La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, llevó ayer al terreno de los hechos su insumisión a la orden del Ministerio de Cultura que paralizó, a finales de diciembre, el plan municipal que prevé el derribo de 1.600 casas de alto valor artístico en el barrio de El Cabanyal. Las piquetas, ayudadas por la represión policial, vencieron la resistencia de los vecinos y lograron derribar dos de las casa protegidas.

Barberá ordenó ayer el derribo de dos edificios, justo el día que entraba en vigor una ley aprobada en Les Corts, con mayoría absoluta del PP, para validar las demoliciones y buscar un conflicto de competencias con Cultura, que argumenta que los derribos suponen un 'expolio patrimonial'.

Las piquetas llegaron a las 8 de la mañana y tumbaron dos casas

Precisamente, la ley de los populares es un calco del decreto que aprobaron el pasado enero se tramitó pese a que el Consejo de Estado emitió un informe en contra y de que el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad y que motivó una rápida suspensión cautelar. Recientemente, la alcaldesa afirmó que continuaría con las obras aunque fuese a la cárcel por ello.

La rebeldía de la primera edil se inició a las ocho de la mañana, en un inmueble abandonado en San Pedro, una de las primeras calles que dieron trama urbana e identidad al viejo poblado de pescadores de Poble Nou de la Mar.

De hecho, esta vía está repleta de casas con vestigios arquitectónicos del modernismo popular de finales del siglo XIX. Muchas de ellas están protegidas con Nivel 2, el mismo del que gozan, por ejemplo, el Palacio Arzobispal o el mismo ayuntamiento.

La policía echó a empellones y con puntapiés a políticos de la oposición

Tras escuchar el murmullo de operarios vallando la casa, una veintena de vecinos de Salvem el Cabanyal, plataforma que se opone al plan y defiende una rehabilitación integral del barrio, formaron una cadena humana para proteger el inmueble. Tras una primera identificación de la Policía Local, llegó un furgón de la Nacional.

Este desembarco causó alegría entre los vecinos. Días antes, este mismo cuerpo había impedido que se demoliera por dentro una casa en la calle de la Reina. Ayer, la situación fue distinta. Ante la estupefacción de los miembros de Salvem, policías nacionales iniciaron su desalojo forzado, a rastras y entre empujones.

Además, dos okupas que se habían subido a un tejado fueron detenidos (al cierre de esta edición permanecían en comisaría incomunicados).

'¿Si la Policía Nacional debe velar porque se cumpla la Orden del Ministerio, que prohíbe los derribos, por qué ahora los permite?'. Se preguntaba en voz alta Maribel Doménech, portavoz de Salvem.

Mientras, una abogada de esta misma entidad aguardaba a que abrieran los juzgados para pedir una suspensión cautelarísima de la obras. Pero había prisa. La excavadora se situó delante del edificio y lo derribó con cuatro zarpazos. Se trató del primer hundimiento desde septiembre del año pasado.

No fue el único edificio derribado en San Pedro. A media calle, operarios reventaron la puerta de un bajo y apostaron otra excavadora en la puerta. La rápida actuación del propietario evitó la tragedia. Su tía se encontraba en el interior y no existía ninguna orden de derrumbe. Los mismos albañiles reconstruyeron la entrada, mientras policías de paisano ahuyentaban a periodistas y curiosos, para que no filmaran las pruebas del error.

Paralelamente, un nuevo frente de batalla se abría en la calle Vidal de Canelles. Los vecinos se concentraban con nuevos efectivos, hasta sumar los 200, para evitar un segundo derribo. También se apelmazaban al pie de la fachada del inmueble políticos de todas las formaciones de la oposición.

A mediodía, las noticias del juzgado no llegaban y la gente se preguntaba por qué la Delegación de Gobierno permitía que la Policía Nacional continuara trabajando a favor de los desplomes. No hubo repuesta en todo el día desde la entidad. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, únicamente emitió un comunicado donde aseguró que había instado a la abogacía del Estado a que presentara un recurso para detener los derrumbes.

Uno de los momentos más tensos se vivió con la llegada de Alfonso Grau, concejal de Grandes Proyectos y teniente de alcalde. Grau se acercó hasta el grupo de resistentes para acusarles de violentos. Minutos antes la Policía Local había cargado a empujones y puntapiés contra ellos.

Cerca de las dos de la tarde se produjo el gran desalojo. El juzgado había decretado la suspensión cautelar, pero no la cautelarísima, que habría frenado en seco las demoliciones. El clímax se produjo cuando la Policía Local empezó a sacar a la fuerza a los políticos de la oposición. A empujones salieron Salvador Broseta y Vicente González Móstoles, secretario general municipal y concejal del PSPV-PSOE respectivamente. Marga Sanz, diputada de IU fue llevada en volandas por cuatro policías, cada uno sujetando una extremidad. Y Mónica Oltra, de Compromís, cayó al suelo y recibió dos puntapiés. Hoy mismo presentará denuncia por la agresión.

La cosa no quedó ahí. Eldesalojo de los políticos encendió los ánimos de las decenas de vecinos que se agolpaban al otro lado del cordón. Hubo un forcejeo con la Policía Nacional, que cargó con porras de goma. Una decena de vecinos quedó tendida en el suelo con contusiones. Fue la última secuencia de una batalla que amenaza con reproducirse hoy mismo, ya que ayer fueron derribados dos de los cinco edificios que había previsto el ayuntamiento. Salvem convocó una asamblea extraordinaria por la tarde y anunció que continuará protegiendo los inmuebles. También acusó al delegado del Gobierno de no aplicar una orden emanada del Estado y le exigió que vele para que la resolución de Cultura se cumpla sin demora.