Expresiones como “antes de que me echen de esta casa prefiero morirme”, “le pido a Dios que me lleve” o “con esta angustia no me importaría morirme” son cada vez más habituales entre las 126 familias que habitan los cinco edificios de viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid trató de vender por 21 millones de euros a Renta Corporación y que, a día de hoy, continúa intentando desalojar. De hecho, el porcentaje de vecinos que ha pensado en “acabar con todo” y “quitarse de en medio” asciende al 17% de ellos, según desvela el informe psiquiátrico elaborado por el especialista Pau Pérez que servirá de base científica para la querella criminal que los vecinos interpondrán en los “próximos días” contra el Consistorio madrileño.

Este es el caso de vecinos como Conchi Amador Sagas, una mujer de 70 años que a raíz de las visitas de trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) exhortándola a abandonar el que ha sido su hogar durante los últimos 22 años, ha pensando en tirarse “por el balcón” y acabar con una “pesadilla” que dura ya seis meses. “Desde que comenzó esta historia mi vida está condicionada por el miedo. Apenas puedo dormir por las noches, me encierro en el baño a llorar para que no me vean mis hijos y más de una vez he pensado en tirarme por el balcón y poner punto y final”, confiesa Conchi a Público.

El 1% de los vecinos ha tratado de suicidarse mediante la ingesta de pastillas

En el caso de Conchi, la opción del suicidio para poner fin a la situación de “escrache inmobiliario” que sufre por parte del Ayuntamiento sólo ha sido una idea que no ha llegado a materializarse. Sin embargo, el estudio revela que un 1% de los vecinos ha tratado de suicidarse mediante una ingesta excesiva de pastillas, el 5% ha pensando en la muerte de “manera pasiva”, un 5% ha barajado la opción de suicidarse sin llegar a concretar el método y un 3% de ellos ya tiene pensado el modo en el que quitarse la vida.

“La idea del suicidio suele estar presenta en el 1 por 1000 de la población. En estas comunidades de vecinos, sin embargo, esta idea se multiplica y está presente en el 1 por 100 de ellos. Lógicamente, no se puede decir al 100% que la idea del suicidio está presente sólo por este tema porque es gente con muchos problemas, pero sí es cierto que hay una relación temporal muy directa. Las dos personas que yo he entrevistado que han intentado suicidarse lo hicieron el mismo día de recibir la carta de la EMVS”, explica a Público Pau Pérez, autor del informe.

El estudio también detalla otros impactos “emocionales y funcionales” que tienen su traducción efectiva en los siguientes datos. Los vecinos han triplicado sus visitas al centro de salud por “problemas psicológicos”, el 20% de ellos usa “algún tranquilizante como automedicación”, un 80% tiene “problemas de sueño ocasionales o permanentes” y más del 70% de ellos convive con emociones de “miedo, rabia o tristeza”. La ingesta de antidepresivos se ha convertido en habitual en la vida de la vecina Rosa de la Caridad Salazar, de 45 años. Esta vecina llegó a su actual vivienda en régimen de alquiler social hace 10 años. El pasado 26 de octubre unas trabajadoras de la EMVS visitaron su domicilio para anunciarle que el edificio “había sido vendido” y mediante una carta, recibida el 21 de noviembre, le exhortaron a abandonar su vivienda el 16 de diciembre.

“Acababa de salir del hospital por un colapso pulmonar y la visita de estas trabajadoras me provocó un episodio de ansiedad muy grave. Desde entonces he tenido problemas para dormir y realizar mi vida normal. El psiquiatra me ha recetado antidepresivos, pero con esto no basta. Quiero que me dejen tranquila”, asegura a Público esta mujer que arrastra desde su infancia problemas de movilidad y del sistema nervioso. 

Los vecinos se querellarán contra el Ayuntamiento por delitos de coacciones, estafa y atentado contra la integridad moral

Las actuaciones de la EMVS y del Ayuntamiento de Madrid para tratar de desalojar las viviendas y su frustrado intento de venta es considerado por el letrado de los vecinos, Endika Zulueta, como “escrache inmobiliario”. “Estas personas están viviendo una situación de acoso mucho mayor que la que pueden sufrir los políticos ya que se trata de un escrache institucional”, asegura el abogado.

Por ello, tal y como adelantó Público, los vecinos de los cinco edificios de viviendas sociales interpondrán una querella criminal contra el Ayuntamiento de Madrid y la EMVS por los delitos de “coacciones, atentado contra la integridad moral y estafa”. “Nos querellaremos contra todas las personas que han intervenido en este proceso. Desde los escalones más bajos hasta aquellos que han dado las órdenes”, explica Zulueta, que detalla que la querella de los vecinos no sólo buscará proteger a estas “víctimas puntuales” sino también el derecho a una vivienda digna de toda la sociedad.

La única solución posible al conflicto abierto entre vecinos y Ayuntamiento y que haría dar “marcha atrás” a los planes de querellarse contra el Consistorio sería que el gobierno municipal rectificara en su "decisión de no prorrogar los contratos de arrendamiento social” y pidiera "disculpas a los vecinos por los daños ocasionados”. No obstante, asegura el letrado, “es una solución que a día de hoy parece muy lejana”.

El dato que prueba la lejanía de esta solución es que, actualmente, el Ayuntamiento ha dejado de pasar el recibo de alquiler a ocho de las familias al considerar que el contrato de arrendamiento ha finalizado. No obstante, y a pesar de esta situación, los arrendatarios continúan ingresando mensualmente el importe del alquiler en la cuenta corriente de la EMVS.

El punto de conflicto entre los vecinos y el Ayuntamiento se sitúa en las interpretaciones que ambos hacen de los contratos de alquiler social. Los vecinos interpretan que en base a un decreto de 1986 el alquiler social del que disfrutan es indefinido mientras continúen las circunstancias que les hicieron valedores de la vivienda social teniendo que comprobarse estas circunstancias cada dos años. La EMVS, no obstante, defiende que la venta de los cinco inmuebles es totalmente legal acorde a la Ley de Arrendamientos Urbanos que entró en vigor en 1995 y que el derecho al alquiler social no se circunscribe a una vivienda concreta.