75.000 pisos nuevos por la vía rápida

La demanda social requiere suelo y vivienda protegida de forma urgente. El gobierno de la Generalitat se ha comprometido a ofrecerlos y ha creado los instrumentos para hacerlo por la vía rápida: ha asumido competencias de los ayuntamientos para designar las zonas de nueva construcción y tramitar los planes urbanísticos. Ayer cifró en 75.000 las viviendas que se construirán mediante este nuevo procedimiento. La mitad serán protegidas.

Un decreto ley aprobado en octubre da vía libre a la Generalitat, que señalará "áreas residenciales estratégicas" en municipios donde haya una importante demanda de vivienda. Éstas áreas las dará a conocer en un plazo de dos meses. El Departamento de Política Terrritorial subraya que el proceso se está realizando con la participación y el consenso de los ayuntamientos.

Duda además de que exista ningún municipio de Catalunya que no acceda a que la Generalitat asuma ahora este nuevo papel en el urbanismo local. Y es que recibir la denominación de "área estratégica" supone tener luz verde para crecer en la mitad del tiempo que requiere el trámite habitual de cualquier planeamiento, que puede alargarse dos años. Para los ayuntamientos, es la solución para obtener pronto ingresos de licencias de construcción. Las administraciones locales tienen grandes dificultades para financiarse y ya ven que tendrán que apretarse el cinturón en 2008 por el parón inmobiliario.

A ello se suma que desarrollar un área porque la Generalitat lo decide al considerarla de interés general "desactiva la oposición vecinal", según admite un alcalde y dirigente socialista.

La Generalitat tiene previsto aprobar todos los planes urbanísticos en otoño de 2008 y empezar a construir en primavera de 2009, una vez superado un proceso de información pública donde los ciudadanos podrán hacer alegaciones.

"Invade las competencias de los ayuntamientos, pero legalmente puede hacerlo si se trata de un tema de interés general", opina el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya, Josep Donés.

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Josep Maria Matas, próxima a CiU, critica que la Generalitat haya escogido un decreto ley para realizar este procedimiento. "Es una medida inconsttucional", afirma Matas, que explica que el decreto permitirá urbanizar en zonas rústicas. Aún así, admite que la Generalitat está definiendo las áreas siempre bajo el consentimiento de los ayuntamientos. El presidente de la Federación Catalana de Municipios, Manuel Bustos, asociación próxima al PSC, comparte la necesidad de construir vivienda protegida, si bien se mantiene a la espera de ver qué zonas se delimitan y cuál es la respuesta de los municipios. Bustos considera que no será una medida de imposición, ya que los ayuntamientos, "por necesidad social se querrán acoger a la declaración de estas zonas estratégicas". Asimismo, remarca la necesidad de redefinir las vías de financiación de los ayuntamientos por las dificultades que tienen para poder mantener todos los servicios que ofrecen.