El juez Baltasar Garzón ha vuelto a acudir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta vez, en su recurso de apelación, insiste en que necesita 'todas' las grabaciones realizadas a los imputados presos en el caso Gürtel para poder defenderse de los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales que se le imputan por haber intervenido las comunicaciones que estos mantenían.

Por eso, renuncia de momento al plazo de tres días que le dio la semana pasada el instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, para oír en su despacho las conversaciones íntegras. La defensa señala que debe concretarse cuántos expurgos han sufrido las escuchas, porque el propio Garzón, cuando era instructor del caso, acordó que se excluyeran las que afectaran a la estrategia de defensa de los imputados, medida que, como no podía ser de otro modo, también adoptó el actual instructor, Antonio Pedreira.

Después, el magistrado Jorge también retiró, a petición de la acusación que ejerce Pablo Crespo considerado el lugarteniente de Francisco Correa en la Gürtel, las que entendió que afectaban a la intimidad de los implicados. El juez no precisaba a quién o a qué se refería con esa 'intimidad', pero cita siete veces dicha palabra en la resolución impugnada.

El recurso del abogado de Garzón en esta causa, Francisco Baena Bocanegra, señala que las conversaciones íntegras son fundamentales para 'poder acreditar la legitimidad de la medida adoptada como necesaria y adecuada desde los indicios existentes de que unos presos continuaban cometiendo un gravísimo delito, y de que para ello se valían de terceras personas'.

Y, al tratarse de una pieza de convicción, según la propia jurisprudencia del Alto Tribunal, no se puede 'configurar a criterios de conveniencia', o con otras palabras, 'a voluntad y autoridad del instructor'.

La defensa niega esa posibilidad ante 'la especial trascendencia que tales elementos probatorios tienen en relación directa e inmediata con las responsabilidades que se pretenden depurar'.

De ahí que el recurso haga especial hincapié en determinar qué se ha expurgado desde que las conversaciones están en el Supremo, pero incluso antes.

A juicio de Garzón es una 'contradicción' sostener, como hace el instructor Jorge, que la medida contra los internos no podía realizarse sin tener indicios contra los abogados con los que hablaran. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, cuando se acordó la intervención, Garzón no podía 'siquiera sospechar o intuir que los afectados por la medida cambiarían de abogados 15 días después'.