Los Gobiernos de Aragón, Valencia y Murcia han anunciado hoy respuestas jurídicas a la solución acordada por el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para abastecer de agua al área metropolitana de Barcelona.

El Ejecutivo ha insistido en que no ha autorizado ningún trasvase del Ebro a Barcelona, pero la propuesta ha suscitado la polémica entre los partidos políticos, el sindicato UGT y las principales organizaciones ecologistas.

En una reunión extraordinaria celebrada por la mañana, el Gobierno de Aragón ha reiterado su oposición al trasvase y ha aprobado encargar a sus servicios jurídicos y a la Comisión Jurídica Asesora la elaboración de un informe para determinar si el proyecto de transferencia de agua a Barcelona es jurídicamente un trasvase.

Por su parte, el Ejecutivo valenciano estudia medidas legales para "hacer extensible" a la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería "decisiones" como prolongar el llamado "minitrasvase" del Ebro a Tarragona para llevar agua al área de Barcelona.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha dicho que "no sería ni mucho menos improbable" que decida, junto al presidente valenciano, Francisco Camps, "movilizar a la sociedad" de estas dos comunidades y a la de Almería para reclamar un agua que "es de España" y "nadie necesita".

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha insistido en que el Ejecutivo no ha autorizado ningún trasvase del Ebro a Barcelona y ha recordado que durante la legislatura anterior se hizo lo mismo con la Comunidad Valenciana y Murcia.

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y le ha trasladado su respaldo al acuerdo logrado para hacer frente al problema de falta de agua en Barcelona, una situación que ha recalcado que es excepcional.

La reunión se ha celebrado un día después de que Gobierno y Generalitat sellaran un pacto para iniciar el 1 de mayo las obras de prolongación del llamado "minitrasvase" del Ebro a Tarragona para aportar unos 50 hectómetros cúbicos de agua al área de Barcelona procedentes de los excedentes de los regantes del delta.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en la Cámara baja para que explique su "rectificación en la política de aguas" y si va a adoptar medidas similares en otras zonas.

El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha explicado que el Gobierno está obligado a garantizar el suministro de agua a los ciudadanos "sean de donde sean" y por ello, si no llueve en Cataluña, habrán de acometerse las obras necesarias para llevar agua desde el Ebro a Barcelona.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha abogado por abrir un debate nacional para definir un nuevo modelo de gestión del agua y ha opinado que la controversia creada por el trasvase del Ebro a Barcelona puede ser la oportunidad para alcanzar un consenso general.

Las principales organizaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, han asegurado que la solución acordada por el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para abastecer de agua al área metropolitana de Barcelona es un trasvase y se han manifestado rotundamente en contra de esta infraestructura.

El conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, ha suspendido una conferencia de prensa para poder responder a una interpelación sobre el agua planteada por el diputado de CiU en el Parlamento catalán Ramon Espadaler.