El Gobierno sacó ayer adelante el nuevo modelo de financiación autonómica después de más de un año de negociaciones con las comunidades. El sistema de reparto de recursos prosperó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los votos del Ejecutivo central y de más de la mitad de autonomías. Ahora deberá plasmarse reformando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades. El Gobierno la enviará al Congreso en otoño y prevé aprobarla en paralelo al Presupuesto.

Las comunidades socialistas brindaron apoyo al modelo que el domingo presentó la vicepresidenta Elena Salgado. También Canarias y Ceuta, gobernadas por el PP, apoyaron el modelo, con lo que los síes se elevaron a diez. La otras siete comunidades, en manos de los conservadores, siguieron el dictado de Mariano Rajoy y optaron por la abstención, pese a que algunas de ellas, como Madrid, no se planteaban otra cosa que el no antes de que comenzase la reunión.

Ante la imposibilidad de cargar sin contemplaciones contra el modelo que, merced al incremento de la autonomía fiscal y a la aportación del Estado les dotará de más fondos, las autonomías del PP lo hicieron contra Catalunya y su Govern. Presentaron al tripartito como el gran beneficiado y admitieron que sólo moderaban sus críticas por el dinero adicional que se van a llevar a partir de ahora. El conseller valenciano Gerardo Camps fue gráfico asegurando que era 'lo único bueno del sistema'.

Rajoy no había dudado unos días antes en calificar el modelo de 'chapuza', asegurando que se concebía sólo para agradar a Catalunya y, más en concreto, a ERC. Ayer mantenía sus tesis pero justificaba la incongruencia de abstenerse por el ánimo de sus barones de 'seguir negociando'.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, defendió la inspiración 'solidaria' del modelo sin dejar de admitir que, con la aportación extra del Gobierno, se busca reparar 'a quien tenía una financiación por cápita por debajo de la media'. En el caso de Catalunya, sobre una media estatal fijada en 100, recibía un 94% pese a aportar un 121% en 2007.

En su comparecencia, la acompañó el vicepresidente Manuel Chaves, que no evitó meterse en arena política y dar réplica a un PP que ayer quedó en evidencia cuando consejeros suyos, como el canario José Manuel Soria, justificaban el sí porque 'venimos con lógica de Gobierno y no de partido'. El vicepresidente afirmó que el modelo es el que 'más garantiza la igualdad porque en el Fondo de Garantía hay una nivelación del 100%'. Recordó que la horquilla entre lo que se aporta y recibe en porcentaje (en Baleares son casi 50 puntos) 'se cierra'.

Chaves advirtió que se puede rechazar el modelo pero que no es 'legítimo' trasmitir la idea 'de agravio comparativo'. 'Catalunya afirmó no se lleva ni más ni menos, sino lo que le toca. Estaba notablemente por debajo de la media'. De la misma guisa se despachó contra el 'nacionalismo' del PP en una actitud que vinculó a la falta de 'responsabilidad y madurez'.

El consejero de Economía madrileño, Antonio Beteta, proclamó antes de la reunión que, 'pese a que hay más dinero', sólo gana Catalunya. Algo que, presentado como axioma, repetía una y otra vez.

Ante sus homólogos y los vicepresidentes tomó la palabra el aludido. El conseller catalán, Antoni Castells, salió al paso de ataques 'frívolos' y empeñados en levantar 'hogueras de animadversión injustificables contra Catalunya'. Advirtió que esto no puede servir para 'encadenar' otra oleada como la del Estatut.

El dirigente del PSC proclamó que el modelo es bueno para Catalunya 'pero también para toda España'. Elena Salgado explicó que se acordaron algunas 'pequeñas modificaciones' en el documento, por ejemplo referidas a Ceuta. Pero aclaró que no se atenderán peticiones de más calado, como la de Galicia para que le sea tenida en cuenta la población en el exterior. No habrá, sentenció, cambios en las ponderaciones. 'Todo suma 100 y estamos en un equilibrio donde tocar algo para una, perjudicaría a otra', resumió pese a que las comunidades del PP veían 'margen de mejora'.

Salgado abrió la puerta a que las cantidades acaben siendo mejores si la economía sale del hoyo. 'Los algo más de 11.000 millones para 2012 son una cifra aproximada y mínima con las previsiones de este año. Y difícilmente la realidad será peor que la actual', aseveró.

Después de su abstención, los territorios del PP confían en que a la espera de las reuniones bilaterales para firmar y cobrar se celebrarán a principios de 2010 haya algún movimiento.

El Gobierno siguió sin dar cifras concretas o aproximadas. Las segundas las podría ofrecer a finales de mes cuando la liquidación de 2008 la base sobre la que se calculará el reparto en 2009 esté algo más avanzada. En todo caso para 2009 (el sistema es retroactivo porque llega casi con un año de demora) se repartirá el 58% de la aportación total, 11.000 millones en 2012.