El SalvadorLas mujeres salvadoreñas globalizan su lucha para legalizar el aborto

Beatriz tenía 22 años cuando fue ingresada; estaba embarazada y enferma de lupus. Las pruebas médicas demostraron que el feto sufría anencefalia: carecía de cerebro y de cráneo, sin los que es imposible vivir. La unidad jurídica del hospital solicitó el aborto para evitar la muerte de la joven, que ya tenía un hijo. “Sabiendo que el niño no va a vivir al nacer, creo que sería mejor que me lo hicieran por salvar mi vida. No tiene sentido continuar con mi embarazo, que no va a vivir… Yo quiero vivir”, pidió al entonces presidente de El Salvador, Mauricio Funes, del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que continúa gobernando el país centroamericano). El equipo médico, que apostaba por el aborto para salvar la vida, no quería realizar la intervención porque podían ir a prisión.

Ante la lentitud e inacción judicial, se lanzó una campaña mediática e internacional para salvar a Beatriz e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado que actuara. 81 días tuvo esperar para que la interrumpieran el embarazo. En la calle, en los parlamentos, con miles de reuniones, con encuestas, con visitas, en los tribunales… La meta es una: despenalizar el aborto en El Salvador en cuatro causas. Los caminos para lograrlos son variados y muchos discurren fuera de las fronteras salvadoreñas. 

Hace unos días, Morena Herrera, tal vez el rostro más reconocible en esta lucha, estuvo en las Juntas Generales de Bizkaia reclamando el apoyo de este órgano provincial legislativo para lograr un cambio normativo en su país: “El caso de Beatriz fue un parteaguas”, recuerda Herrera. Meses antes, una de sus compañeras en la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Sara García, también visitó el País Vasco para denunciar la situación de su tierra, donde una mujer puede ir a prisión por sufrir un aborto espontáneo. 

El aborto está penado en El Salvador desde 1997; anteriormente se permitía en determinadas causas. Alrededor de 150 mujeres han sido procesadas por aborto, según las cifras que maneja Morena Herrera, aunque reconoce que no son exactas y que arrancan en el año 2000. “Más de 35 mujeres han sido condenadas a más de 30 años de prisión por homicidio agravado. Hemos logrado sacar de la cárcel a 16. Ahora hay 23 en prisión; bueno, 24 porque ayer me comunicaron un nuevo caso”, cuenta la activista a este medio. Son cifras que señalan a El Salvador con un rojo aún más sangriento: aunque en otros países de la región también existe penalización (Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam; en Chile se acaba de despenalizar en tres causales), la cárcel en éstos no es el destino habitual de las mujeres. 

De momento, existen dos propuestas legislativas en la Asamblea para cambiar la ley: la que fue presentada hace un año por la entonces presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, con la firma de otros 12 diputados de su partido, el FMLN, pide la despenalización en cuatro causales. Y la presentada hace un mes por Johnny Wright, diputado del partido más contrario al cambio, ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), que habla sólo de dos causas. 

“Esta iniciativa es muy importante porque viene de ARENA y necesitamos los votos de la derecha para cambiar la ley”, reconoce Herrera. El intento de movimiento legislativo esconde otras sorpresas: hace más de un año, otro miembro de ARENA solicitó que las penas por aborto, catalogadas como homicidio agravado, se eleven de los 30 años actuales a 50. Ninguna de las iniciativas ha llegado aún al Pleno para ser votadas. Y el tiempo, en este caso, es importante. 

Batallas jurídicas

Las cuatro causales que están sobre la mesa recogen el caso de Beatriz: riesgo de vida o salud de la madre. Se suman el embarazo en caso de violación, tanto a mujeres como a niñas, y la inviabilidad de la vida extrauterina para el feto. Porque hablar de salud sexual y reproductiva de las mujeres salvadoreñas es hablar de niñas: el 30 por ciento de embarazadas en 2015 tenían entre 10 y 19 años, según los datos que manejan las oenegés. 

Además de las acciones de incidencia política y lucha en los tribunales para evitar que más mujeres vayan a prisión y sacar de allí a las condenadas, Morena Herrera relata otras de sus líneas fundamentales de trabajo: “Explicar a los médicos la legislación que les asiste para mantenerse en el secreto profesional y no denunciar a las mujeres. Y, por otro lado, intentar que en el ámbito institucional haya mecanismos que hagan que las denuncias en los hospitales sean más responsables, porque la mayor parte provienen de los hospitales públicos”.  

Poco después de su intervención en la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, Herrera aclara que “hay una dinámica de clase y de injusticia social: no hay una sola demanda a una mujer de un hospital privado. Todas son de mujeres pobres que van a los hospitales públicos”, denuncia con rabia. Y añade: “Muchas llegan a los hospitales desangrándose y son esposadas a la camilla y acusadas de haberse provocado un aborto. En el proceso judicial se ve que no es aborto y se las condena por homicidio agravado”. 

La última ha sido Evelyn, que en julio fue condenada a 30 años de cárcel. Según recoge la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, tuvo un parto extrahospitalario; incluso ella no sabía que no estaba embarazada porque menstruó regularmente. Los casos no cesan, Morena Herrera da nombres, recuerda conversaciones, relata anécdotas dolorosas casi todas.  

El tiempo apremia. En 2018 hay elecciones y no está claro que la modificación del Código Penal pueda ser una baza electoral para los partidos políticos: “Nosotras estamos transmitiendo el mensaje de que favorecía a los políticos legislar a favor de los derechos de las mujeres, sin embargo, hay grupos que nos hacen campañas a nosotras y a algunos diputados con un claro chantaje electoral”, explica Herrera, activista y exguerrillera. 

Organismos tan dispares como el Congreso de Estados Unidos, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Amnistía Internacional o Ayuntamientos como el de San Sebastián o Vitoria han manifestado su crítica a la criminalización que viven las mujeres salvadoreñas y a la violación que sufren de sus derechos fundamentales. “Estamos internacionalizando la situación para lograr un cambio legislativo”, arrancó Herrera la semana pasada en la institución vizcaína, donde acudió acompañada por siete oenegés de cooperación internacional, entre ellas Mugarik Gabe y la Asamblea de Cooperación por la Paz, cuyos representantes también tomaron la palabra. También organizaciones nacionales como la Comisión de Bioética, algunos colectivos médicos y universitarios e incluso la ministra de Salud, Violeta Menjívar, están a favor del cambio legislativo del Código Penal. Las últimas encuestas realizadas entre la ciudadanía demuestran el apoyo a la despenalización del aborto.