"En una discoteca no me habría pasado, pero con mi jefe no supe reaccionar"

SEVILLA.- Este es el relato de una de las tres profesoras que, según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, fueron víctimas de abusos sexuales continuados a manos de su jefe, Santiago R., catedrático de la Universidad Hispalense y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación durante 13 años. “Es la historia de David contra Goliat. Yo era una profesora rasa, el último mono, y él era un catedrático de reconocido prestigio dentro de la Universidad”, cuenta Raquel C, la mayor de las tres víctimas.

Raquel no es su verdadero nombre. Utiliza el anonimato porque aún siente “miedo y vergüenza” de lo que ocurrió. “Yo no tengo el valor que tuvo Teresa Rodríguez para contarlo con la fuerza con que lo hizo ella”, dice. Hace dos semanas, la líder de Podemos Andalucía denunció públicamente que tres días atrás había sido víctima de una “agresión sexista” por parte de un reconocido empresario sevillano, vocal de la Cámara de Comercio, y anunció que interpondría una querella contra él en los tribunales. El hombre, Manuel Muñoz Medina, la “acorraló contra la pared” y, tapándole la boca con la mano, simuló besarla en los labios.

Más tarde, él mismo explicaría que fue “una broma de mal gusto”, que estaba de celebración navideña y había bebido algunas copas. Pero la reacción de la sociedad civil tras la denuncia de Rodríguez fue tan encendida que en 48 horas la Cámara de Comercio pasó de una leve amonestación a exigir su dimisión como miembro de la directiva. Fue fulminante. La líder de Podemos se había preguntado qué habría pasado si la víctima hubiera sido una mujer anónima, sin poder, dependiente económica y laboralmente de su agresor, su jefe, en lugar de ser ella, una figura pública, dirigente de un partido político y con cierto peso social. ¿Qué habría pasado? ¿Se habría callado por miedo? ¿Habría tenido que aceptar que la agresión de aquel hombre era normal, una broma?

Raquel y sus dos compañeras profesoras de la Universidad de Sevilla sufrieron agresiones sexuales, físicas, verbales y psicológicas a manos de su jefe, la persona que les dirigía dentro del departamento, a quien debían preguntar las dudas, de quien dependían para los descansos, quien tenía autoridad sobre su trabajo, el que podía aprobar o denegar sus licencias de estudios. Los abusos sexuales tuvieron lugar hace nueve años, entre 2006 y 2010, pero ellas lo denunciaron hace casi siete. “Santiago explicaba que su actitud con nosotras era normal, porque todos éramos profesores de Educación Física, y, según él, tenemos un sentido de nuestra corporeidad distinto”, recuerda Raquel. “Me decía: esto que hago contigo se lo hago a una profesora de Educación Infantil y me denuncian por acoso. Él era consciente de lo que estaba haciendo”, explica.

La instrucción del caso ha sido tan lenta, que incluso el juez ha usado el retraso “indebido” en el procedimiento como atenuante en la sentencia. El exdecano acaba de ser condenado a seis años y nueve meses de prisión por cuatro delitos, tres delitos continuados de abusos sexuales y uno de lesiones. Durante el largo y “asfixiante” proceso judicial, el acusado ha seguido y sigue dando clases en la misma universidad. De las tres víctimas, sólo una -Raquel- se atrevió a volver al trabajo, pero sólo cuando la universidad aceptó aplicar un estricto plan de prevención para que el agresor y la agredida no coincidieran jamás en el mismo espacio físico.

Antonio Ramírez de Arellano, el entonces rector de la Hispalense y hoy consejero de Economía del Gobierno de Susana Díaz, “fue el primero en tomarse nuestro asunto muy en serio para que pudiéramos volver a nuestra actividad académica”, recuerda la profesora. Estableció un reparto a medias del tiempo presencial en la facultad para cada uno, el 50% para él y el otro 50% para ella, y reubicó a Raquel en otro despacho, en el ala opuesta al edificio de la Facultad de Educación. “Aún así, 15 minutos antes de que terminara mi horario, salía corriendo para no encontrármelo. Una vez, él se saltó la norma y lo vi de frente en el hall de la facultad. Me dio un ataque de ansiedad, me escondí en la conserjería y llamé a la directora del departamento para que viniera a por mí a recogerme”, recuerda Raquel.

Tenía 30 años cuando sufrió los abusos sexuales. Estuvo nueve meses de baja por depresión y luego la universidad le facilitó varias licencias de estudios para que no tuviera que volver a su departamento, donde Santiago seguía dando clases. “El primer rector de la Hispalense al que expusimos nuestra situación, Joaquín Luque, no se atrevió a meterle mano al exdecano. Nos dio una baja por prescripción rectoral. A él lo apartaron de la dirección del departamento, pero siguió dando clases, y a nosotras nos buscaron una salida fuera, en el extranjero o en Sevilla, pero lejos de la facultad”, explica. Las otras dos mujeres tuvieron desigual suerte. Una de ellas era profesora interina, pero en el momento de los abusos había entrado como becaria en el departamento de Santiago. Ahora está fuera de la Universidad, porque tras la denuncia nunca se atrevió a volver a la facultad, no leyó a tiempo su tesis y perdió su puesto.

La tercera víctima, la que además de abusos sufrió lesiones psicológicas según el juez, estuvo de baja más de seis años, “casi la mitad del tiempo que lleva contratada”. Ella no se atrevió a volver a su puesto ni siquiera con el plan de prevención para evitar cruzarse con su agresor. Hasta hace apenas un mes no ha vuelto a la facultad. “Nos agredió por separado, pero con el tiempo nos reconocimos. Estábamos aterrorizadas y reconocimos nuestros síntomas: caer enfermas siempre, tener miedo, estar deprimidas y bajas de ánimo, dejar de hablar… Cuando al fin hablamos entre nosotras, nos empoderamos mutuamente y denunciamos”, recuerda Raquel.

Lo más difícil de explicar, para ellas mismas, es por qué tardaron tanto en hacerlo público, en identificar lo que les ocurría como agresión y en denunciarlo. “Me daba vergüenza reconocer lo que estaba pasando. Por permitir que pasara durante tanto tiempo. No quería admitir que fui cobarde muchos años en los que no dije nada a nadie. Era muy raro. En una discoteca jamás me habría pasado, porque yo sé mantener las distancias y reconocer cuándo alguien intenta sobrepasarse. Nunca lo he admitido. Pero en el trabajo… con mi jefe… no supe cómo reaccionar. Conocía a Santiago desde que estudié Magisterio”, se explica Raquel.

En la primavera de 2010, las tres mujeres relataron la agresión ante el Instituto Andaluz de la Mujer, dependiente de la Consejería de Igualdad, que les orientó para denunciar el caso ante los servicios jurídicos del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Se abrió una investigación interna, dirigida por dos funcionarios, que hizo declarar a ambas partes, como si fuera un juicio. Raquel estuvo nueve horas declarando. La Hispalense terminó elevando el caso a los juzgados de lo Penal de Sevilla. En el juicio, unos diez profesores del departamento que dirigía Santiago R., antes de ser apartado, acudieron a declarar en favor del acusado, y sólo dos lo hicieron para defender la versión de las víctimas (un hombre y una mujer). Desde 2010, tras conocerse la denuncia, ninguna de las tres víctimas ha vuelto a subir a la secretaría del departamento “para no encontrarse con algunos compañeros que lo han defendido”.

El magistrado Luis Javier Santos Díaz también ha condenado al catedrático universitario a pagar una indemnización de 110.000 euros a las tres víctimas -30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas-. La sentencia, además, declara responsable civil subsidiaria a la Universidad de Sevilla, porque los abusos tuvieron lugar dentro de sus instalaciones. En caso de que el acusado se declarase insolvente o no pudiera pagar la indemnización, la Hispalense tendría que hacerlo en su lugar (aunque a Santiago R. ya le fue embargado un piso en el municipio sevillano de Mairena de Aljarafe valorado en 250.000 euros, que podrá ser usado como fianza civil). El abogado de dos de las víctimas denuncia “la pasividad de la Universidad de Sevilla” en este asunto, y el que haya permitido que “el agresor siga con su vida mientras buscaba un escondite a las víctimas, lejos de su lugar de trabajo”. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.