El Gobierno pretende que a los responsables políticos que gasten más allá de sus respectivos presupuestos se les exija responsabilidades penales. Eso es, al menos, lo que este miércoles anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista concedida a la cadena SER.

Un día después de reunirse con los consejeros de Economía y Hacienda de las diferentes comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el titular de Hacienda avanzó que la Ley de Transparencia que el Gobierno presentará en los próximos meses incluirá la exigencia de 'responsabilidades penales para los gestores públicos, ya sean políticos o nombrados por políticos', que gasten más allá de lo establecido en las cuentas. Desde el Grupo Parlamentario Popular se matizaría después que los castigos tendrán que materializarse en el Código Penal.

'No puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto [...] porque está falseando la contabilidad pública en primer lugar. Igual que un gestor privado tiene que hacer frente a responsabilidades penales si falsea las cuentas de su empresa, y sobre todo si esa empresa está cotizando', intentó establecer un paralelismo.

'Lo que estamos haciendo en definitiva es que haya un rigor en la gestión de un Gobierno', resumió Montoro, que cargó contra 'las facturas en el cajón, la falta de transparencia' y la acumulación de deudas que después se vuelven impagables'.

El ministro insistió en la idea de que con medidas como estas pretende que los responsables públicos sean coherentes en la gestión. Así, apuntó que si un Ejecutivo quiere gastar más, 'que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos' y que sean después estos los que juzguen con su voto en las elecciones.

Alonso apunta a que habrá que concretar los castigos en el Código Penal

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas precisaron que se trata de castigar a los gestores que cometan mala praxis presupuestaria. Las mismas fuentes destacaron que la Constitución recoge el principio de estabilidad presupuestaria. Los que de manera reiterada gasten sin tener presupuesto para ello estarán incumpliendo el principio constitucional. La ley exigirá responsabilidad penal a los políticos y a los gestores nombrados por los políticos, es decir, gestores de entes públicos o empresas públicas, según Hacienda, además de a los gestores de presupuestos estatales, autonómicos y locales.

Desde junio de 2011 el PP controla 11 de las 17 comunidades autónomas. Algunas de ellas, tradicionalmente en manos del PP, como Murcia y País Valencià, están entre las más endeudadas de España.

En el ámbito local, el Ayuntamiento más endeudado de España, el de Madrid, también está en manos del PP. Su deuda roza los 7.000 millones y a su frente está Ana Botella desde que su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, asumió la cartera de Justicia el pasado 22 de diciembre.

En posteriores declaraciones, esta vez a Onda Cero, Montoro añadió que la comunidad autónoma o Ayuntamiento que no cumpla puede quedar inhabilitada durante algún tiempo. Es decir, que pretende trasladar las sanciones vigentes en Europa al sistema institucional español. Ello implica un castigo económico a la Administración correspondiente en primer término y en segundo la inhabilitación. Este último asunto fue tratado la tarde del martes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La propuesta de Montoro sobre las responsabilidades penales para los gestores que despilfarran generó cierto revuelo en el resto de partidos por su encaje y por la escasa concreción del ministro y de otros dirigentes conservadores. Por ello, el PP salió a defender que se trata de una iniciativa que ya estaba incluida en el programa electoral con el que concurrieron a las generales del 20 de noviembre de 2011. En él los conservadores prometieron reforzar 'las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria'.

El Partido Popular insinuó esta iniciativa en su programa electoral

Asimismo, Montoro ya avanzó el asunto de las responsabilidades penales el 29 de agosto pasado en otra entrevista radiofónica.

Precisamente, al 'compromiso electoral' del PP respecto a esta iniciativa apeló este miércoles el portavoz de los conservadores en el Congreso, Alfonso Alonso, cuando se le preguntó por el anuncio del ministro.

Alonso matizó que esta propuesta tendrá que precisarse en el Código Penal. 'El Gobierno tendrá que concretar cómo lleva adelante esta reforma, pero no se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca el código', declaró.

'Hay que exigir cada vez más responsabilidad a quienes administran el dinero de todos, sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asuman gastos sin respaldo presupuestario', declaró el portavoz del PP en la Cámara Baja en sintonía con Montoro minutos antes de presidir una reunión con quienes fueron cabeza de lista provinciales por su partido el 20-N.

En esta cita, Alonso puso sobre la mesa que el traspaso de poderes no fue tan ejemplar como en un primer momento se aseguró desde el PP. Todo a cuenta de que, según el Gobierno, los socialistas les insistieron en una cifra de déficit del 6% cuando se ha disparado más de dos puntos. 'Abandonaron pues el barco, dejándolo a la deriva y sin dar la señal de socorro', subrayó.