La cámara baja del Parlamento aprobó hoy por unanimidad y sin debate la creación de la comisión de seguimiento del pacto contra la violencia de género. Se trata de un requisito contenido en el propio acuerdo y que será el encargado de velar y vigilar el cumplimiento de las más de 200 medidas que contiene el acurdo, así como controlar el uso de los fondos. 

Si bien no ha habido sorpresas en la votación, lo que se aprobó este jueves en el pleno fue un documento presentado y firmado hace dos semanas por todos los grupos de la oposición en el que solicitaban la puesta en marcha "inmediata" de esta comisión parlamentaria. El Partido Popular no la firmaba, sino que presentó una petición propia. A pesar de la unanimidad en la votación, la duplicidad de peticiones a la mesa del Congreso levantó las críticas de varios grupos parlamentarios, especialmente del PSOE y de Unidos Podemos, que reprochan al partido del Gobierno de "dilatar los plazos" en la creación de esta comisión.
Según varios representantes de distintos partidos políticos consultados por Público, sin esta comisión no hay forma de fiscalizar la labor que está desarrollando el Gobierno en la puesta en marcha del pacto de Estado. La única otra alternativa con la que cuentan las formaciones políticas son las preguntas parlamentarias que tardan en ser respondidas entre dos o tres meses, por lo que no son útiles.

Los grupos de la oposición llevan meses reclamando la puesta en marcha de esta comisión parlamentaria. Según Marta Sorlí de Compromís, lo llevan solicitando desde el mes de julio, cuando la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó el dictamen para el pacto. Cabe recordar que la creación de este órgano que hoy se aprobó en el Congreso ya figuraba en la proposición no de ley de noviembre de 2016 que puso en marcha el proceso para el pacto de Estado.

Proceso opaco

El pacto contra la violencia machista, acordado por mayoría en el Congreso el pasado 28 de septiembre, preveía un plazo máximo de dos meses para que el Gobierno se reuniera con Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, entidades locales, Consejo General del Poder Judicial, entre otros, y acordar la puesta en marcha del pacto y su la forma de financiación. 

Cumplido ya el plazo, existe una gran falta de información sobre qué pasos está dando el Gobierno para su puesta en marcha. El Secretario de Estado para Igualdad, Mario Garcés afirmó hace algo más de un mes que las medidas comenzarían a aplicarse a partir del primero de diciembre. Hace una semana el presidente del Gobierno afirmaba en sede parlamentaria que su intención era firmar el pacto contra la violencia de género "a lo largo del mes de diciembre" y que el texto contará el año que viene con una dotación de 200 millones.

El pacto prevé que las 213 medidas acordadas se apliquen a lo largo de cinco años, con un presupuesto adicional de 1.000 millones de euros durante ese plazo.
Recientemente el Congreso aprobó por unanimidad, a petición PSOE, que el Gobierno aprobara un crédito extraordinario para incrementar los Presupuestos Generales del Estado en 200 millones, si finalmente el ejecutivo prorroga los presupuestos de 2017 por falta de acurdo.