Los rectores creen que "no es un momento oportuno" para hacer modificaciones porque "las titulaciones actualmente vigentes aún no están suficientemente evaluadas"

Los rectores de las universidades españolas están "a favor" de que los grados puedan durar tres años en lugar de cuatro —como ahora— y que los másteres se cursen en dos años en vez de en uno. No se cierran ante la "flexibilidad" de las carreras que el Gobierno ha planteado con el real decreto 1393/2007, pero piden tiempo y prudencia.

Después de una asamblea extraordinaria celebrada este lunes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha aprobado por mayoría —57 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra— pedir a los centros que no implanten grados de tres años (ahora son de cuatro) y másteres de dos (ahora son de uno) antes del curso que empieza en septiembre de 2017.

Los rectores consideran que "no es un momento oportuno" para hacer modificaciones porque "las titulaciones actualmente vigentes aún no están suficientemente evaluadas", ha afirmado el presidente de la CRUE, Manuel José López.

López ha expresado la necesidad de que las administraciones educativas de las comunidades autónomas respeten la decisión de las universidades. "No sería deseable que las comunidades tomaran medidas contradictorias. Nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer, que es darnos dos años para pensar sobre el tema", ha apuntado. López ha remarcado la importancia de una implantación consensuada para lograr que el nuevo decreto no rompa "la cohesión del sistema universitario español".

El presidente de la CRUE ha reconocido que la conferencia "no tiene capacidad para prohibir" la aplicación de la flexibilización de los grados, pero que confía en que antes de abrir grados de acuerdo con la nueva legislación, "lo consultarán con la CRUE".

Durante estos dos años de moratoria, la CRUE pretende hacer una amplia evaluación del Plan Bolonia, de los grados de cuatro años, y del impacto tanto académico como económico de los cambios que plantea el real decreto. El objetivo de los rectores, dicen, es "aplicar la normativa de manera prudente" e informar a las familias de lo que supone ese cambio para corregir la "confusión" que, según ha explicado López, ha producido la aprobación del decreto.

López ha remarcado que la implantación de grados de tres años no debe ser un cuestión "de ahorro", como deslizó la semana pasada el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sino de "calidad de la oferta académica, de la formación y de la empleabilidad de los estudiantes".

En ese sentido, López ha señalado que si, como dijo el ministro, las familias se ahorran 150 millones de euros con este cambio, el Estado se ahorrará alrededor de 800 millones. El ahorro en la inversión educativa resulta, según ha señalado el presidente de la CRUE, de multiplicar por seis o siete el ahorro para las familias.

Por ello, López ha remarcado que la reordenación de titulaciones "no debe realizarse en función de la situación financiera del país, sino en función de lo que sea mejor para el alumnado".