La titular de Sanidad, Ana Mato, ha declarado que la nueva normativa de su Ministerio que obliga a pagar a los enfermos que no estando ingresados reciben medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria no son un copago, sino una 'aportación', además, reducida.

Este tipo de declaraciones eufemísticas que pretenden encubrir la realidad, negándola y dándole otro nombre, son una marca de los gobiernos del PP que llaman 'externalizaciones' a las privatizaciones, 'indemnización en diferido' a lo que figura como un sueldo a los efectos de Hacienda y Seguridad Social, etc. Por eso son 'casi' increíbles, porque con estas prácticas nos están intentando acostumbrar al ocultamiento y al descaro. Y ya casi nada nos sorprende.

Diga lo que diga la ministra, estamos ante un nuevo copago que establece su Ministerio y que penaliza a personas con graves enfermedades crónicas. En algunos casos supone un copago de más de 40 euros mensuales que se suma los anteriores, ya establecidos por el Gobierno en farmacia, en transporte sanitario, en dietas y en ortoprótesis.

Si los copagos anteriores ya habían detectado en las encuestas un porcentaje entre el 12 y el 16,8% de pensionistas que no recogían medicamentos prescritos por problemas económicos ¿Cuáles serán los resultados de este nuevo copago que se suma a los anteriores ?. Indudablemente, para la personas más enfermas y más pobres, más problemas para acceder a la atención sanitaria que necesitan. Es decir, más injusticia, más desigualdad y un mayor deterioro de la salud de estas personas.

'¿Cómo es posible que el Ministerio de Sanidad no acordase con las Comunidades la implantación del nuevo copago?'

Pero además de insensible a los problemas de salud, la ministra ha demostrado, una vez más, que es una inútil. La medida tenía que haber entrado en vigor el pasado 1 de octubre, pero ¡oh milagro!, consiguió lo que nunca antes se había visto: ninguna de las Comunidades Autónomas, incluidas todas las que gobierna el PP, la ha aplicado. Todo un récord. Unas señalaron estar en desacuerdo con la media en sí misma y sus previsiblemente devastadores efectos sanitarios (incluso se ha recurrido legalmentel); otras, que los costes de implantarla serían, probablemente, superiores a los potenciales -y, en todo caso, reducidos- ingresos; y otras se hicieron las despistadas y dijeron que tenían problemas técnicos para instaurar el nuevo copago.

¿Cómo es posible que antes de la aprobación de este nuevo copago no se hiciera un acuerdo con las Comunidades que tienen que aplicarlo y que la fecha de puesta en vigor no se acordara entre éstas y el Ministerio? ¿Cómo es posible tanta ineptitud acumulada? Y, lo que es peor, ¿Cómo es posible que los ciudadanos les sigamos pagando su sueldo con nuestros impuestos?.

Por supuesto nadie ha dimitido por ello -ni piensa hacerlo- porque, por lo que se ve, están ahí para cobrar y no para resolver los problemas sanitarios de la población. Y esta es una situación tremenda que se mantiene desde hace ya demasiado tiempo. Lo hay que reconocer es que Ana Mato ha conseguido lo que parecía casi imposible: quitarle a Celia Villalobos el dudoso honor de ser la peor ministra de Sanidad que ha tenido el país.

*Marciano Sánchez-Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública  (FADSP)