MADRID.— El Tribunal Supremo se ha negado a conceder indemnizaciones a las víctimas de la talidomida, un medicamento que fue prescrito en los años 60 para sus madres durante la gestación y por cuya intoxicación sufren malformaciones y daños de por vida.

El fallo de la Sala de lo Civil del alto tribunal ha sido rotundo, por ocho votos frente a uno. La empresa farmacéutica Grünenthal Pharma, SA ha conseguido así que el Supremo asuma sus tesis y rechace indemnización civil alguna a las víctimas de su medicamento porque había prescrito el plazo que tenían para reclamarlo.

El Tribunal Supremo desestima así la demanda de responsabilidad civil presentada por los supervivientes y confirma así la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid que anuló las indemnizaciones acordadas por el juzgado de primera instancia 90 de Madrid.

Un fallo rotundo que ha caído como "un mazazo" entre los perjudicados, según el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), José Riquelme. No se lo esperaban, no en vano el informe de la Fiscalía considera que esta intoxicación fue un atentado contra la humanidad y apoyaba su indemnización ante este "hecho extraordinario y catastrófico".

Grünenthal Pharma, SA, consiguió que la Audiencia Provincial de Madrid anulara la sentencia que le obligaba a indemnizar a los 300 perjudicados y agrupados en Avite. Esta asociación de víctimas agrupa a 300 perjudicados. Se estima que en España produjo 5.000 afectados, pero la mayoría de ellos fallecieron.

El abogado de los perjudicados, Ignacio Martínez, ha anunciado que recurrirán esta decisión ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mientras denuncia que sufren un “agravio comparativo” frente a víctimas de otros países europeos.

El laboratorio alemán no ha indemnizado nunca a las víctimas españolas de su medicamento, en contra de los pagos millonarios que han realizado a los perjudicados de Alemania y los que afronta ahora en Australia. Grünenthal Pharma ofreció a los perjudicados españoles un pago de 400 euros a cada uno como indemnización.

"Estamos acostumbrados ya", ha declarado el abogado, consciente de que afrontan una carrera de fondo frente a la farmacéutica alemana Grünenthal Pharma, SA., entre las víctimas que van muriendo y los recursos que se interponen.

La Audiencia de Madrid consideró que la acción de responsabilidad civil interpuesta en 2012 por los perjudicados "estaba prescrita por haber transcurrido con creces, incluso en la hipótesis más favorable para los afectados, el plazo de un año establecido en la legislación civil para el ejercicio de este tipo de acciones".
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La sentencia anulada por la Audiencia fue dictada por el juzgado de primera instancia número 90 de Madrid, que en noviembre de 2013 fijó indemnizaciones para los perjudicados

Los perjudicados nacieron con malformaciones a causa de la talidomida. Del fallo del Supremo se colige que disponían sólo de un año para reclamar a partir de su mayoría de edad.

"Pudieron demandan a la empresa farmacéutica por ser indudable que los daños sufridos se debían a la Talidomida", sostiene la nota de prensa difundida por el Supremo en la que anuncia su fallo.

El Supremo reconoce que las víctimas sufren daños permanentes, por este medicamento que se prescribió en España entre 1960 y 1965. Anuncia que en su sentencia dejará a salvo, como ya hizo la Audiencia de Madrid, la posibilidad de futuras reclamaciones civiles "en la aparición de daños no conocidos o en la agravación de los actuales".

La Fiscalía del Tribunal Supremo consideraba que el laboratorio cometió un atentado contra la salud de la humanidad y apoyaba las indemnizaciones de los perjudicados por 200 millones de euros.

La sentencia anulada por la Audiencia fue dictada por el juzgado de primera instancia número 90 de Madrid, que en noviembre de 2013 fijó indemnizaciones para los perjudicados. La jueza de primera instancia Gemma Susana Fernández condenó a la farmacéutica a pagar 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía a cada perjudicado.

El ministerio público defendía en su escrito que el plazo de prescripción de 50 años debe contarse a partir del Decreto de ayudas a los afectados, del año 2010, ya que antes de la resolución del ministerio de Sanidad los afectados “carecían de un elemento necesario para la demanda”.

Es más, la Fiscalía sostenía un plazo posterior a contar: a partir de la petición de perdón del año 2012 que realizó la farmacéutica reconociendo su culpa, que edificó en Alemania una estatua representando la tragedia de las víctimas, lo que constituye "un reconocimiento de su culpa y de que saben que el gran ataque producido a la salud de las personas sigue vigente".

La empresa multiplicó la indemnización para los perjudicados alemanes en el año 2012 al detectar nuevos efectos de la Talidomida sobre su salud. Dicho documento es conocido como Informe Heidelberg.

A la Fiscalía le llamaba "poderosamente" la atención de que la empresa farmacéutica llegara a acuerdos a partir de dicho informe con los afectados de Australia, pero no con los de España: "Esto es un contrasentido en un mundo global y las víctimas de la talidomida en Australia no pueden recibir mejor trato que las de España".