El día en el que se falló el concurso para elegir un proyecto arquitectónico, los responsables autonómicos de Cultura estaban exultantes. El arquitecto ganador, Peter Eisenman, había hecho una propuesta que tenía como referentes la configuración del centro histórico de Santiago, la orografía del compostelano Monte Gaiás –cuyas formas serían vaciadas y sustituidas por los techos en curva de los seis edificios– y la concha de vieira.

La obra alcanzaría la grandiosidad que Manuel Fraga y Jesús Pérez Varela decían buscar. Y si bien había un cierto nivel de crítica al proyecto, estaba matizada por la coyuntura municipal en Compostela: socialistas y nacionalistas, oposición en el Parlamento autonómico, gobernaban el municipio beneficiado con la obra.

El entonces conselleiro de Cultura, Pérez Varela, llegó a exigir que hubiese en el lugar una “biblioteca de exposición” con un millón de libros, según publicó La Voz de Galicia. Se trataba de un proyecto descomunal para una ciudad que ya es Patrimonio de la Humanidad. Pilar del Castillo, entonces ministra de Cultura, conoció en Santiago al proyecto y al arquitecto. El diseño le pareció “extraordinario”.

Tanta alegría no duró demasiado. Un año después de que comenzasen las obras, el proyecto acumulaba retrasos. El propio Eisenman aseguraba que le interesaba más la historia que los plazos. El presupuesto ya hacía agua.

Gestión desastrosa

Para el Consello de Contas, el modelo de gestión de la obra estaba detrás de aquel desastre. Opinión que comparte el actual Gobierno gallego. Aseguran que la de Eisenman no era la firma adecuada para ejecutar el proyecto.

La Fundación Cidade da Cultura decidió cambiarlo todo. La Unión Temporal de Empresas Perea-Euroestudios pasaría a encargarse de la ejecución. Uno más a cobrar. La firma Eisenman Architects, que cedía las responsabilidades ejecutivas, apenas si vería mermados sus ingresos. Y ninguna firma consultora tendría que encargarse del control económico del proyecto. Cuando comenzaron las obras, el presupuesto era de 108 millones de euros. El Consello habla ahora de 373 millones. Pero nadie se atreve a asegurar que no habrá nuevas desviaciones.