Un año después, la Cañada Real se une contra los derribos

La casa de Abdul, marroquí de 34 años, es de las pocas del asentamiento ilegal madrileño de la Cañada Real Galiana que solo tiene una planta. No quiere construir una segunda. "¿Para qué?", se pregunta. Y él mismo responde: "No merece la pena gastar dinero en nuevo material y perder el tiempo en otra planta si luego vuelven a tirarla".

Hace un año, en octubre de 2007, el derribo de la primera casa de Abdul, de dos pisos, desencadenó una auténtica batalla campal entre vecinos y efectivos antidisturbios de la Policía, un enfrentamiento que se saldó con 40 personas heridas. Por primera vez en 40 años de construcciones al margen de la ley, el asentamiento se convertía en el centro de todas las miradas. La atención política se detenía también, por una vez, en este improvisado asentamiento en el que abundan las infraviviendas.

Pero transcurridos doce meses, fuera de las primeras páginas, la situación en la Cañada Real Galiana no ha cambiado. Más de 40.000 vecinos habitan 2.000 edificaciones distribuidas en los 15 kilómetros de vía pecuaria. Tampoco han dado marcha atrás las órdenes de demolición.

De forma intermitente, aunque sin cesar, las excavadoras acuden al poblado. "Los niños tienen pesadillas, se despiertan en medio de la noche y comienzan a gritar que vienen las excavadoras, y esto no es forma de vivir", explica Abdul, quien tiene un niño de cuatro años y otro de uno.

En vista de que, por parte de las administraciones, solo recibirán malas noticias, más de 200 vecinos del sector 5 de Cañada Real, la mayoría de origen marroquí, han decido organizarse y poner en manos de abogados todas las órdenes de derribo que les notifiquen. "Si te mandan una orden hay que recurrirla", explica Elena Martín, portavoz de la asociación de vecinos de Valdemingómez, otra de las zonas del poblado.

Elena sabe bien de lo que habla. Desde hace ocho años la agrupación ha conseguido paralizar en los tribunales 40 derribos, según explica. Las razones para las demoliciones, ordenadas la mayoría de las veces por el Ayuntamiento de Madrid, siempre son las mismas: no hay licencia de construcción. Pero los tribunales suelen fallar a su favor y casi siempre con el mismo argumento, que es el de garantizar el derecho a un vivienda.

Es lo que ocurrió el pasado marzo con las dos últimas chabolas que quedaban en el poblado madrileño de El Salobral. Recurrieron la orden de derribo y un tribunal les dio la razón. La sentencia, dictada por el juzgado número 20 de lo Contencioso-Administrativo, argumentaba que, "si bien se trata de una chabola y, por tanto, quizá, no podría sostenerse que su demolición suponga pérdida de riqueza, lo cierto es que la misma constituye el domicilio del recurrente y su familia".

Esa es la esperanza de los habitantes de Cañada Real, que tienen muy claras las diferencias. "Nuestras casas no son chabolas". Y es verdad que si no fuera por la falta de alumbrado público, de asfalto y de aceras, que la lluvia convierte en un lodazal, este asentamiento podría ser como cualquier otro barrio madrileño de casas bajas.

El último derribo se produjo el pasado martes. Mariam, española aunque de origen marroquí, ni siquiera salió en esta ocasión a verlo, a pesar de que hace un año fue una de las vecinas más activas. "Oí los ruidos de la excavadora y sólo quería taparme los oídos", se lamenta.