Se trata de un gesto sin precedentes. Por primera vez en la historia, una formación política ligada a la izquierda abertzale reclamará la protección del Estado ante las últimas detenciones producidas ayer mismo en Euskadi. Una representación de Amaiur acudirá esta tarde a la sede del Defensor del Pueblo -nombre oficial del organismo, a pesar de que quien lo preside es Soledad Becerril y, por tanto, defensora- con el objetivo de exigir que actúe ante la incomunicación decretada contra los dos supuestos miembros de ETA arrestados en Andoain y Urnieta, ambas localidades guipuzcoanas.

Los parlamentarios Xabier Mikel Errekondo e Iker Urbina mantendrán una reunión a las 15.00 horas con los responsables del Mecanismo Nacional contra la Tortura, dependiente de dicho organismo, a quienes advertirán del riesgo de que los detenidos, Jon Lizarribar y Rubén Gelbentzu, puedan sufrir torturas por parte de los agentes de la Policía que les están interrogando durante su incomunicación. Una situación que, recuerdan, aún podría prolongarse durante otras 48 horas. 

El Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz acusa a ambos arrestados de ser miembros de un comando legal de ETA y les vincula con cuatro atentados perpetrados en 2002. El primero de ellos fue el que azotó al campus de la Universidad de Navarra de Pamplona, otro el que sufrió El Corte Inglés de Zaragoza y finalmente, los registrados en dos empresas de Arguedas y Azagra, en Navarra. Ninguno de ellos causó víctimas.

Con el mismo objetivo que persigue la reunión de esta tarde Amaiur ha enviado sendas cartas tanto al propio ministro del Interior como al presidente de la Comisión de Interior del Congreso, Juan Carlos Aparicio. En la primera de ellas (ver PDF), remitida ayer al máximo responsable de la seguridad española, le solicitaban que no se procediera a la aplicación de ese régimen de detención incomunicada de los dos presuntos miembros de ETA.

Esta misma mañana insistía en esta misma dirección enviando otra misiva a Aparicio (ver PDF) para que, 'de manera urgente', gestione la visita de una delegación parlamentaria, compuesta por los portavoces de los grupos parlamentarios que así lo deseen, a las dependencias policiales donde están detenidos e incomunicados estos dos arrestados. 'El objeto de dicha visita sería comprobar, por un lado, que se están dando cumplimiento a las recomendaciones recogidas en el informe elaborado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos inhumanos o degradantes (CPT) y, por otro, que se están respetando los derechos humanos de las personas detenidas', explican en su texto.