Son menos de 10 kilómetros los que separan Ceuta de Castillejos. Hasta hace dos años, Rachida Jraifi, igual que cientos de trabajadores transfronterizos, recorrían esta distancia a diario para desplazarse de sus hogares hasta sus trabajos, cada uno situado a un lado de la muralla.

Marruecos y España, como muchos otros países, cerraron sus fronteras el 13 de marzo de 2020 debido a la incipiente amenaza del coronavirus. Este fue el último día en el que el tránsito estuvo abierto.

Según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), tras el cierre de las fronteras, unas 500 personas quedaron encerradas en Ceuta, mientras otras 3.000 han perdido sus trabajos al permanecer en el lado marroquí. 

Son ahora cientos los trabajadores transfronterizos que están atrapados en Ceuta, desde hace dos años, sin la posibilidad de regresar a sus hogares. Gran parte de estas personas provienen de ciudades fronterizas. Torya es de Tetuán, y cuenta a Público cómo muchas de sus compañeras vivían con sus familias en "Martín, Castillejos, Rincón...".

La mayoría son mujeres, principalmente vinculadas a trabajos de cuidados del hogar, aunque es cierto que existen perfiles muy distintos de trabajadores transfronterizos: "Empleadas del hogar, cocineros, carpinteros, fontaneros, pasteleros, de todo", describe la portavoz del grupo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas, Rachida Jraifi. Ella y Torya cuentan con más de 15 años cotizados, pero aseguran que hay otros trabajadores con un currículum en España de más de 30 años. Existen casos en los que toda la vida laboral de un trabajador se ha desenvuelto en Ceuta, y en cambio, hay otras personas que han trabajado en ambos países. 

Antes del comienzo de la pandemia, estos trabajadores disfrutaban de "permisos que les permitían ir a trabajar y volver a su país, se les permitía trabajar en Ceuta pero no pernoctar", explica a Público Amin Soussi de APDHA.

La vigente Ley de Extranjería sostiene que "los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente, o, al menos, una vez a la semana, deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general".

Esta aplicación ha sido efectiva hasta el cierre de fronteras, que supuso este encierro en Ceuta. El tránsito dejó de ser legal. "La única solución que se ve para nosotros es abrir un pasillo humanitario, lo que significa ir y no volver, y no queremos eso, queremos volver a nuestro trabajo. De estos trabajos estamos manteniendo a nuestros familiares. Esa medida significa echarnos", según Rachida Jaifri.

Desde el comienzo de la pandemia, se han abierto una serie de pasillos humanitarios, que han devuelto a Marruecos a muchos de los conciudadanos que habían quedado atrapados dentro de las fronteras españolas. En su mayoría, gente que estaba de paso o de visita, medida no factible para las trabajadoras, ya que irse significaría perder su único trabajo.

Una situación precaria

Y perder el trabajo es un privilegio del que no gozan la mayoría de los trabajadores, mucho menos aquellos que viven en situaciones más "precarias". Así es como lo describe Utman Besabe, miembro de la asociación Al-Ambar, afincada en el barrio de El Príncipe. Él mismo explica cómo "es una situación prácticamente esclavista. Se aprovechan de todo esto, sobre todo de señoras con cargas y problemáticas familiares importantes. Por esto es que ellas cogen estos trabajos sí o sí, con las consecuencias que sean".

Su descripción concuerda con la hecha años atrás por el Parlamento Europeo, que afirmó que "estas 4.000 personas se encuentran en una situación de discriminación flagrante y agravio comparativo por el mero hecho de ser ciudadanos de un país no comunitario".

Ahora, la estancia en la ciudad de estas personas se ha convertido en un limbo legal. No pueden dormir en Ceuta, pero tampoco pueden volver a sus casas. Ninguna cuenta con una casa en España, y tampoco tienen derecho legal de alquilar una vivienda, ya que su etiqueta transfronteriza les impide pernoctar en la ciudad autónoma. Es por ello que han tenido que sobrevivir de la única forma posible, la mayoría durmiendo en casas de conocidos o compartiendo habitaciones con otros trabajadores que se encuentran en la misma situación. Otros, en cambio, viven en el domicilio de las personas para las que trabajan. "Pese a tener un contrato laboral con un horario establecido, como están fijas y duermen en la casa de las personas que cuidan, no tienen derecho a descanso, ni al sábado o domingo libre, sin pagar esos días. Hay muchachas que solamente trabajaban por la mañana o por la noche, pero como han cerrado la frontera no pueden volver a su casa, no tienen a donde ir, ahora tienen que trabajar todo el día", describe Torya.

Tras el cierre de las fronteras, estos trabajadores están realizando sus labores de forma ilegal, ya que carecen de una autorización para hacerlo, pero "curiosamente están dados de alta en la seguridad social", explica Amin Soussi, al mismo tiempo que sostiene que lo que impide que se cumpla la ley de extranjería "es la mala gestión del gobierno de la delegación de Ceuta. Tienen que pagar el IRPF igual que cualquier otro trabajador, un 24% del cual no se benefician absolutamente en nada, si no tienen el permiso transfronterizo, no tienen cobertura social de ningún tipo".

"Lo que ocurre es que tanto en Ceuta como Melilla se saltan la ley constantemente; sin ir más lejos, estos días vemos cómo se han devuelto dos menores contraviniendo una orden judicial", asegura Amin Soussi.

En Ceuta no hay oficina consular, lo que impide una comunicación fluída entre las autoridades ceutíes y las marroquíes. La ausencia de una institución diplomática no permite a las trabajadoras renovar sus pasaportes. No pueden acceder a la península y tampoco pueden cruzar la frontera. "Un derecho que tiene que tener todo el mundo no lo tenemos nosotros, el de libertad de movimiento. No nos podemos mover a ningún lado ni por mar, ni por aire, ni por tierra", explica Rachida.

En palabras de Utman Besabe: "El problema es que el sistema de las trabajadoras transfronterizas es un sistema diseñado para una frontera abierta. Si la frontera se cierra se acaba todo y se convierte en un problema de dimensiones enormes".

"Y si no abre la frontera, ¿qué va a ser de esta gente?"

"Y si no abre la frontera, ¿qué va a ser de esta gente?", se pregunta Rachida. Las secuelas están dejando una huella muy profunda en estas trabajadoras, alejadas de sus familias y de sus hogares, enclaustradas en una ciudad que no es la suya. Jaifri asegura que muchas de sus compañeras necesitan apoyo psicológico y fármacos para sobrellevar la situación.

La historia de Aicha El Imarani es una de las muchas historias que queda grabada en la memoria de este drama humano. Ella era una trabajadora transfronteriza, que, como tantas otras, se quedó atrapada en Ceuta, pero una muerte prematura ubicó su entierro en territorio español. "Una madre que estaba deseando ver a su hija viva ahora le está pidiendo a Dios que abra la frontera para visitar su tumba", lamenta Rachida.

"El día que se cierra la frontera empieza nuestra tristeza y nuestro dolor", relata Torya. Su vida y su familia están en Tetuán, y ni siquiera la mayor de las desgracias le ha permitido un billete de vuelta a su casa. En la misma semana, su madre y su marido perdieron la vida, lo que supuso que sus dos hijos, menores de edad, se quedasen desamparados en Marruecos. "Cuando estaban mi madre y mi marido enfermos quería salir e incluso llegué a pensar en salir de Ceuta por el agua pero pienso en mis hijos: ¿quién va a trabajar por ellos?", explica Torya.

Una historia similar acompaña a Rachida, quién, recientemente, no ha podido acudir al entierro de su primo. "Hemos pasado alejados de nuestras familias dos ramadanes, dos fiestas del borrego lejos de nuestros familiares, entierros, bodas, fiestas… todo", afirma. "Hay madres que tienen a sus hijos allí y ellas están aquí, hay madres que han dado a luz aquí y los niños no conocen al padre", agrega.

Un grito desesperado de ayuda

Todos estos motivos son los que las han empujado a manifestarse cada lunes enfrente de la Delegación del Gobierno de Ceuta desde el pasado 16 de agosto. Exigen una respuesta del Gobierno y que se cumpla la Ley de Extranjería, la cual les permitía un tránsito diario de España a Marruecos.

La solución se la reclaman al Gobierno español. "¿Dónde estamos trabajando, dónde estamos cotizando, y donde estamos encerrados? Estamos aquí. La solución nos la tienen que dar aquí", asegura Rachida.

A este grito de ayuda se han sumado un total de 139 organizaciones a una campaña promovida por APDHA llamada Trabajadoras Transfronterizas con Derechos. Se han unido para presentar un manifiesto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la Delegación del Gobierno de Ceuta y al Defensor del Pueblo Español, con la voluntad de solucionar la situación.

Público se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno de Ceuta sin obtener respuesta. Los ministerios de Migraciones, Exteriores y Trabajo han señalado a este medio que no tienen la potestad suficiente como para gestionar este asunto.

Los ánimos no acompañan, pero la esperanza es la que mantiene su lucha en pie. "Cuando uno se está ahogando y ve algo se agarra a él a ver si le salva, eso es lo que nos está pasando a nosotros; estamos entre la espada y la pared. Esperamos alguna luz, alguna ayuda, cualquier cosa, pero de momento nada. Vamos a seguir luchando, no vamos a parar", cuenta Rachida.