Vivir sin arco iris: sólo Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja eluden reconocer la realidad LGTB

ZARAGOZA .- Cuatro de las 17 comunidades autónomas eluden reconocer en su legislación la realidad LGTB que, como en todo el mundo, se da en sus territorios: la Asturias que preside el socialista Javier Fernández con el apoyo de IU y Podemos, la Cantabria que dirige el regionalista Miguel Ángel Revilla con el apoyo del PSOE y las conservadoras Castilla y León y La Rioja, gobernadas por Juan Vicente Herrera y José Ignacio Ceniceros, ambos del PP y sostenidos por C’s.

Otras diez autonomías gobernadas en las últimas legislaturas por un amplio abanico de partidos que incluye a PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y CC, apoyados en la actual por otros como Podemos, C’s o Mès, han aprobado leyes con medidas de igualdad y para promover la no discriminación por razones de orientación sexual, mientras que Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha han iniciado los trámites para sacarlas adelante.

Esta última comunidad es, de este grupo, la que menos adelantados lleva los trámites, ya que su Instituto de la Mujer espera tener un texto disponible el año que viene.

Andalucía acordó a primeros de octubre tramitar dos iniciativas, una de Podemos y otra del PSOE apoyadas por el resto de partidos del parlamento autonómico, con las que completará la regulación de 2014, en la que ya recogía cómo “la definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial”.

Por último, el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el pasado 30 de noviembre un anteproyecto de ley que próximamente irá a las Cortes, donde también todo el arco político coincidió hace unas semanas en la necesidad de sacar adelante una norma de igualdad.

Esos mismos grupos llevan tiempo reclamando el mismo trato en las cuatro comunidades en las que la ley no reconoce expresamente su realidad. En el caso de Castilla y León, diez asociaciones elaboraron a finales de octubre un borrador que prevén trasladar a las cortes autonómicas para su tramitación.

Tienen, en todos esos territorios, el apoyo de otros colectivos sociales, caso de sindicatos como CCOO en Asturias, aunque también el rechazo de alguna organización política: el PP riojano tumbó la pasada legislatura un proyecto de ley promovido por el PSOE, y nada apunta a que haya cambiado de posición en los últimos meses.

Dos comunidades tradicionalmente conservadoras como Navarra y el País vasco fueron las pioneras en impulsar leyes igualitarias en identidad de género, aunque en este caso se centraban en el tratamiento de la transexualidad.

El Parlamento navarro aprobó la suya, que contempla la financiación pública de los procesos de reasignación sexual, en 2009, cuando ya hacía veinte años que el Parlamento Europeo había instado a los países comunitarios a incluir el cambio de sexo en sus sistemas de salud y a reconocer el derecho a modificar el nombre en los documentos oficiales y en los registros. Euskadi tardaría tres años más en aprobar su norma.

En ambos casos, junto con medidas de fomento de la no discriminación, abordaban el segundo de esos asuntos, cuya regulación estatal presenta lagunas. De hecho, el Constitucional tiene sobre la mesa una consulta del Supremo en la que tendrá que decidir si un menor transexual puede cambiarse el nombre antes de cumplir 18 años o debe esperar a ese momento como marca la ley.

El grueso de las leyes que normalizan y visibilizan el fenómeno LGTB comenzaría a llegar en el tramo final de la pasada legislatura autonómica. En la mayoría de los casos, por unanimidad de las cámaras que las tramitaban.

Comenzó Galicia, que en abril de 2014 estableció principio legal tan diáfano -“se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de orientación sexual e identidad de género”- como carente de medios coercitivos para su cumplimiento, ya que la norma carece de régimen sancionador.

Le siguieron en octubre de ese año Canarias, que centró la regulación en la transexualidad, y, un mes después, Catalunya, que legisló “para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia” y que aprobó multas de hasta 6.000 euros por infracciones como “el acoso o el comportamiento agresivo hacia personas o sus familias por causa de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género”.

Poco después, en abril de 2015, saldría adelante por unanimidad en Extremadura la norma igualitaria, tomada como modelo por otras comunidades al contemplar medidas como la inclusión de la realidad LGTB en la formación del profesorado o en los currículos educativos, el derecho a que los niños sean llamados en las aulas por el nombre de su sexo sentido y la posibilidad de utilizar el baño de la misma manera, así como iniciativas inclusivas en campos como el deporte.

En los primeros meses de esta legislatura, aprobarían sus normas de igualdad Madrid, Baleares y Murcia, todas ellas siguiendo el modelo extremeño.

También lo hace el anteproyecto de la Ley de Identidad y Expresión de Género que aprobó el pasado día 30 el Gobierno de Aragón. De hecho, el texto de partida ha sido elaborado por la Mesa de la Transexualidad, integrada por colectivos lésbicos, gays, trans y bisexuales que, como en el caso de Castilla y León, toman esa ley como referencia.

Junto con esa ley, bautizada como De Transexualidad, el ejecutivo aragonés impulsa otra de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación Sexual, conocida como De Identidad LGTB. “Se trata de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos aragoneses” y, en especial, “a personas que están sufriendo”, señala la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto.

La primera prevé incluir en los planes de estudio de Primaria y de Secundaria “asignaturas que sensibilicen en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la identidad de género”. También señala como violencia doméstica “cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de identidad y/o expresión de género de cualquiera de sus miembros” y, en este sentido, contempla la adopción de medidas que “garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facilitando con ello la independencia física y económica de la víctima”.

El anteproyecto, al que ha tenido acceso Público, incluye un régimen de infracciones y sanciones en el que la “reiteración en el uso o emisión de expresiones vejatorias por razón de identidad o expresión de género” en redes sociales puede acarrear multas de hasta 20.000 euros. “Pretende robustecer el modelo y dotarlo de mayor garantía”, indica Broto.

Por su parte, la Ley de Transexualidad contempla la creación de una Oficina contra la Discriminación en la que estarán representadas las principales entidades LGTBI de la comunidad, garantiza “el acceso a las técnicas de reproducción asistida” en el sistema público a mujeres lesbianas y bisexuales y, en el caso de menores de edad expulsados de sus familias por motivos de identidad sexual, prevé la posibilidad de ejercer su tutela.