osé Joaquín Flores, un niño de 14 años de Bollullos del Condado (Huelva), fue el primer alumno exento de cursar Educación para la Ciudadanía (EpC). Con esta primera sentencia, dictada el pasado 4 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comenzaba su particular cruzada contra la asignatura: los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones, argumentaba. Presidentes como Aguirre, en Madrid, o Camps, en Valencia, aprovecharon para endurecer el boicot, pese a que Asturias y Catalunya habían denegado, previamente, el derecho a objetar.
Hoy, seis meses después, los tribunales tramitan más de 500 recursos. “Sería deseable” que el Supremo se pronunciara antes de fin de año para evitar la “multiplicación sin fin de resoluciones contradictorias”, señaló ayer el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, en la presentación de la memoria de los Servicios Jurídicos de 2007, informa Ángeles Vázquez.
De Fuentes destacó el caso del TSJA, que ha dictado 33 resoluciones contra la asignatura: “Tal y como está configurada EpC en los decretos estatales, que no tienen impugnaciones directas, mal se puede adoctrinar a nadie”, arremetió contra los argumentos esgrimidos por el alto tribunal andaluz.
No son, ni mucho menos, los primeros reproches que recibe la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. El presidente andaluz, Manuel Chaves, le recriminó su “falta de sensibilidad” al dictar el primer fallo a escasos días de las elecciones generales.
El ponente, Enrique Gabaldón, usó los mismos argumentos que había expuesto en artículos periodísticos su padre, José Gabaldón, presidente de honor del Foro de la Familia y uno de los convocantes de la manifestación más sonada contra los matrimonios
homosexuales.
Pero de todas, la sentencia más dura del TSJA anula tres expresiones y una frase de la materia referentes a la ideología de género, una amenaza, según los obispos, y un síntoma de homofobia, según las asociaciones que representan a gays y lesbianas.
El presidente de la Sala, Antonio Moreno Andrade –asesor del cardenal Carlos Amigo Vallejo en asuntos cofrades–, ya avisó en 2007 de que todos los recursos contra EpC que se interpusieran en Andalucía se derivarían a él y serían cursados “todos por la misma
sección”, la tercera.
Camps insiste en el inglés
En el País Valenciano, el Gobierno autonómico insistió ayer en que la asignatura se impartirá en inglés y anunció que dos profesores se encargarán de dar las clases en la misma aula: uno de historia o filosofía, que organizará la materia, y otro de inglés, que la traducirá. La decisión ha suscitado las críticas de los sindicatos y la absoluta desorientación de los centros.
La Generalitat asegura que su único objetivo es que los niños aprendan inglés. Pero los críticos califican la medida de “disparate pedagógico”.
“Tal vez sea posible en una escuela bilingüe, pero no se puede aplicar en el sistema valenciano y con una asignatura de nueva implantación”, dijo Marc Candela, del sindicato STEPV.