Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia, las que acordaron más plazas dependientes

Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia son las comunidades que se comprometieron a crear un mayor número de plazas nuevas para grandes dependientes en residencias y centros de día mediante los convenios acordados con el Estado en 2007 para financiar el Sistema de Dependencia.

Estos convenios detallan el destino de gran parte del presupuesto que comunidades y Estado dedican a cubrir las prestaciones de la Ley de Dependencia, son "un colchón económico básico" al que se añade lo que el Estado transfiere a las autonomías por nivel mínimo garantizado, y lo que cada comunidad aporte de más, ha explicado a EFE Pura García, secretaria confederal de Políticas Sociales de Comisiones Obreras, sindicato que ha analizado los convenios.

Las autonomías convinieron crear a través de estos convenios 16.300 nuevas plazas, además de las que añadan Navarra y País Vasco, cuyos convenios no disgregan la partida destinada a infraestructuras sino que sólo mencionan el montante global de la financiación del Sistema de Dependencia, detalla el estudio del sindicato.

Según lo recogido en su convenio, Andalucía, que es también la región donde se estima reside un mayor número de dependientes (más de 34.019) construirá, equipará o adaptará 3.206 plazas públicas -tanto titularidad de la autonomía como de las administraciones locales- o concertadas.

Castilla-La Mancha creará 2.336 y la Comunidad Valenciana, 2.028.

Les sigue Cataluña, la segunda región donde se estima viven más grandes dependientes, que acordó presupuesto para crear 1.811 plazas y Galicia, la quinta con más grandes dependientes, con 1.398.

Madrid, la tercera región en número de dependientes, acordó crear con cargo al acuerdo 731 plazas.

"Estas nuevas plazas son las que nos permitirán tener servicios en el futuro, porque hay que tener en cuenta que una plaza tarda en construirse entre tres y cinco años", ha señalado a EFE el adjunto confederal de Comisiones Obreras Enrique Martín-Serrano.

Números aparte, Pura García ha destacado la importancia de que el Consejo Interterritorial de Asuntos Sociales acuerde ya los requisitos mínimos que deben cumplir estos centros porque no serviría de nada crear plazas de mala calidad que luego nadie quiera utilizar.

El 70 por ciento de estas nuevas plazas, más de 12.000, serán públicas, lo que paliará algo la situación actual en la que "la iniciativa pública no dispone de plazas libres que ofrecer", ha explicado Martín-Serrano.

Madrid, Extremadura, Canarias, Cantabria, Murcia y Castilla-La Mancha financiarán por acuerdo sólo plazas públicas, propiedad de la comunidad en los casos de Madrid, Murcia y Cantabria, y de las administraciones locales en las otras autonomías.

Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones que mayor porcentaje de la inversión total en infraestructuras destinarán a plazas concertadas, casi la mitad.

Andalucía es además la que acordó incrementar más el número de este tipo de plazas subvencionadas por el Sistema de Dependencia en 2007, 7.000 plazas más (que ya existían) de las 26.000 plazas de más que prevén financiar los convenios firmados en 2007 -a excepción de Navarra y País Vasco-.

Las nuevas prestaciones de teleasistencia y ayuda a domicilio acordadas en los convenios de 2007 ganan, sin embargo, a estas nuevas plazas.

Andalucía sufragará por convenio menos prestaciones nuevas de ayuda a domicilio de tres horas diarias a grandes dependientes (unas cuatro mil) que plazas en centros, pero acordó otorgar diez mil prestaciones de teleasistencia más, una cifra que supera la mitad de las que se previeron aumentar en todos los convenios (unas 18.000).

El incremento de la teleasistencia es importante en Galicia, 3.000 prestaciones más previstas en convenio frente a un crecimiento de 798 plazas en centros y 596 ayudas a domicilio.

En Castilla y León ganan importancia las prestaciones de ayuda a domicilio, 8.888 más, frente a las 4.304 nuevas plazas en centros, al igual que en Cataluña, donde, sin embargo, las prestaciones más importantes son las ayudas económicas -una partida que la mitad de las comunidades no recoge en sus acuerdos-.