Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), empresa resultante de la fusión de las siete embotelladoras de la multinacional en España y la de Portugal, ha decidido seguir adelante con su proceso de reestructuración, que implica el cierre de las fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias), Alicante y Palma de Mallorca, según ha informado en un comunicado.

La empresa mantiene la última oferta que puso sobre la mesa de negociación el pasado 21 de febrero, cuando finalizó el periodo de consultas del ERE sin acuerdo con los sindicatos, que pedían que se retirasen el ERE y los cierres y se abriera una mesa para tratar un plan industrial para mejorar la competitividad sin necesidad de despedir ni cerrar fábricas.

Así, CCIP ha abierto un periodo de adscripción voluntario de 15 días para que los trabajadores de cualquier centro afectado -no sólo de los centros que cierran- se acojan a la última oferta, que ofrecía bajas incentivadas de 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 meses más 10.000 euros adicionales, prejubilaciones a partir de los 56 años u optar a una recolocación con una ayuda por traslado de 15.000 euros más 500 euros al mes de ayuda a la vivienda durante dos años.

La compañía, añade la nota, ha informado ya a los trabajadores del procedimiento para solicitar cualquiera de las medidas indicadas, así como de los plazos para hacerlo, y ha puesto a su disposición el listado de los 481 nuevos puestos para las recolocaciones. Una medida que 'permitiría conseguir el objetivo de garantizar un empleo a todo aquel que quiera seguir trabajando'.

Los afectados por el ERE se mantienen finalmente el 1.193 frente a los 1.253 iniciales, ya que se mantiene los almacenes de la planta de Asturias de la Mallorca.

Tanto CCOO como UGT dejaron clara su postura si la empresa decidía seguir adelante con el proceso: impugnarán el ERE al entender que CCIP no puede acometer un proceso de despido colectivo al no consolidar como grupo laboral, sino que lo hace como grupo mercantil. Es decir, que cada una de las embotelladoras implicadas en el proceso de integración en el embotellador único (Cobega, Casbega, Asturbega, Begano, Colebega, Rendelsur y Norbega) siguen siendo las empresas contratantes de los trabajadores y no CCIP, por lo que ésta sólo funciona como una única empresa en materia de ingresos y cuentas, explicaron los sindicatos cuando denunciaron esta situación ante inspección de Trabajo el pasado enero.

Critican que las fábricas que la empresa quiere cerrar son productivas y rentables y que la única razón de ser de este ere, pese a que se aleguen causas organizativas, es aumentar los beneficios a costa de prescindir de trabajadores. CCIP tuvo más de 900 millones de euros en beneficios durante su último ejercicio.

(Seguirá ampliación)