Los universitarios alzan la voz por el pueblo palestino para denunciar la colaboración de sus centros con empresas que contribuyen de algún modo al genocidio de Israel en Gaza. La reclamación recupera el espíritu del aislamiento económico contra la Sudáfrica del apartheid y una extensa lista de causas internacionales a favor de la paz. Para llevar a cabo una medida así, la educación superior debe hacer frente a modelos de financiación que revelan una triste realidad: la falta de dinero público.

"¿Cómo vamos a tener una universidad pública inclusiva, crítica e independiente si depende de las empresas que financian el genocidio sobre el pueblo palestino?", se plantea María, activista del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), en declaraciones a Público.

El alumnado involucrado en las protestas denuncia la inacción de las universidades y el silencio administrativo con respecto a los fondos que recibe por parte de estas firmas con negocios en Israel. Además de achacar el problema a una falta de voluntad, también reconocen en la situación un maltrato histórico contra la educación superior.

"En el año 2000 hubo el mayor gasto del PIB en universidades públicas. Desde entonces, la inversión ha bajado y con la crisis de 2008 se impusieron unas medidas de austeridad muy estrictas que se notan en su capacidad de financiación", destaca a Público María, activista del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), el cual participa en las acampadas universitarias.

La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades de España) informó este jueves sobre su intención de revisar los convenios con centros educativos y de investigación israelíes, y suspender relaciones con aquellos que no tomen una posición firme por la paz. 

El comunicado no menciona nada respecto a las empresas vinculadas a Israel y que patrocinan el genocidio palestino. Aunque Público ha preguntado a la organización, esta se ha negado a hacer comentarios adicionales a los medios.

Romper lazos con la financiación privada

Para el Bloque Interuniversitario de Madrid, encargado de organizar las acampadas, el posicionamiento de los rectores no son más que "palabras vacías". Los representantes estudiantiles recalcaron el mismo jueves su exigencia de romper lazos "sin reservas", también en el ámbito económico, con aquellas empresas que "financian el genocidio contra el pueblo palestino".

En España, el alumnado paga una matrícula anual para estudiar en la universidad pública. Para un curso completo en período lectivo 2022-2023, los estudiantes pagaron de media 936 euros —15,60 euros por crédito—, según datos del Ministerio de Universidades. No obstante, este dinero tan solo cubre una pequeña parte de los gastos del centro.

En el caso de la Universidad Complutense, "los ingresos de las matrículas equivalen más o menos al 15% del presupuesto", señala a este medio la activista de BDS. "La principal fuente de financiación en todas las universidades públicas es la que dan las propias comunidades autónomas", añade.

La financiación autonómica es la más importante

Así lo indica también un informe de la CRUE que compara la financiación entre los años 2008, 2013 y 2019. El dinero público, de media, cubre en torno al 80% del presupuesto universitario. Por autonomías, la militante del BDS señala que algunos territorios como La Rioja o Cantabria aportan casi el 90%, "pero en Madrid o Catalunya, apenas pasan del 70%". Estas comunidades son "las que más maltratan a las universidades públicas", denuncia la activista.

"Las cuentas no salen", critica María en declaraciones a este medio. Aunque todos los centros de educación superior tienen convenios con empresas privadas, existe una mayor dependencia "en las comunidades autónomas que implantan un modelo de universidad pública neoliberal y privatizada, ya que esto genera un déficit de financiación", lamenta. Son sobre todo los bancos los que suplen esta necesidad.

El pasado mes de abril la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (UCM) solicitó al rectorado suspender la cuenta del centro con determinadas entidades bancarias "por financiar la industria fósil y la industria armamentística implicada en el genocidio sobre Gaza"

La lucha por Palestina revela los problemas locales

La injerencia de los bancos y otras entidades sobre las universidades es solo la punta del iceberg. Estas mismas firmas son también las que se encuentran detrás de "los desahucios, la industria armamentística, la fósil, la crisis climática y un largo etcétera", señala a Público. Las acampadas funcionan como antesala de los graves problemas de España, ya que aluden a los agentes responsables que "expulsan aquí a las estudiantes más precarizadas y nos generan daños".

En realidad, esta suerte de Realpolitik —o de acción social transfronteriza— muestra los problemas materiales que sufre la ciudadanía local. "La lucha por la libertad del pueblo palestino está absolutamente entrelazada con las luchas de nuestros territorios", destaca María. Y en concreto, los campistas universitarios ponen el foco, protesta antisionista mediante, en la precariedad de la educación superior y la investigación en España.