Comunidad de Madrid: los objetores harán voluntariado o un trabajo

Los centros escolares madrileños esperan instrucciones sobre cómo atender a los niños que no quieran cursar la asignatura. Aunque la Consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró en junio que no crearía un marco normativo para regular las objeciones de conciencia, a dos semanas escasas de iniciar el curso anunció que los estudiantes que objeten realizarán tareas de voluntariado o trabajos relacionados con contenidos de la materia, como la Constitución o los Derechos Humanos.

La Comunidad de Madrid enviará antes de inicio de curso (día 17 en ESO) instrucciones concretas a los centros. Al igual que el resto de autonomías del PP, Madrid eliminó del currículum los temas que cree más espinosos. El Ministerio lo llevó a los tribunales.

El rechazo de la oposición y parte de los agentes educativos no se hizo esperar. La propia ministra de Educación, Mercedes Cabrera, advirtió que no cursar la materia tiene las mismas consecuencias que no estudiar otra obligatoria. Así, espera que esa medida sea sólo un 'órdago político'. El PSOE acusó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de usar a los alumnos como 'arma arrojadiza' contra el Gobierno. IU lo calificó de 'insumisión' a la LOE. 

Comunidad Valenciana: el niño que no asista a clase suspenderá la asignatura  

Los padres objetores del País Valenciano estuvieron tranquilos hasta el 23 de julio. Ese día, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad anuló la 'opción b' que el Gobierno autonómico había ideado, por la que los niños que no asistieran a Educación para la Ciudadanía podrían aprobar mediante un trabajo trimestral. La sentencia dio la razón al Ejecutivo y a varios sindicatos que habían denunciado a la Generalitat tras entender que trataba de desvirtuar la asignatura.

Ahora, el niño que no asista a clase no aprobará. Según ha ordenado la Conselleria a los centros valencianos, estos estudiantes quedarán bajo la tutela del profesor de guardia en la hora semanal en la que se imparte la materia. 'Quien objete sabe que, tal y como están las cosas, se expone a que su hijo suspenda una asignatura', explica Nicolás Sánchez, presidente de la asociación de padres católicos Concapa.

Lo que el Tribunal Superior de Justicia no anuló fue la 'opción a' del plan de la Generalitat, que consiste en que la materia se imparta en inglés.
Dado que no hay suficientes docentes con cualificación -sería necesario dominar el idioma, pero también la filosofía o la historia-, la Generalitat ha optado por que sean dos profesores los que impartan las clases de forma simultánea: el de filosofía se encargará de organizar la materia y el de inglés de traducirla. La Conselleria asegura que su único objetivo es que los alumnos practiquen el idioma. Sindicatos y profesores tachan la medida de 'disparate pedagógico'. 

La Rioja: el Gobierno riojano se declaró incompetente para determinar si se podía objetar a la materia y lo derivó a los tribunales, decisión que generó mucha polémica entre los grupos conservadores. Finalmente, decidió que los objetores reciban atención educativa en sus centros, pero todavía no ha fijado la fórmula. Ha aceptado objeciones con resolución judicial favorable. Su intención es que estos alumnos queden exentos de evaluación.

Murcia: los alumnos que no cursen Educación para la Ciudadanía en Murcia 'en principio' suspenderán la materia porque es obligatoria, según fuentes oficiales. 'Creo que los padres lo tienen claro', señalan desde la Consejería de Educación. No obstante, los que no quieran ir a esa clase serán atendidos por un profesor o en la biblioteca. La Consejería enviará recomendaciones sobre cómo hacerlo.

Castilla y León: es la menos rebelde en su oposición a la asignatura. Su postura es 'cumplir la ley del Gobierno'. El Ministerio ha puesto un recurso ante la Justicia contra su currículum, por eliminar contenidos, pero la Junta cree que las objeciones deben resolverse en los tribunales. En espera de que el Supremo se pronuncie, no garantiza que los alumnos que no la cursen obtengan el título.