El activismo cubre la desidia oficial

A las administraciones les queda divino hablar de igualdad. Pero es mentira. No hacen nada por nosotras". Raquel Lastra, ganadera de 36 años, vive con su marido y sus dos hijos en El Barco de Ávila (Ávila). Feminista convencida, forma parte de la Federación de Mujeres Rurales (Fademur), de la asociación Mujeres de La Alameda y del sindicato de agricultores UPA. Un día, harta de tener que hacer todas las labores del hogar, le soltó a su marido: "Gracita Morales ya se murió, así que ponte las pilas y ayúdame". Cuenta que le surgió efecto, aunque su día a día como mujer y ganadera, sigue siendo "durísimo". "No hay apoyo a las mujeres trabajadoras y pongo sólo un ejemplo: la guardería de mi pueblo abre muy tarde, a las nueve de la mañana", relata.

En la asociación La Alameda, a la que pertenece, cubren además los huecos dedicados a la cultura que muchas veces dejan vacíos los organismos oficiales. Estas mujeres organizan talleres de lectura, cocina, o se mueven para conseguir descuentos.

Hay muchos organismos institucionales que no tienen actividad

Desde las feministas más progresistas hasta las asociaciones de amas de casa, todas tienen algo en común: ante la desidia oficial por potenciar la igualdad, han decidido tomar la iniciativa. Otro ejemplo de activismo lo pone el colectivo tinerfeño Harimaguada, pionero en la promoción de los derechos femeninos, a través de la educación afectivo-sexual. "Hace 30 años, las mujeres que lo fundaron fueron fundamentales para crear el tejido asociativo de la isla", cuenta Ana Pi, portavoz de la asociación. Harimaguada, en su sede, tiene una biblioteca específica sobre género.

Las asociaciones de mujeres se quejan además de que muchos ayuntamientos y autonomías tienen organismos dedicados a defender la igualdad que, en realidad, son un simple escaparate.

Una ganadera: "A los políticos les queda divino hablar de igualdad"

El ejemplo más reciente de que los organismos de Igualdad son los primeros en ser prescindibles tuvo lugar el pasado septiembre, cuando, tras la destitución de Jesús Neira al frente del Consejo Asesor del Observatorio de Violencia de Género de Madrid, trascendió que detrás de este organismo no había nada. "Resulta imposible resumir su actividad en dos minutos", salió al paso Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid cuando se le preguntó sobre esta inactividad.

Este caso no es único. Por ejemplo, la Plataforma en Defensa de los Organismos de Igualdad surgió hace un año en Albacete después del anuncio del cierre, por parte del Ejecutivo de Castilla La Mancha (PSOE), del Instituto de la Mujer. "Además, la Comunidad de Madrid suprimió, el pasado diciembre, el Consejo de Participación de la Mujer", critica Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

"Lo primero que hago cuando estoy delante de representantes de algún organismo de este tipo es preguntarles: ¿Qué habéis hecho por fomentar la igualdad?", añade Asela Sanz, presidenta de la Asociación de Mujeres Democráticas, que lleva desde los años 80 defendiendo los derechos de las mujeres en Alcalá de Henares (Madrid).

Las que quieren abortar en Madrid o Catalunya esperan hasta tres semanas

Pero en la sequía administrativa, hay algún ejemplo positivo, como las políticas de Igualdad que desarrolla el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en Madrid (PSOE), o la Casa Malva, promovida en Gijón (con ayuntamiento también socialista) por las tres administraciones: central, regional y municipal. Esta iniciativa, elogiada por las asociaciones feministas, es un centro integral contra la violencia de género. Creado en 2007, tiene pisos de emergencia y de larga estancia.

Y es que las feministas exigen a las administraciones que tengan una especial atención con el machismo. Este año han muerto a manos de sus parejas o exparejas 24 mujeres. Los gobiernos regionales y locales tienen margen para actuar en esta materia. Hay autonomías que han aprobado sus propias leyes contra la violencia de género; los ayuntamientos gestionan pisos de acogida y las autonomías los puntos de encuentro, los lugares donde, cuando hay conflictos respecto a la custodia de los hijos, son llevados los niños para que sean recogidos por sus progenitores.

Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de la ONG Save the Children, añade otra crítica: "Hay pocos recursos para los hijos de las víctimas de violencia de género. Además, los centros de acogida para madres maltratadas no quieren a adolescentes varones de 15 años, así que al final se van con el padre maltratador".

"Casi todas las autonomías tienen además planes de igualdad que tocan áreas como el empleo, la conciliación o el empoderamiento señala Besteiro. En algo se debería de notar".

Pero al final, esta igualdad teórica no trasciende a las mujeres que, por ejemplo, quieren abortar. A pesar de que existe una ley estatal que promueve el acceso igualitario a la interrupción del embarazo, las mujeres que abortan en Catalunya y Madrid son las que más esperan a que la Administración gestione su intervención y así esta sea gratuita. La demora oscila entre dos y tres semanas, según denuncia la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). En cambio, en Euskadi, País Valencià, Murcia y Galicia, el proceso termina en una semana.

¿Y cómo se soluciona que las administraciones se preocupen de una vez en fomentar la igualdad? "Tiene que haber más mujeres políticas, diputadas, concejalas, alcaldesas. No hay suficientes", apunta Besteiro.

La Ley de Igualdad señala que en las listas electorales tiene que haber 60% y 40% de hombres y mujeres o viceversa en tramos de cinco candidatos. Pero las feministas alertan de que no sólo hay que avanzar en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo. Al final, ellas terminan ocupándose de áreas como Educación, Igualdad o Servicios Sociales. Y ellos, de Urbanismo o Seguridad Ciudadana. "Esa segregación ocupacional en el reparto de tareas debe corregirse", concluye Besteiro.