El Ejecutivo se ha aliado con la máxima prudencia. Comprende la ansiedad de Catalunya –y especialmente del PSC–, pero evitará actuar tan rápidamente en defensa del Estatut, como le reclaman los partidos catalanes y el propio president de la Generalitat, José Montilla. El asunto medular, la renovación del Tribunal Constitucional (TC), está envenenado por la actitud 'partidista' del PP. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sintetizó ayer martes en el pleno del Senado esa postura medida del Gabinete: 'El Gobierno aboga por la renovación de todas las instituciones y por que se produzca en los plazos constitucionales. Respeta y respetará siempre las iniciativas y acuerdos que se alcancen en ese sentido en esta Cámara'.

El compromiso, oficializado tras la interpelación del senador Jordi Guillot (Iniciativa per Catalunya Verds), supo a poco. No avanza mucho más en lo que el PSOE ha repetido desde que el Tripartito y CiU aprobaran en el Parlament, el 29 de abril, una resolución en la que se pide a los grupos catalanes que redacten la reforma de la Ley Orgánica del TC. El objetivo sería evitar que se eternicen en su cargo los magistrados con su mandato vencido, como ocurre ahora con cuatro jueces. Caamaño, pues, se limitó a expresar la tesis oficial: el PSOE permitirá que se debata en las Cortes la propuesta que viaje desde Catalunya. La estudiará y después decidirá.

Caamaño: 'El PP sabe que, cerrando la puerta, desgasta al Gobierno'

Ese texto comenzará a pergeñarse hoy, 12 de mayo, entre los partidos catalanes, en una reunión auspiciada por Montilla. El president ya reiteró ayer en Barcelona que se empleará para que haya una propuesta 'ganadora' y asumible para el PSOE.

Por ahora, sin embargo, está la respuesta tibia del Gobierno. 'No sea observador, sea protagonista –le apremió Guillot, miembro de un partido, ICV, integrante del Govern–.No sé si llegaremos a tiempo, pero es importante tener el compromiso del Gobierno, tener actitudes proactivas'.

Montilla pide al frente catalán una reforma asumible para el PSOE

El senador avisó de la trascendencia del fallo del TC. Se ventila no sólo un Estatut, sino 'dos maneras de entender España', la 'cerrada y centralista y la visión abierta y plural'. Si el tribunal tumba el texto, arreciará una 'crisis de graves consecuencias', que nutrirá el 'desafecto' de Catalunya hacia España. Guillot instó al Gobierno a no tener miedo, a rescatar 'con fuerza la bandera de la España plural'. El actual TC, dijo, 'no está en condiciones de dictar una sentencia'.

No hubo acritud. Todo lo contrario. Guillot reconoció el 'significativo avance en el proceso de federalización del Estado' que dio 'el primer Gobierno' de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, al final, convino que la culpa es de un PP 'hostil' a Catalunya, que ha explotado el 'cinismo por entender que el anticatalanismo le da votos'.

El ministro acentuó la responsabilidad del partido de Mariano Rajoy: 'Si no hay renovación, es sencillamente porque el PP no quiere'. Para activar el relevo en el TC, hace falta una mayoría de tres quintos: 'El PP sabe que la Constitución le ha dado la llave y sabe que, teniendo cerrada la puerta, desgasta al Gobierno'.

Caamaño reclamó a Guillot y al Govern, por tanto que pida cuentas al PP, que no se ha despegado de su estrategia 'deliberada' de 'priorizar sus intereses partidistas': 'Hay que exigir con firmeza al que tiene la llave que sea leal con la Constitución'. La solución pasa por que Rajoy retire a sus dos candidatos, Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente del Tribunal Supremo y ex portavoz del Consejo del Poder Judicial, respectivamente. Ambos han sido 'siempre el escollo' para el PSOE, como asumió ayer la portavoz socialista en la Cámara Alta, Carmela Silva. Los dos aspirantes se manifestaron en la pasada legislatura contra leyes sociales del Gobierno, por lo que, en caso de ser elegidos para el TC, el PSOE se vería en la obligación de recusarlos. Una nueva guerra de recusaciones, entienden los socialistas, socavaría más el prestigio del alto tribunal.

Prueba de que el Govern prefiere guante blanco por ahora es que Guillot no presentará una moción en el pleno del Senado en 15 días. Los grupos, y sobre todo el PSOE, no deberán retratarse aún.

CiU, no obstante, no dejará a los socialistas escaparse vivos. El portavoz convergente en el Parlament, Oriol Pujol, presionó ayer de nuevo para que el debate se lleve al Congreso. Allí los 25 diputados del PSC no tienen grupo propio. Y deben resolver el dilema.

El president de la Generalitat, José Montilla, comparecerá en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado el 24 de mayo, a partir de las 10.30 horas. Lo acordaron la Mesa (presidida por el socialista Joan Lerma) y los portavoces de la comisión y también los presidentes autonómicos.

Todos los grupos estuvieron de acuerdo. El PP también lo apoyó, pero su portavoz, Manuel Blasco, denunció el “trato de favor” del PSOE hacia Montilla. Recordó que hay 21 peticiones de convocatoria de la comisión desde mayo de 2008, y no se han celebrado. Blasco sí reconoció que ninguna tiene el formato de la solicitud de Montilla, que es un tête à tête entre las CCAA y no entre estas y el Gobierno central.

El portavoz conservador en la comisión anunció que el Grupo Popular registrará en los próximos días su escrito para que tenga lugar en la Cámara Alta el debate del estado de las autonomías. El Senado acogió el último en 2005, pese a que el Reglamento exige que se celebre anualmente.

El portavoz del PSOE en la comisión, José Ignacio Pérez Sáenz, recordó que esas 21 peticiones pendientes requieren que se cuadren con la agenda del Ejecutivo, “y hasta ahora no ha sido posible”.