Privatizar la gestión de la asistencia sanitaria (médicos, enfermeros) en los seis hospitales madrileños que ya tienen los servicios no sanitarios privatizados (limpieza, cocina), es decir, los hospitales del Sureste, del Tajo, del Henares, el Infanta Sofía, el Infanta Cristina y el Infanta Leonor. Esas son las intenciones de la Comunidad de Madrid, con Ignacio González al frente, que no pretende otra cosa que extender en la región un modelo que lleva instalado en el País Valencià desde 1999: el modelo Alzira. Y eso a pesar de que, según los expertos, es un modelo fracasado, económicamente hablando desde el punto de vista de la gestión pública. 

La 'colaboración público-privada' -como lo definen sus creadores- se basó, en un primer momento, en un hospital de la Generalitat (el de La Ribera, en la localidad alicantina que puso nombre al modelo), pero cuya construcción y gestión estaba en manos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud. La inversión final de la UTE (formada por Adeslas -51%-, Bancaja y la CAM -45%-, ACS-Dragados y Lubasa -un 2% cada una-) fue de 72 millones de euros, 'frente a los 41 millones anunciados inicialmente', según datos de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (CAS-MAdrid). Pero, además del sobrecoste con respecto a lo presupuestado, en 2003, la Generalitat tuvo que rescatar dicho hospital ante la imposibilidad de las empresas de seguir manteniéndolo. La UTE Ribera Salud acumulaba, por aquel entonces, pérdidas por valor de 5,24 millones de euros, según los datos de CAS-Madrid. 

'Extinguir el contrato obligó a rescatar el hospital y abonar a la UTE el importe de la inversión realizada. Para ello se dedicaron en el presupuesto de 2003 hasta 43,9 millones de euros', explica la coordinadora madrileña en su artículo titulado Lo que no se cuenta del Hospital de Alzira. Pero aún hay más. Tanto CAS-Madrid como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en el País Valencià (Acdesa) denuncian que la Generalitat tuvo que pagar a las empresas privadas por el 'lucro cesante', es decir, por los beneficios que la UTE no obtendría durante los seis años que aún quedaban de concesión. 'La propia Sindicatura de Cuentas del País Valencià valoró esta rescisión de contrato como irregular, porque el contrato inicial no incluía la obligación de pagar por ello', detalla María José Mendoza, miembro de la junta directiva de Acdesa y autora de un informe donde se detalla el gráfico adjunto. 

Después del denominado 'rescate' por parte de la Generalitat valenciana, la Comunidad volvió a sacar el hospital a concurso y, esta vez, incluyendo los centros de Atención Primaria de la zona de influencia del centro sanitario de La Ribera.  En total, el lote incluía el hospital y 13 centros de salud de la comarca, con una mejora de las condiciones económicas. La cápita (la cantidad anual que la Comunidad paga a la empresa concesionaria por cada paciente que habita en el área correspondiente al hospital semiprivado) se incrementó en casi 200 euros. ¿Quién se lo llevó? 'La misma empresa (UTE Ribera Salud) que lo había hecho fracasar', sentencia CAS-Madrid.

Fue a partir de ahí, en 2003, cuando la privatización sanitaria empezó a salir rentable para las empresas gestoras. Pero no para la Comunidad. Un ejemplo de ello es, según los expertos, el gasto farmacéutico. 'El  nuevo modelo de gestión no influyó favorablemente en cuanto a gasto farmacéutico', ejemplifica Mendoza. 'Alzira, teniendo las mismas características poblacionales que otras comarcas con sanidad de gestión directa (100% pública), está por encima de todas las demás en cuanto al gasto en recetas, que repercute en la Comunidad porque la concesión no incluye ni farmacia, ni oxigenoterapia, ni prótesis ni transporte sanitario', especifica la directiva de Acdesa (ver gráfico inferior).

Pese a todo, hoy en día, el modelo Alzira abarca ya a las comarcas correspondientes a los hospitales de Torrevieja, Manises, Denia y Elche, además del inicial de Alzira. Todos ellos pertenecen a Ribera Salud, que comparte gestión con las aseguradoras Asisa, Sanitas, DKV, Asisa y Adeslas, respectivamente. Todos ellos son, igual que los incluidos en el proyecto de 'externalización' de servicios del consejero Javier Fernández Lasquetty en Madrid, 'hospitales comarcales de nivel básico, que no incluyen alta especialización ni procesos complejos', explica Mendoza. De ahí que para las empresas sí salgan rentables.

'El riesgo de estas concesiones es el deslizamiento de presupuestos con un endeudamiento tan a largo plazo y sin prever las posibles incidencias que puedan aparecer en esos 30 años de concesión', opina la directiva de Acdesa, haciendo relación al blindaje, por contrato, de un pago anual determinado a una empresa privada. 'En la época actual, con las reducciones de presupuesto público que no esperaban tener que hacer en las épocas de bonanza, la Comunidad sigue obligada a aumentar las partidas para las concesionarias, como mínimo, en la cantidad correspondiente al Índice de Precios al Consumo (IPC), pero no está obligada a aumentar la inversión de los hospitales públicos', especifica la experta. 'Es lo que los economistas llaman la captura del regulador [la Administración pública] por el regulado [la empresa privada]', añade. El jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, también lo denomina así. 'Cuando las cosas van mal dadas, el regulador es capturado y tiene que rescatar al regulado; lo de siempre, privatizar ganancias y socializar pérdidas', ejemplifica.

La Comunidad está obligada por contrato a aumentar los presupuestos de los hospitales privados, pero no de los públicos

A esta situación de 'deslizamiento presupuestario' (de la pública a la privada) se une otro tipo de deslizamiento: el ya denunciado, también en Madrid, traspaso de los pacientes caros a la pública y de los baratos a la privatizada.

Se trata de la denominada 'selección de riesgos', causada por la 'facturación intercentros'. Si un hospital público deriva un paciente al privatizado de fuera de su departamento, el primer centro debe pagar al segundo por la asistencia prestada. Por ejemplo, una de las sociedades gestoras de un hospital con modelo Alzira recibe de la Generalitat, por cada habitante de su área, 639 euros. Si el mismo centro privatizado atiende un parto sin complicaciones derivado de un hospital público, el mismo Gobierno regional (dado que se trata de un centro de gestión directa) le ha de pagar a la empresa 1.641,79 euros. Así que, siempre que se trate de enfermedades sin complicaciones que requieran un elevado gasto para el hospital, a dicha empresa gestora le conviene atraer al mayor número posible de personas. 'Ahí se ha especulado mucho, porque el saldo de esta facturación en los centros con modelo Alzira siempre ha sido positivo', asegura Mendoza, que cita una información del diario El País de 2001 que demuestra con datos sus informaciones. 

Todos estos datos demuestran que para una empresa privada, en principio, sí es rentable gestionar la sanidad pública. Sin embargo, algunas informaciones publicadas en el diario El Mundo (pdf) apuntan ya a una presunta petición de rescate por parte del hospital de Manises, que tanto la Generalitat como Sanitas niegan. En cualquier caso y pese a la denunciada falta de transparencia de los gestores -tanto públicos como privados-, los expertos consultados por Público concluyen que la privatización de la sanidad no ahorra dinero público, sino al revés. Y, aun así, Lasquetty ya ha anunciado su intención de seguir adelante con el Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario, obviando todos los datos que él considera 'bulos'. 

'En Madrid se habla de privatizar centros pequeños, ya baratos de por sí''Hasta [el presidente de la Generalitat Alberto] Fabra ha dicho que el modelo Alzira tiene su alcance, pero que no está planteado para exportarlo', señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. 'Además, se está hablando de privatizar la gestión de centros pequeños, ya baratos de por sí', añade. Y concluye: 'Hay muchas incongruencias en el plan de Lasquetty'. La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) también opina lo mismo. 'Las estrategias de gestión sanitaria público-privada, contrariamente a lo que publicitan sus defensores, no han demostrado en la práctica ventajas que aconsejen su adopción', sentencia la entidad en un comunicado. 'El proyecto orginal del modelo Alzira jamás habría sido viable de no ser por la renegociación del contrato de concesión que supuso un elevado coste a la administración pública', insite.

Para Repullo, de la Escuela Nacional de Sanidad, tanto en el País Valencià como en Madrid 'son aplicables las mismas objeciones y cautelas'. 'Salvo que en Madrid está siendo más rápido y más improvisado', añade. 'De hecho, Fabra ha intentado distanciarse de la pasión privatizadora de Esperanza Aguirre e Ignacio González, relativizando el uso de estos modelos y afirmando que no pueden imponerse contra el criterio de los profesionales', recuerda también.