La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se apuntó ayer el primer tanto en el enfrentamiento que mantiene con la dirección nacional del PP a cuenta de la supuesta trama de espionaje que cuestiona a varios cargos de su Ejecutivo. Le bastó dar un sí a la comisión de investigación que le pedían PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, para que el líder del PP, Mariano Rajoy ordenara parar las máquinas. Así, a las 18.30 de la tarde, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, comparecía ante la prensa para informar de que quedaban “en suspenso” las pesquisas sobre la trama iniciadas por ella misma hace tan sólo once días.

Además de hacer dar marcha atrás a Rajoy, el PP madrileño, con mayoría en la Asamblea, conseguía que la comisión de investigación vaya a desarrollarse en un tiempo record. Han puesto como tope el 28 de febrero y los conservadores confían en iniciar los trabajos la próxima semana.

Pese a ello, el comunicado mantenía que “la dirección del PP considera que la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurar eventuales responsabilidades políticas”.

La secretaria general del PP fue muy insistente a la hora de señalar que la “suspensión” —jamás usó la palabra “cierre”— no se debía a un pacto entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. En la Comunidad la versión era la misma: “Yo puedo asegurarles que no [hay pacto], pero a lo mejor ustedes no me creen”, aseguraba la presidenta de los conservadores madrileños. Con pacto o sin él, en la Comunidad se apuntan un tanto.

El anuncio llegaba diez horas después de que Aguirre anunciara que su formación aceptaba la comisión de investigación en la Asamblea sobre la presunta trama de espionaje. Aguirre hacía estas declaraciones a su llegada a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de los conservadores gallegos, Alberto Núñez Feijóo. Era la noticia del día, aunque el viernes ya la dejaron caer algunos de sus consejeros.

Poco después de las palabras de la presidenta, eran varios los dirigentes del PP que daban por “muerta” la investigación del partido. Mientras, el entorno de Aguirre se mantenía sereno: “Cospedal puede seguir investigando. Sólo va a llegar a una conclusión: el Gobierno de la Comunidad ni ha amparado, ni ha conocido el seguimiento de nadie”. No obstante, recordaban que si Rajoy en algún momento había pedido a la Comunidad que aceptara una investigación en sede parlamentaria, ya la tenía. La pelota estaba ahora en el tejado del presidente del PP.

No es ningún secreto que la presidenta de la Comunidad de Madrid se había sentido abandonada por la dirección del partido cuando se anunció la apertura de la investigación interna. Le escoció la rotundidad del comunicado y el hecho de que De Cospedal escogiera para hacerlo público la misma tarde que ella negaba las informaciones publicadas por El País. “Dimos una imagen penosa, parecíamos dos partidos diferentes”, se quejan desde la sede del Ejecutivo regional. Aguirre intentó disimular su enfado en público, pero jamás dejó de lanzar dardos envenenados. A sabiendas de que De Cospedal ya estaba entrevistando a algunos de los afectados, ella seguía con el mismo discurso. “El PP de Madrid no tiene que demostrar que es inocente. Son los que nos acusan los que tienen que probarlo. Y tendrán que rectificar, o a los tribunales”.

Además de compartir con la prensa su disposición a ir a la Asamblea, Aguirre tuvo la oportunidad de comentárselo al resto de presidentes regionales de su partido. Lo hizo en una reunión a media mañana en la sede del PP, a la que los barones habían acudido para hablar de financiación autonómica. Consciente de que algunos de sus compañeros, sobre todo los de las comunidades con elecciones a la vuelta de la esquina, están molestos con el daño que la supuesta trama puede hacerles en las urnas, la presidenta quiso compartir con ellos su buena noticia. El propio Rajoy lo corroboró al final de la reunión, al filo de las dos de la tarde. “Que se aclare cuanto antes”, fue el comentario más extendido.

Tan rápido pretende el PP que transcurran las pesquisas, que ha acordado, con la indignación de la oposición, que la comisión finalice el 28 de febrero (ver recuadro).

De Cospedal mantuvo que será de la investigación de la Asamblea de donde puedan extraerse responsabilidades políticas, “si las hubiera”. Y del proceso abierto en los tribunales, las penales. Si los resultados finales apuntasen a algún culpable “el PP actuará de forma inmediata”, añade el comunicado.

Además, se puso a disposición de la Asamblea en el supuesto de que fuera necesaria su presencia para hacer cualquier tipo de aclaración. Rajoy también estaría dispuesto. No obstante, rechazó aventurar posibles desenlaces”. Sí hubo una llamada a la unidad: “Estamos recibiendo ataques. A mí y a la inmensa mayoría de mis compañeros nos han servido para convencernos más de que tenemos una responsabilidad que es ganar las próximas elecciones”.

Juanma Romero / Madrid 

El PP dejó ayer ver en qué tipo de comisión de investigación estaba pensando. Fue en la reunión de la Mesa de la Asamblea de Madrid.

La vicepresidenta del órgano, Cristina Cifuentes, comunicó a PSOE e IU las condiciones de Aguirre. Primero, el plazo. La oposición quería que los trabajos se alargasen hasta el 30 de junio. El PP logró limitarlos hasta el 28 de febrero, “ampliable a un mes más”, matizaron después fuentes del Grupo Popular, precisión que no oyeron en la reunión ninguno de los dos grupos progresistas.

Segundo, la dinámica. La izquierda planteó una comisión flexible, con preguntas y repreguntas de sus diputados al compareciente. El PP, acogiéndose a los artículos 208 a 211 del Reglamento, impusieron con su mayoría absoluta el formato: intervención del invitado, réplica de PSOE e IU y cierre del compareciente.

Tercero, la composición. Participarán cinco populares, tres socialistas y uno de IU, y no cuatro del PP, tres del PSOE y uno de la federación, como expuso la izquierda.

La indignación cundió en las filas rivales. “Al PP no le interesa la transparencia. Queremos una comisión que investigue, no que tape la boca a Rajoy”, decía ayer Helena Almazán (PSOE), secretaria segunda de la Mesa. “Es una burla democrática”, añadió Inés Sabanés,  portavoz de IU, “una maniobra sin precedentes en este escándalo; los del PP pelean y luego se fuman la pipa de la paz”.

En el Grupo Popular insistían en que dos meses “es tiempo más que suficiente”. “Llegar hasta junio no aporta nada. Pero al PSOE le ha pillado con el pie cambiado que haya comisión gracias a Aguirre”.