencimiento, de la que se emitieron 1.098 millones de euros. El plazo concluye el 12 de julio.

En cuanto a Novagalicia, sobre un total de 75.000 minoristas atrapados en productos híbridos, están inmersos en el proceso de arbitraje 36.000. Los demás, ya sea porque se han rechazado sus solicitudes o porque no han querido sumarse a él, tienen hasta el 28 de junio para canjear sus títulos por depósitos a plazo o por acciones. Si optan por las acciones, pueden revendérselas al FROB antes del 13 de julio, pero con un descuento obligatorio del 13,8%

Las preferentes de Novagalicia son las que más protestas sociales han generado y las que con mayor frecuencia han acabado en la vía judicial. Se han presentado 1.250 demandas, de las que 1.088 siguen pendientes de sentencia. De las ya falladas, 49 lo han sido a favor de la entidad y 113 en contra.