El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comenzará hoy a tomar declaración a los primeros diecisiete testigos y peritos relacionados con el genocidio cometido en Guatemala por militares en ese país en los años ochenta, entre los que se encuentran familiares y víctimas.

Santiago Pedraz investiga, por un lado, la presunta participación de cinco militares y dos civiles en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde hubo 37 muertos, y, por otro, la implicación de éstos en delitos de genocidio en la década de los ochenta.

Aunque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal de justicia del país, dictaminó el pasado 19 de diciembre que España no es competente para juzgar estos hechos y anuló el proceso abierto por Pedraz contra los siete acusados, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha decidido proseguir con la investigación.

Por este motivo, ha citado a declarar a una treintena de testigos de Guatemala, de los que los primeros cuatro comparecerán a partir de hoy a las 10:30 horas, de forma que tiene previsto terminar el viernes con este primer grupo de diecisiete personas, informaron fuentes jurídicas.

El procedimiento sobre el genocidio en Guatemala, que según el juez causó más de 250.000 víctimas -45.000 siguen desaparecidas, de las que el 83 por ciento eran mayas, se inició en España a raíz de la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999 contra siete militares y civiles, a los que acusó de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.