El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado las condiciones que deberán ir asociadas al cese de explotación definitivo de la central nuclear de Garoña, pese a que hace pocos días había dado el visto bueno a establecer un nuevo plazo para solicitar una prórroga de su vida útil.

Este nuevo viraje en la ya de por sí tergiversada historia de la central burgalesa, la más antigua de España, se produce después de que el Ministerio de Industria haya dejado pasar el plazo del 1 de junio establecido por el CSN sin introducir los cambios en la ley que permitirían a Nuclenor pedir la renovación de la autorización de explotación.

El pasado 24 de mayo y tras varios días de deliberaciones, el organismo regulador se pronunció favorablemente a dejar abierta Garoña un año más, pero condicionado a que previamente al 1 de junio el Ministerio modificase el punto tres de la Orden Ministerial IET/1453/2012 para que la empresa titular de la central pudiera solicitar una renovación.

Pero pasado ese plazo Industria no ha publicado tales cambios en el Boletín Oficial del Estado y ahora el CSN ha informado al departamento dirigido por José Manuel Soria de los límites y condiciones de seguridad que se deberán seguir a partir de la fecha del cese definitivo de explotación, que se mantiene para el 6 de julio de 2013.

'El desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares constituye un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado, estando previsto que la autorización de desmantelamiento sea presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A (ENRESA)', señala el organismo regulador en un comunicado.

El cese definitivo de explotación de la central de Garoña será el 6 de julio

En un pulso al Gobierno para que paralizara la ley que grava la generación de residuos radiactivos, Nuclenor (de la que Iberdrola y Endesa son propietarias) desconectó Garoña el 16 de diciembre de la red eléctrica y dejó pasar el plazo establecido por el Gobiero para una posible renovación de la licencia. La Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética, sin embargo, entró en vigor el 1 de enero con las implantación de las nuevas tasas, al tiempo que Soria acusaba a las eléctricas de someter al Gobierno a un 'chantaje' con la central.

No obstante, Nuclenor cambió de idea y aunque el plazo ya había vencido, solicitó al Ministerio la posibilidad de un nueva fecha que le permitiera prolongar la vida la central. El Ministerio se mostró entonces partidario a la continuidad de la central y el propio ministro calificó de 'muy positiva' la nueva decisión, pese a que suponía una irregularidad por estar incumpliendo los plazos. 

Durante el largo conflicto por la central nuclear, las organizaciones ecologistas han venido denunciando la actitud tanto del Gobierno como de las eléctricas y las presiones ejercidas sobre el Consejo de Seguridad Nuclear para que se pronunciara a favor de los intereses de las mismas.

Los ecologistas han criticado las presiones del Gobierno a favor de las eléctricas

Poco después de que hace quince días el CSN diera el 'sí' para mantener Garoña abierta un año más, tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción, los dos grupos representados en el Comité Asesor para la Información del CSN, criticaron las 'secretas y escandalosas' negociaciones entre el Ejecutivo y las compañías.

Greenpeace anunció, además, que denunciaría ante los tribunales al Ministerio de Soria si finalmente rectificaba las leyes a favor de Iberdrola y Endesa. En un nuevo comunicado emitido hoy, la organización ecologista ha dicho que, pese al cambio, seguirá adelante con el proceso.

'Esta decisión del CSN, contraria a la alcanzada hace unos días, confirma la denuncia de Greenpeace sobre la utilización del CSN por parte del Ministerio de Industria para defender los intereses de la compañías eléctricas propietarias, Endesa e Iberdrola, en detrimento de la seguridad', ha señalado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.