El Gobierno de Cristina Fernández dio el primer paso para nacionalizar Aerolíneas Argentinas con un acuerdo firmado hoy con el grupo español Marsans, 17 años después de la privatización que hizo el ex presidente Carlos Menem con su política neoliberal.

Fuentes vinculadas a las negociaciones dijeron a Efe que el acuerdo por el que Marsans deja la inversión que tenía en Argentina desde 2001 fue alcanzado a última hora del miércoles, después de dos semanas de cancelaciones de vuelos, alarmantes rumores sobre el destino de la aerolínea de bandera y polémicas entre las partes.

El acuerdo, que formalizarán el lunes las autoridades argentinas con Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los dueños del grupo turístico español, fue aplaudido por los sindicatos al ser anunciado por el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, en medio de los evidentes signos de alivio de los representantes de la compañía.

El monto de la operación se definirá por medio de auditorías que las partes convinieron encargar "a consultoras independientes y dentro de las normas internacionales", mientras que un "consejo de transición" gestionará la compañía en ese periodo, declaró Jaime a los periodistas.

"Todos conocemos la grave situación" de Aerolíneas y su subsidiaria de vuelos domésticos Austral, remarcó al indicar que su gestión transitoria estará en manos de tres representantes del Estado y dos de Interinvest, la sociedad de control en manos de Marsans.

Jaime dijo que el lunes próximo "se anunciarán los planes" para la "normalización" y "puesta en valor" de las aerolíneas, en las que Interinvest posee entre el 94 y el 95 por ciento, según los casos, mientras que el resto está bajo control del Estado.

"Más adelante definiremos si llamamos a la venta de una parte del paquete accionarial por medio de una licitación nacional e internacional", comentó el funcionario.

Pero la normalización operativa de las aerolíneas demandará por lo menos dos años, durante los cuales habrá que hacer millonarias inversiones y acordar una "cláusula de paz" con los sindicatos, que siempre se opusieron a la privatización de 1991, dijeron fuentes del mercado aeronáutico consultadas por Efe.

En los últimos cinco años, los sindicatos han llevado a cabo múltiples huelgas por aumentos salariales y conflictos laborales que aun siguen latentes, aunque sus portavoces se muestran dispuestos a contribuir a la recuperación de las compañías, que en conjunto dominan cerca del 80 por ciento del mercado aeronáutico nacional.

"Quedó suspendido" el proceso por el que el Gobierno y cinco de los siete sindicatos aeronáuticos pidieron a un juez comercial de Buenos Aires la intervención de la aerolínea de bandera, dijo a Efe Julio Alak, uno de los representantes estatales en el directorio de la compañía.

Alak destacó que en la audiencia de las partes con el juez Jorge Sicoli, el martes pasado, "quedó demostrada la grave situación de la empresa, cuyos dueños "reconocieron sus millonarios pasivos".

Aerolíneas Argentinas ha reconocido un pasivo de 890 millones de dólares, incluidos 220 millones de "deudas exigibles", según un comunicado en el que sostuvo que está "muy por debajo" del rango "normal" de endeudamiento bancario para una empresa aeronáutica.

En este sentido, destacó que su deuda bancaria, de 112 millones de dólares, representa "solamente el 12 por ciento" del total de los pasivos de las dos aerolíneas.

Pero hay un pasivo de 145 millones de dólares por "pasajes pendientes de uso" sobre el que hacen hincapié el gobierno y los sindicatos al denunciar que el 60 por ciento de la flotilla de 68 aviones está parada por falta de mantenimiento, lo que impide cumplir con la demanda de vuelos y supone mayores gastos.

"Hoy ha sido un día histórico", declararon a Efe los líderes de los sindicatos de Pilotos, Jorge Pérez Tamayo, y de Aeronavegantes, Ricardo Frescia, al festejar que las compañías vuelven al Estado 17 años después "de la nefasta" privatización con la que el Gobierno de Carlos Menem (1989-1989) las traspasó en 1991 a la española Iberia.

La nacionalización de Aerolíneas Argentinas necesita el visto bueno del Parlamento ya que la ley de privatización veda el regreso del Estado, pero tanto el gobierno de Fernández como los sindicatos dan por descontada la aprobación parlamentaria.