Sanidad exigirá a los sin papeles llevar un tiempo mínimo empadronados para ser atendidos

El Gobierno acordará con las comunidades autónomas la creación de un programa de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares que cumplan una serie de requisitos como un tiempo mínimo de empadronamiento y que incluirá, entre otras garantías, la asignación de un médico de atención primaria.

Según ha avanzado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, los extranjeros que se acojan a este programa tendrán acceso a diagnósticos en materia de prevención y a tratamientos básicos dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero no tendrán derecho a la asistencia sanitaria fuera de su comunidad.

Hasta ahora, los inmigrantes en situación irregular podían ser atendidos en urgencias, durante el embarazo, el parto, el postparto, y todos los menores de edad tenían garantizada la asistencia sanitaria.

Lo que plantea ahora el Ministerio de Sanidad a las autonomías es la creación de un programa de promoción de la salud, prevención de enfermedades y prestación de asistencia sanitaria dirigido a extranjeros empadronados en España y "que no estén registrados ni autorizados".

"El coste de eso significaba más de 1.000 millones anuales para las arcas españoles", ha recordado Moreno.

Aquellos inmigrantes que quieran acogerse a este programa deberán reunir los siguientes requisitos: ser mayor de edad, no tener reconocido por la Seguridad Social la condición de asegurado o beneficiario y no exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen.

Tampoco podrán reunir los requisitos para suscribir un convenio especial de asistencia sanitaria -la reforma establecía convenios para quienes tenían un renta superior a los 100.000 euros- y tendrán que cumplir un plazo mínimo de empadronamiento que se acordará con las comunidades.

Además, se tendrá en cuenta el límite de ingresos por unidad familiar, de manera que la renta anual deberá ser inferior a 1,5 veces el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Los inmigrantes que se acojan a este programa tendrán derecho a la inclusión en programas de salud pública, a la asignación de profesionales en el ámbito de la atención primaria, a diagnósticos en materia de prevención y a tratamientos básicos de enfermedades según lo que establezca el médico de atención primaria y dentro del marco de la cartera común de servicios básicos.

Este programa no dará derecho a la asistencia sanitaria en otra comunidad distinta a la que está empadronado, ni a otros países de la UE con cargo a esa comunidad.

Tampoco conllevará el traslado a centros sanitarios de fuera del territorio de la región ni el derecho a ser tratado médicamente con cargo a fondos públicos fuera del territorio español.

Sanidad planteará a las autonomías que sean los trabajadores sociales de los centros de salud quienes emitan un documento de inclusión en el programa y que, con ese documento y el pasaporte o el documento de identidad, se presente el paciente cada vez que requiera asistencia sanitaria.

El ministerio que dirige Alfonso Alonso propondrá que este documento tenga una validez de un año y pueda ser renovado vencido dicho plazo.

Moreno ha destacado que las personas que no reúnan los requisitos de tiempo mínimo de empadronamiento pero que tengan un informe médico, una enfermedad considerada de tratamiento obligatorio, contagiosa o una enfermedad mental, puedan ser incluidas en el programa sin esperar el tiempo mínimo de empadronamiento.

Algunas regiones han desarrollado ya programas similares de atención a inmigrantes irregulares y ahora se trata de crear un entorno que sea similar en todas las regiones.

Moreno ha defendido que se trata de una situación distinta a la que existía antes de la reforma sanitaria ya que, entonces, por la vía del empadronamiento se conseguía la tarjeta sanitaria con cargo a los impuestos de los españoles y podía, además, exportar ese derecho fuera de España, "de manera que alemanes, e italianos estaban siendo tratados en esos países con cargo a España".

"El coste de eso significaba más de 1.000 millones anuales para las arcas españoles", ha recordado Moreno.