Aguirre favorece los conciertos con empresas y órdenes católicas

La patronal empresarial ha presentado esta semana su hoja de ruta para salir de la crisis. Su primera propuesta para el sistema educativo es "mejorar la eficiencia del sistema ampliando la libertad de elección de las familias y la participación del sector privado". Es decir, lo que ha aplicado Esperanza Aguirre en Madrid desde 2004. Desde su primer curso gestionado, el 2004/2005, ha creado 83 centros concertados. De ellos, 70 ofrecen educación Secundaria. Además, ha creado 103 colegios públicos de Primaria y 21 institutos. Consecuencia: hay más oferta en Secundaria en centros privados que en públicos.

Ese balance explica que Aguirre insinuara, a principios de curso, que "a lo mejor es necesario" que el Bachillerato "no sea gratis". Su modelo ha generado grandes beneficios a empresas que han encontrado en la educación pública un negocio inesperado. "Les regala el suelo y les proporciona los clientes. Es un chollo", resume el secretario general de la FETE UGT Madrid, Eduardo Sabina.

Gecesa debe 1,4 millones a Torrelodones por un centro concertado

Este sindicato ha analizado concierto a concierto, durante la última década, para comprobar que el patrón del modelo Aguirre se repite. Se produce un desarrollo urbanístico que provoca la necesidad de equipamientos educativos de servicio público. Si el Ayuntamiento es progresista, como es el caso de Rivas Vaciamadrid (IU), se le niega la creación de un centro público hasta que acepte un concertado con condiciones municipales duras. Si el Consistorio es del PP (la mayoría), ni se plantea crear un centro público, se cede gratis el suelo y se aplica un canon beneficioso para la compañía. Resultado final: todos los municipios se ven obligados a entregar a una empresa la educación pública.

En la capital, los nuevos desarrollos urbanos (Ensanche de Vallecas, Sanchinarro o Las Tablas) han visto cómo se presentaba antes la oferta concertada que la pública. "Aguirre ha inaugurado un modelo que consiste en dar el concierto antes de hacer el centro", dice la diputada de IU, Eulalia Vaquero, principal látigo parlamentario de las políticas educativas del PP. "En Vallecas, cuando llegó el público, se llenó de la población gitana que no está dispuesta a pagar lo que le piden en la concertada", explica.

Las peticiones económicas encubiertas a las familias (uniforme, comedor más caro que en el público, donaciones a las congregaciones religiosas o pago de extraescolares) hacen la selección del alumnado que la ley prohibe hacer a los directores de los centros. "El PSOE ha cometido el error de denunciar sólo los casos de colegios cedidos al Opus, y ese asunto es muy reducido", explica Sabina. En su opinión, el problema es que la pública se ha quedado para la educación asistencial y las clases medias han huido a la concertada, que no siempre es católica.

UGT: «Es un chollo. Les regala el suelo y les proporciona los clientes»

De hecho, no ha sido la Iglesia la que más se ha enriquecido con los conciertos de Aguirre. La cooperativa Alfedel, fundada en Valdemoro en 1995, que ofrece un proyecto educativo laico, gestiona 17 colegios concertados en Madrid. "Es una falsa cooperativa que exige a sus socios 48.000 euros para entrar", denuncia la ex concejal de IU de Majadahonda, Dolores Dolz. "El paraguas que protege esta política de Aguirre es la propia LOE. IU solicitó durante la negociación de la ley que los nuevos desarrollos urbanísticos reservaran parcelas para centros públicos", denuncia Dolz. La LOE establece que la financiación pública de los centros privados debe ser prioritaria para los que "satisfagan necesidades especiales de escolarización, trabajen con alumnado de zonas desfavorecidas socioculturalmente, propongan metodologías educativas novedosas o estén constituidas en régimen de cooperativa".

Gecesa S.A., propiedad del presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, gestiona los fondos públicos de seis colegios en Madrid confesionales. Ninguno de ellos cumple con los criterios prioritarios que dice la ley y además no son centros donde se garantice la gratuidad. Pero son un negocio muy rentable. El Colegio Peñalvento, en Colmenar Viejo, fue construido sobre una parcela pública de 30.000 metros. El convenio estableció una cesión para la empresa Arturo Cantoblanco de 50 años por un canon anual de 7.500 euros al año que no se pagarían hasta el quinto año en funcionamiento del centro."¿Qué clase de alquiler es ese? ¿Un terreno de 30.000 metros vale 7.500 euros al año?", denuncia Sabina.

Pero la empresa de Arturo Fernández no siempre ha cerrado esas grandes condiciones. En Torrelodones, el alquiler de otra parcela (para el colegio Peñalar) fue firmado en 2005 por casi 400.000 euros anuales, el doble de lo que permite la ley. Gecesa no ha pagado nada desde entonces y aunque el Ayuntamiento redujo el cánon a la mitad, el nuevo Gobierno municipal (PSOE) reclama a la empresa 1,4 millones de euros. "No podemos seguir con esta deuda porque estamos dejando de pagar a otros poveedores", protesta la nueva alcaldesa, Elena Biurrun.

La consejera Lucía Figar defiende abiertamente su estrategia. Durante un encuentro organizado en Italia el 23 de agosto de 2010 por la organización ultracatólica Comunión y Liberación, presumió de haber conseguido el siguiente supuesto logro en apenas seis años de gestión: "La escuela pública representa el 52%; la concertada, el 33% y la completamente privada, el 15%. Dentro de estos centros [concertados] dos tercios son de educación católica".

Figar nunca ha ocultado que la libertad de elección de centro por parte de las familias debe ser promovida por la Administración con la creación de centros de todo tipo. Aunque sean de ideologías extremas. "Una línea educativa del colegio es capacitar a las alumnas en la formación en las tareas organizativas de un hogar, haciéndolas compatibles con otra actividad profesional", define el colegio Los Tilos, pagado con los impuestos de todos los madrileños y gestionado por el Opus Dei, gracias a un concierto concedido por Figar.

La oleada privatizadora de la gestión educativa en Madrid ha llegado a un límite en el que actualmente hay 325 centros de Secundaria públicos, 393 concertados y 95 privados. Ni siquiera la crisis financiera frenó la oleada. Al contrario, la aceleró. El Gobierno de Aguirre presume de haber recortado en el sistema público antes que nadie. Y es cierto. Comunidades como Balears y Castilla-La Mancha copian ahora medidas que Aguirre aplicó hace dos cursos como la eliminación de liberados sindicales.

En plena crisis, con las plantillas de profesores de la pública al límite, ha puesto en marcha más de 50 centrosconcertados.