WWF ha denunciado este jueves que 35 mil toneladas de fresas que provienen de fincas que "roban el agua" en Doñana se han colocado en los mercados. La ONG conservacionista calcula que hoy hay 1.300 hectáreas de cultivos ilegales: "El 80% (1089,1 hectáreas) son cultivos de fresas y frutos rojos".

"Hemos denunciado ante la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Guardia Civil estas hectáreas ilegales. Trasladaremos la información a la fiscalía de medio ambiente y a los supermercados europeos", asegura WWF en un comunicado.

Esta situación se produce "mientras el acuífero de Doñana se encuentra en una situación crítica y su biodiversidad, en caída libre", agrega la ONG. WWF pide, por ello, "ante la situación catastrófica en que se encuentra el acuífero" de "manera urgente el cierre de todos los pozos ilegales". También exigen que se aplique el Plan de la Fresa, "tal y cómo está acordado para el cumplimiento de la sentencia de la Comisión Europea y recomendado por la Unesco".

El estudio demuestra, según expone la ONG, que desde que se aprobó hace ya 10 años el Plan de la Fresa, la cifra de hectáreas de regadío ilegal de frutos rojos en el ámbito de este Plan nunca ha descendido de las 1.000 hectáreas.

La investigación de WWF identifica que del total de la superficie ilegal, 294,8 hectáreas corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental, es decir, "en un área donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales".

Es "intolerable"

"Es intolerable que una campaña más, millones de kilos de fresas y otros frutos rojos regados con agua robada del acuífero de Doñana acaben en muchos supermercados nacionales y extranjeros, con total impunidad y ante los ojos de todas las administraciones responsables, mientras Doñana está al borde del colapso ecológico", ha declarado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Del Olmo añade: "El robo del agua está provocando un impacto ambiental enorme, pero también económico al dañar la imagen del sector y provocar una competencia desleal con los productores legales".

WWF instó al ministerio de Teresa Ribera a multiplicar sus esfuerzos: "No se puede seguir invirtiendo más de 350 millones de euros de dinero público en el Acuerdo por Doñana, mientras se siguen cultivando más de 1.300 hectáreas de secano y forestal transformadas ilegalmente en regadíos que se están enriqueciendo con absoluta impunidad".