El 15-M prepara acciones contra los rescates a la banca

La misma semana en la que el Gobierno ha aprobado la reforma del sistema financiero, que incluye una partida de 6.000 millones de euros que el Estado aportará para ayudar a la banca, los indignados ultiman la preparación de acciones coordinadas en todo el país para protestar contra el rescate a los bancos con dinero público.

La plataforma Democracia Real Ya (DRY), integrada en el Movimiento 15-M, promoverá acciones simultáneas frente a las sucursales de los últimos bancos y cajas intervenidos, como la CAM, el Banco de Valencia, CajaSur o Caja de Castilla-La Mancha. No obstante, también habrá movilizaciones a las puertas de las oficinas de otras entidades que no han recibido inyecciones de dinero público.

Aunque es posible que estas acciones se lleven a cabo el próximo 24 de febrero, fuentes de DRY aseguran que esta fecha todavía no está cerrada. Por el momento, indignados de Ferrol, Burgos, Madrid, Toledo, Cartagena, Granada, Málaga, Sevilla, Huelva y Jerez de la Frontera ya han confirmado que secundarán lo que pretende convertirse en la primera acción coordinada del 15-M en 2012.

Los integrantes de DRY aseguran en un comunicado que aparece colgado en una de las páginas web de la plataforma que su objetivo es "denunciar el uso indebido de dinero público" para acudir al rescate de entidades que se están viendo abocadas a la quiebra por su "mala gestión" o por "una asunción desmedida de riesgos".

Así, aseguran que las autoridades "no pueden pedir" a los ciudadanos que acudan a "salvar entidades arruinadas" tras gestiones que califican de "ineficaces". Para DRY, las personas que llevaron a determinadas entidades a este tipo de situaciones de quiebra son las mismas que en plena burbuja inmobiliaria financiaban viviendas por encima de su valor y que asumían "riesgos inasumibles" para seguir manteniendo su "lucrativo negocio".

Por ello, los indignados piden el "cese inmediato" de los rescates a los bancos con dinero público, así como la depuración de todas las responsabilidades económicas o penales que pudieran derivar de las malas prácticas realizadas por los gestores de estas entidades.

En este sentido, apuestan por que los bancos y cajas intervenidos pasen a ser gestionados por el Estado y se dé así respuesta a la creación de una banca pública que estiman necesaria para la apertura del grifo del crédito a bajo interés a empresas y familias. Asimismo, proponen utilizar el parque inmueble de las entidades rescatadas para promover alquileres a bajo coste.