El sistema judicial bloquea las denuncias por abuso sexual en la infancia

Los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia se sufren con miedo, culpa y, sobre todo, en un silencio estremecedor. Sin embargo, no son vivencias aisladas porque entre un 10% y un 20% de la población española ha pasado por ese horror. De hecho, las denuncias por abusos sexuales a menores aumentaron un 15,8% en 2016, según el Anuario del Ministerio del Interior. Sin embargo, las administraciones públicas dan la espalda a las víctimas porque de cada 10 procesos abiertos, siete no llegan a juicio y sólo un 30% de los casos judicializados acaban con sentencia. Son algunas de las conclusiones del informe Ojos que no quieren ver que este miércoles ha presentado Save the Children.

A falta de datos públicos sobre el abuso sexual en la infancia y la adolescencia (sólo el 15% de los casos son denunciados), la ONG ha analizado 200 sentencias judiciales entre 2012 y 2016 —periodo en el que se abrieron 4.020 procesos y se dictaron 746 fallos— de las que se desprende que "denunciar y llevar el caso a los tribunales no es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso", según el director general de la ONG, Andrés Conde.

El motivo de este tapón en las instituciones judiciales es que, en el 90% de los casos, la única prueba suele ser el testimonio del niño y en España "no se respetan su derecho a ser escuchado ni se cuida su declaración", ha esgrimido Ana Sastre, directora de Sensibilización y políticas de infancia de Save the Children. Las víctimas declaran en entornos hostiles, a menudo cerca de su agresor y de su entorno, o separados por un simple biombo. Además, tienen que repetir su versión hasta cuatro veces porque, según los datos de la ONG, los procesos duran tres años de media. "Al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel —que suele ser familiar o conocido—, a menudo los menores se retractan", explica la ONG, que afirma que en la mayoría de casos se acaba desestimando el testimonio del niño.

Una solución a este problema es la llamada prueba preconstituida, es decir, tomar declaración al niño lo antes posible y grabar su testimonio para que el menor no tenga que declarar años después de sufrir los abusos y revivir su trauma. De ese modo (sólo utilizado en el 13% de los casos analizados por la ONG), se garantizaría la validez del testimonio y, por tanto, aumentaría la cifra de juicios orales. En 2015, de los 1.239 procesos judiciales iniciados, sólo 209 acabaron con sentencias dictadas. Eso sí, de ellas, 202 fueron condenatorias (146 más que en 2012). A pesar del prejuicio sobre las mentiras de los niños y la creencia de que es su palabra contra la de un adulto, estudios internacionales consultados por la ONG aseguran que sólo el 7% de los menores mienten durante el proceso ya que tienden más a negar la realidad que a inventar.

De hecho, pasan muchos años hasta que los menores se atreven a alzar la voz. Los abusos duran unos tres años de media, lo que demuestra, según Save the Children, que "aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar el problema". "No hay una acción inmediata ante la revelación de un niño, es su palabra contra la de un adulto", ha lamentado Sastre. De hecho, tan solo en un 15% de los casos en los que el niño confesó su situación a un maestro, éste lo notificó a  a las autoridades. Según la ONG, los profesores no tienen formación sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando, arguye la ONG. 

Quienes tampoco saben reconocer lo que está pasando son las propias víctimas, que desconocen su cuerpo, su intimidad y cuáles son sus límites. Suelen ser menores con baja autoestima, sin un adulto protector de referencia o discapacitados. En el caso de las niñas, tienen entre 7 y 10 años y su abusador pertenece al entorno familiar mientras que en los niños se produce entre los 11 y 12 años por parte de un adulto con autoridad, como un profesor, entrenador o monitor.

Es por ello que en la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia que la ONG urge a aprobar deberían incluirse medidas que garanticen la educación afectivo sexual, la formación sobre violencia y protección de la infancia de maestros, profesores y directores de centros educativos y un protocolo de detección y gestión de casos en los colegios. Tras la petición de todos los grupos parlamentarios, el Gobierno se ha puesto 12 meses de plazo para elaborar esta norma.