La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, cree que la pelota sobre una eventual huelga indefinida de jueces y fiscales está en el tejado del Gobierno.  El portavoz de la APM, Pablo Llarena, personalmente contrario a un paro de ese tipo, declaró a Público que la decisión depende en última instancia de la capacidad de Ruiz-Gallardón y del Consejo General del Poder Judicial de arreglar el conflicto. Y ni el ministro ni el nuevo presidente del CGPJ se han puesto en contacto aún con las asociaciones. Una huelga indefinida tendría un efecto devastador sobre una justicia que, sin el empujón de un paro de este tipo, ya acumula mucho retraso y asuntos pendientes.

Llarena, a título particular, considera que una huelga indefinida como la que las siete asociaciones de jueces y fiscales no descartan convocar, no sería 'adecuada ni posiblemente la vía más lógica, ya que ello afectaría a los derechos fundamentales de los ciudadanos como el de la tutela judicial efectiva'.

Debido a esa circunstancia específica del colectivo, la Constitución Española prevé que el Gobierno dote a jueces y fiscales de los medios precisos para realizar su tarea, y que el diálogo para discutir esos extremos se establezca entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. 'Si esa interacción se rompe o no opera adecuadamente, se aboca' a los jueces a adoptar medidas previstas en la negociación colectiva general, como sería la huelga indefinida, añade Llarena.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales emitieron por primera vez en la historia el pasado 16 de julio un comunicado conjunto en el que criticaban durísimamente los recortes del Gobierno y las reformas anunciadas por Ruiz-Gallardón en el ámbito del Consejo del Poder Judicial, 'cuyo verdadero objeto' entendian que era 'el desmantelamiento del Poder Judicial, atacando a la independencia de los Jueces y a la imparcialidad de los Fiscales'.

En el mismo texto anunciaban 'la creación de una comisión conjunta y permanente que canalizará todas las medidas de protesta que deban adoptarse, paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la huelga'.

Hasta la fecha, los jueces han sido convocados a dos huelgas de un día de duración, ambas en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, pero nunca convocados por todas las asociaciones. El 18 de febrero de 2009, se produjo el primer paro a convocatoria de la Asociación 'Francisco de Vitoria' y el Foro Judicial Independencia --segunda y cuarta asociación en la carrera por número de afiliados--. Fue la más existosa, con un 60 por ciento de seguimiento según los organizadores y casi un 36 de acuerdo a las cifras del CGPJ. En octubre del mismo año, la APM convocó otra huelga, esta vez en solitario, y logró un apoyo menor (24 por ciento según CGPJ, y 33 por ciento de acuerdo a la asociación convocante).

Las siete asociaciones que actúan ahora de forma unitaria establecieron el pasado 24 de julio solicitar a los jueces decanos, los fiscales jefes y los presidentes de órganos judiciales colegiados, que convoquen para el próximo 21 de septiembre o fechas próximas Juntas de Jueces, Juntas de Fiscales y reuniones de magistrados, para que decidan si se adhieren al comunicado del 16 de julio y discutan las medidas de presión a adoptar. Previamente, las organizaciones convocantes acordarán una propuesta de movilizaciones para elevar a sus compañeros, siempre 'sin descartar la huelga'.

Más allá de los dos paros de un día citados, una huelga indefinida en reclamación de derechos nunca ha sido adoptada por los jueces. Los fiscales, por su parte, nunca se han puesto en huelga de forma colectiva. Si lo hicieron individualmente algunos fiscales en la huelga general del 29 de marzo, comunicándolo al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ni les abrió expediente sancionador ni les descontó el salario de un día. María Moreto, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, cree que no hubo reacción del fiscal general reduciendo el sueldo del día de huelga, como se hace con el resto de trabajadores, porque ello hubiera supuesto un reconocimiento del derecho de huelga de los fiscales.

Moreno declaró a Público que considera que los fiscales sí tienen derecho a huelga, ya que ni en la Constitución ni en la Ley está prohibido su ejercicio por parte del colectivo.

En cuanto al debate sobre la legalidad de una huelga, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, destaca que la Constitución Española ampara este derecho de los trabajadores sin limitación a jueces y fiscales. JpD apoyó la huelga general del 29 de marzo, y respalda la marcha que confluirá el próximo 15 de septiembre convocada por sindicatos y otras organizaciones contra los recortes del Gobierno.