Giuseppe Englaro, padre de Eluana, una mujer italiana en estado vegetativo desde hace 17 años a la que el Tribunal Supremo autorizó suprimir la alimentación asistida que la mantiene viva, no encuentra una estructura sanitaria que se ofrezca a desconectar la sonda y cumplir así con la sentencia.

Así lo explica hoy el diario "Corriere della Sera", que informa de que después de un mes de que se emitiese el fallo, Englaro aún busca una clínica privada o pública que desconecte la sonda que mantiene viva a su hija, como había pedido a la Justicia en una batalla que ha durado una decena de años.

Según el rotativo, Roberto Formigoni el presidente de la región de Lombardía (norte), ha "vetado" a los centros médicos que acojan a Eluana, de 38 años, quien permanece aún en la clínica Talamoni en Lecco, cerca de Milán.

Tampoco se podrá cumplir el deseo del padre de Eluana de que su hija muera en la ciudad de Udine, en la región Friuli-Venecia-Julia (noreste), de donde es originaria la familia, y poder enterrarla junto a su abuelo paterno.

El presidente del Colegio de Médicos de Udine, Luigi Conte, ya declaró que había recibido muchas llamadas de doctores que anunciaron que se acogerían a la objeción de conciencia para negarse a detener la alimentación y la hidratación a Eluana.

"Por ahora ningún centro médico se ha mostrado dispuesto. No sabemos cuánto tiempo tendremos aún que esperar", dijo la abogada de la familia Englaro, Franca Alessio, al "Corriere della Sera".

Según Alessio, "hay mucha gente que se ha entrometido" para evitar que Eluana y su familia descansen para siempre y, sobre todo, se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo.

"Las estructuras sanitarias están controladas a nivel político y el poder político quiere prevalecer sobre el judicial", añadió la abogada, quien añadió que la familia Englaro no desistirá de buscar una clínica para desconectar a Eluana.

Tras la sentencia del Supremo, la primera que autoriza en Italia a desconectar la sonda alimenticia a una persona con un coma irreversible, asociaciones católicas y políticos conservadores comenzaron una campaña para evitar que esto sucediese.

Incluso varias asociaciones italianas presentaron un recurso para detener la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó la demanda.