Carmen Diego es la vívida imagen de la irrefrenable lucha de este colectivo. A sus 61 años, el pasado noviembre estuvo 26 días formando parte del campamento que ella y otras compañeras levantaron frente al Ministerio de Trabajo. De allí se marcharon con las manos vacías pero el espíritu lleno, tal y como han demostrado este domingo por las calles más céntricas de Madrid. Ellas son las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD), unidas ahora en la capital y hermanadas con sus homólogas en Barcelona, quienes también han ocupado por unos momentos el espacio público. Entre sus demandas, una principal: la remunicipalización del servicio para evitar que, de los 20 euros que cobran las empresas subcontratadas por la Administración pública, a ellas tan solo les lleguen siete.

"Somos esenciales, cuidamos a quien lo necesita, y lo hacemos con los impuestos de todos. No vamos a consentir que con nuestro dinero se sigan lucrando las empresas buitres de siempre", dice la sexagenaria al principio de la marcha algo embriagada por el momento. Diego sabe bien qué ocurrió en esa acampada, y el "mal trato" que les dieron por parte del Ministerio de Yolanda Díaz. "Aun así, sirvió para remover conciencias, y cada vez somos más las compañeras que nos unimos para luchar", en sus propios términos. Así lo han intentado demostrar en Madrid, donde han congregado a un millar de trabajadoras procedentes de Extremadura, Andalucía, Murcia, Asturias, Aragón y Madrid. Según la Policía, la cifra de manifestantes desciende hasta las 600.

La experiencia de la trabajadora se alarga en el tiempo hasta el siglo pasado. En 1999, esta gijonesa ya empezaba a reclamar calidad para el servicio. Las reivindicaciones decayeron, pero el proceso del 15-M fue un revulsivo para ella y sus compañeras. Ahora, Diego preside la Plataforma de auxiliares de ayuda a domicilio de Asturias y es la secretaria de la plataforma unitaria en la que colectivos de todo el país se han organizado. "Todo va encaminado hacia el desmantelamiento y el aumento de la privatización en lugar de apostar por lo público, que es desde donde se protege a la sociedad. El SAD no puede estar en manos de empresas buitre, de grandes corporaciones para las que los usuarios solo son números", relata la, por unas horas, manifestante.

Angy Sellens ha venido desde Gandía, y lo primero que remarca es "el miedo que hay a las represalias laborales si denuncias algo". Presente en este sector desde 2005, en su caso cobra por usuario: "Cuando uno de ellos fallece o lo ingresan en una residencia, yo me pongo a rezar porque eso significa que es menos sueldo que gano al mes", relata. Sellens es una de las decenas de trabajadoras del SAD que todos los días visitan a aquellas personas que lo necesitan para asistirles en su día a día. "Con estas manos, cuidamos a los ancianos", han coreado durante la marcha decenas de profesionales sociosanitarias que han marchado ataviadas con sus batas blancas.

Sociosanitarias que solo limpian

Les cocinan, preparan la medicación, acompañan al centro de salud… Y también les limpian, siempre demasiado. "Nosotras somos sociosanitarias, con nuestra titulación, y la mayor parte del tiempo nos lo pasamos limpiando, cuando esa no debe ser nuestra función. ¿No será que la empresa que me contrata a través del Ayuntamiento se lucra conmigo porque la limpieza es lo que quiere todo el mundo?", se pregunta esta trabajadora que también ve inviable que su edad de jubilación se mantenga en los 67 años y, como todo el colectivo, exige que se rebaje a los 60 años. Otro ejemplo de la precariedad que le imponen: Los días festivos, claro, no los trabaja, pero tampoco los cobra.

Sus horarios, además, están tan encajados que no tienen ni un cuarto de hora para descansar. "Empiezas a las 8 y terminas por la tarde, yendo de un lado a otro, muchas veces a localidades separadas por kilómetros. Tenemos que utilizar nuestro coche y pagamos la gasolina por adelantado. Si le ocurre algún problema mecánico, la empresa no se hace ningún cargo de él", narra esta trabajadora del SAD que hoy también ha marchado por las calles capitolinas.

Trabajo temporal y feminizado

Pilar Nogués es la presidenta del SAD en Catalunya, donde han creado un sindicato propio "que no esté al servicio de las compañías, como pasa con las grandes organizaciones", expresa desde Barcelona. A sus 53 años y con una década de experiencia en el sector, conoce muy bien de lo que adolece su profesión: "La temporalidad alcanza el 30%, superando a la media europea, y el 80% de la plantilla está contratada por menos de 29 horas a la semana". Así, los sueldos de la mayoría de jornadas no alcanzan los 700 euros y, además, impiden que las trabajadoras puedan buscarse otro empleo ya que el servicio de atención domiciliario es a jornada partida.

A todo ello se suma que como herramienta de trabajo no tienen más que su cuerpo. En un sector altamente feminizado, el 98% de la plantilla son mujeres, los accidentes laborales se suceden. Así los denominan ellas, pues la oficialidad no se los reconoce como tal. "Hacemos transferencias y movilizaciones de forma continua de gente que pesa más que nosotras, sin ayudas técnicas, y no nos reconocen ninguna enfermedad ni lesión musculoesquelética", resume Nogués. En este cúmulo de desprotección laboral, la trabajadora catalana no se olvida de que no existe ningún tipo de protocolo de prevención de riesgos laborales en los domicilios: "Se excusan en que no pueden entrar al ser propiedad privada", puntualiza.

"Los usuarios no están atendidos con la calidad que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Según nuestros cálculos, de 20 euros la hora que se llevan las empresas, a nosotras nos llegan siete", confirma la presidenta del sindicato catalán. Según su análisis, estas compañías que prestan los servicios pagados con dinero público "presentan las licitaciones con equipos jurídicos especializados en contratación pública para ganar los concursos, pero una vez adjudicados no cumplen nada". Así, Nogués señala la culpabilidad tanto de las compañías privadas que se lucran con un servicio esencial de estas características, como la de los Ayuntamientos que no persiguen y fiscalicen el cumplimiento de las condiciones de los pliegos. Y así lo han intentado hacer ver en Madrid al grito de "la dependencia no es un negocio".

Nadie responde ante las irregularidades

Todas ellas coinciden en que la asunción de responsabilidades por parte de las entidades afectadas brilla por su ausencia. "Las empresas ya sabemos cómo nos tratan, pero cuando acudimos a algún Ayuntamiento a pedir explicaciones nos dicen que son cosas de la compañía, que ellos se lavan las manos. No, oye, tú estás pagando con dinero público un servicio en el que se explota a las trabajadoras y cuya calidad está mermando, así que te tienes que hacer cargo", completa una Nogués que se imagina hablando con el concejal de turno.

La sindicalista, asimismo, se suma a la sorpresa de sus compañeras cuando recuerda que tuvieron que levantar el campamento de noviembre si haberse podido entrevistar con Yolanda Díaz. Algo parecido le ocurre al hablar del caso del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau. "Allí han dado decenas de millones a una empresa privada para que gestione el SAD de la ciudad porque también lo tienen externalizado. Pues para controlar que esa empresa cumple con lo establecido, se han gastado cuatro millones de euros más en otra empresa que lo haga. Esto es cinismo puro, una barbarie lo que están haciendo con los servicios públicos", remata.

Responsabilidades a todos los niveles

Así, a las 13 horas la cabecera de la manifestación ha alcanzado el kilómetro 0 de Madrid. Allí han leído un comunicado que engloba su postura, y también su espíritu: "Se recibirán millones de euros de los Fondos Europeos para la Dependencia. Ninguno de esos euros va a ser invertido para mejorar salarios o las condiciones de trabajo. Serán para las empresas privadas donde el único conocimiento que tienen de este sector es que los beneficios van a llegar en cierto plazo y que para engrosar su margen de beneficio nos precarizan y abusan de nosotras mientras las administraciones públicas miran para otro lado", han dicho frente a la sede de la Comunidad de Madrid después de remarcar, al unísono, que "es de justicia cuidar a quien te cuida".

También se han referido a su desempeño diario: "Podríamos hablar del esfuerzo físico que realizamos día tras día levantando, solas, pesos sin ayudas técnicas. Una de cada cinco trabajadoras va medicada a trabajar, mientras la Patronal, desde sus sillas de piel piden que nuestras jubilación sea a los 70 años y desde el Ministerio de Inclusión, el señor Escrivá nos penaliza si lo hacemos antes de los 67 si no tenemos 36 años cotizados. Y para añadir al insulto al agravio, no tenemos las enfermedades profesionales catalogadas". Tras explicitar sus reivindicaciones dirigidas tanto al Gobierno central como a los autonómicos y municipales, las trabajadoras del SAD han pedido unión y "tener como meta un objetivo común", que no es otro que la dignificación y el respeto de la sociedad y los políticos por su profesión. "Tenemos que seguir luchando y presionando, haciendo frente a los explotadores y defendiendo nuestros intereses, así seremos cada vez más fuertes", han concluido.