Un año de sanidad menos pública

Este sábado se cumple un año desde que la vorágine reformista de Ana Mato comenzara la disolución paulatina -pero demoledora- del Sistema Nacional de Salud (SNS), al menos, tal y como se conocía hasta ahora. Las consecuencias de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS han supuesto un punto de inflexión para el bienestar de los españoles. El tijeretazo de 7.000 millones de euros que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha hace ya un año ha llevado al abismo a las prestaciones sanitarias públicas, según denuncian las diferentes asociaciones y usuarios que conforman la marea blanca. El copago en farmacia, transporte no urgente y en ortoprótesis; los recortes en investigación, prevención de sida y trasplantes; la retirada de la tarjeta a los sin papeles, y el rodillo privatizador que arrastra a pacientes, trabajadores e infraestructuras de los centros y hospitales públicos a los concertados y privados han sido algunas de las consecuencias de las políticas sociales del PP en 365 días.

Mientras los afectados por el decretazo de Mato se cuentan a miles, los beneficiados siguen siendo unos pocos. Los facultativos y usuarios no han cejado en su intento por sacar a la luz de la opinión pública los resultados de la "externalización" progresiva de las clínicas españolas. El cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores eventuales, y en consecuencia, el aumento de listas de espera y la derivación de pacientes a centros concertados y privados están siendo los primeros silenciosos pasos que algunas Comunidades Autónomas –como la de Madrid– ya están dando en su camino hacia la privatización, alegando que ellas recortan porque les obliga el Gobierno central.

"Externalizar" la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública, sino que mantener los centros públicos tal y como están, es rentable. Al menos, así lo denuncia CAS-Madrid en su informe, en el que argumenta que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión, sino que en 2012 ya sumaron"150 millones de euros de ganancias. 

Aunque ya no sólo se trata de los usuarios y pacientes, sino también de los profesionales que han visto modificado su estatus laboral. La reforma sanitaria del Gobierno ha puesto en peligro a un colectivo de 4.000 trabajadores –entre médicos, enfermeros y matronas– que pueden perder sus derechos como funcionarios estatales, en la mayoría de los casos adquiridos desde hace más de 30 años.

Los pensionistas han comenzado a pagar por primera vez en la historia del SNS parte del coste de sus medicamentos

No obstante, los españoles no han sido los únicos que se han visto afectados por las medidas del Decreto-Ley. También los inmigrantes han pagado las consecuencias de las directrices conservadoras del PP. Los extranjeros en situación irregular han perdido la tarjeta sanitaria. Hecho que, según la ONG Médicos del Mundo, vulnera un "derecho humano esencial". 

Se estima que en nuestro país  hay 459.909 inmigrantes en situación irregular, de los cuales entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por VIH. Aproximadamente un 80% de éstos estarían recibiendo un tratamiento adecuado, según un estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). El otro 20% corre grave peligro para su salud y todo por una medida que no es rentable, ni siquiera en un corto periodo de tiempo.

"La aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos", subrayan las conclusiones de los expertos autores del informe, José A. Pérez-Molina y Federico Pulido Ortega.

Abril de 2012 será recordado como "el mes en que el sistema sanitario español dejó de ser universal y solidario para convertirse en excluyente e inhumano" Los pensionistas, uno de los colectivos que se había mantenido al margen del copago hasta la entrada en vigor del decretazo, han tenido que empezar a sufragarse una parte de los medicamentos por primera vez en la historia del SNS. Los jubilados ya abonan un 10% del precio de los fármacos con receta hasta un máximo de 18 euros mensuales. Bajo la justificación de la "eficiencia", la titular de Sanidad asegura que el fin de esta medida es "crear un efecto disuasorio para que no se tiren las 3.700 toneladas de fármacos que acumuló el punto de recogida el año pasado y que supone un gasto de 1.100 millones de euros", recalca Mato. En consecuencia, el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento por no poder hacer frente al pago de los mismos, según un informe [ver pdf] publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Por su parte, los pacientes de cáncer –la enfermedad que más vidas se lleva en los países occidentales– han sufrido en mayor medida el impacto de la reforma sanitaria. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), elaboró un informe en el que ponía de manifiesto que los casos más vulnerables podrían llegar a interrumpir el tratamiento debido, por ejemplo, al coste que supone el desplazamiento en ambulancia hasta el hospital. Concretamente, para una mujer con cáncer de mama –uno de los más comunes– en ocho meses de tratamiento, podría invertir hasta 1.500 euros de "transporte no cubierto" por el actual Sistema Nacional de Salud.

Y el último mazazo de Mato llegó a principios de este mes: España cerró el 2012 liderando el ranking internacional de trasplantes por vigésimo primer año consecutivo, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).  Sin embargo, Ana Mato presentó el pasado 11 de abril un recorte de 500.000 euros en el presupuesto para estas partidas, un 20% menos que en 2012. "Lo importante es hacer menos con más y es lo que estamos haciendo en este Gobierno, no se trata de recortar como se dice a veces, sino de buscar fórmulas para que podamos seguir avanzando más todavía, utilizando los recursos de manera más eficaz", aseguró entonces la ministra.

Para los promotores de la campaña de "desobediencia civil" y organizadores de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, "el modelo anterior era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, sólo las personas aseguradas podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones básicas".

José Luis Ruiz-Giménez, uno de los coordinadores de la plataforma,  asegura para Público que el 20 de abril de 2012 será recordado como "el día en que el sistema sanitario español dejó de ser universal y solidario para convertirse en excluyente e inhumano. El día en que nuestras autoridades decidieron que hay unas personas que merecen tener protegida su salud y otras que no", recalca.