El abogado del 'sheriff' de Coslada renuncia a la defensa por "discrepancias y motivos personales"

El ‘sheriff' Ginés Jiménez, acusado de encabezar la trama de corrupción policial destapada la semana pasada en Coslada (Madrid), está desde ayer un poco más solo. Su abogado José Andrés Díez renunció a defenderle.
El letrado alegó "motivos personales" y "discrepancias" con su cliente. "Es un tema jurídicamente muy bonito pero a cierta edad es difícil compaginar algunas cosas a nivel personal, por lo que he tomado la decisión de no continuar", explicó ayer a la agencia Efe.

El ex oficial jefe de la Policía Local de Coslada ha pasado su segunda noche en la prisión de Alcalá Meco. Sobre él pesan los delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho, tenencia y depósito de armas. Otros 12 agentes municipales acompañaron a Ginés Jiménez a la cárcel. Dos de ellos, David M.G. y Pedro P.F., quedaron ayer en libertad con cargos después de depositar una fianza de 6.000 y 12.000 euros, respectivamente. Los dos policías deberán presentarse semanalmente en el juzgado. Deberán, asimismo, mantenerse alejados del lugar de los hechos. Por orden de la jueza de Coslada que instruyó las diligencias, tampoco podrán comunicarse con las víctimas.

Mientras, el titular del Juzgado número 21 de Madrid, ratificará hoy la prisión de los 11 agentes municipales encarcelados. El magistrado Eduardo Cruz Torres recibe hoy la documentación del caso. Es previsible que los 11 imputados desfilen hoy ante el juez instructor. Tras concluir los interrogatorios, dictará la resolución pertinente.

Los abogados ya han anunciado que recurrirán los autos de prisión. Alberto Fernández Palacios, defensor del cabo Carlos M.G., supuesto número dos de Ginés Jiménez, explicó ayer a Público que la resolución judicial emitida por la jueza de Coslada contra su cliente "es insostenible". Para el letrado, los motivos esgrimidos por la magistrada para dictar la prisión de los agentes es la alarma social que se ha generado, el riesgo de fuga y la posible obstrucción a la acción de la justicia.

"Son circunstancias que no aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por lo tanto, no tienen fundamento", insistió ayer Fernández Palacios. Recordó que "privar de libertad a alguien es siempre una medida muy restrictiva que exige una justificación".

Y denunció que todos los argumentos judiciales se basan en torno a unas pruebas incriminatorias (videos, testigos protegidos, documentación...) desconocidas para los abogados. "No hemos visto nada. La jueza alega el secreto de sumario para escudarse en sus decisiones. Todo es muy genérico", esgrimió el abogado, quien recordó que los imputados, "antes que policías son personas".

Por su parte, el Gobierno regional de Madrid anunció ayer que ha iniciado los trámites de un nuevo Proyecto de Ley que establezca labores de coordinación de policías locales. El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sugirió una idea parecida hace sólo dos días. El ministro se refirió a la conveniencia de establecer sistemas de control interno en los cuerpos municipales para evitar casos como el de Coslada.