Separar residuos es un deber sencillo para el ciudadano. Cada residuo –plástico, orgánico, vidrio o cartón– a un lado y, según dicen, las autoridades se encargarán del reciclado. El trabajo que los españoles realizan en sus casas, sin embargo, no lo hacen después tan bien los consistorios, responsables de la gestión de los residuos urbanos. Así lo revela un informe de la Comisión Europea en el que el Estado español no sale bien parado: el 51% de los residuos municipales del país son enterrados en vertederos y el 11% termina en incineradoras. Los ayuntamientos están muy lejos de alcanzar el sueño de una economía circular, pues tan sólo se logra reciclar el 38% de los desechos generados en las ciudades.

La publicación evalúa las opciones que tienen los países del viejo continente de cumplir con los objetivos de reciclaje marcados para 2025 por las directivas de residuos y de envases. Europa pronostica que en dos años España no podría cumplir la primera de las metas, la de alcanzar una tasa del 55% del reciclaje de todos los residuos municipales desechados, pero sí lograría cumplir con el deber de reciclar el 65% de los envases.

El tejido legislativo de España para conseguir una mejora en sus tasas de reciclaje no es el más adecuado, según otro estudio publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, organismo dependiente de la Unión Europea. Ninguna de las normativas ambientales analizadas en materia de residuos llega a catalogarse como "muy fuerte".

La publicación detalla que las políticas fiscales españolas destinadas a condicionar y disminuir la llegada de residuos a los vertederos son de nivel medio, al igual que las tasas de incineración. Por lo que se refiere a los sistemas de pago por uso –uno de ellos es el sistema de devolución y retorno de envases– están en la categoría de "muy débil". Las herramientas de recolección de residuos biológicos también aparecen en rojo como muy débiles. 

En España, según la AEMA, el nivel más bajo de impuestos se aplica a las salidas de las plantas de tratamiento mecánico-biológico, mientras que los impuestos más altos son para los residuos municipales no tratados. La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, impulsada desde Transición Ecológica en 2022, establece un nuevo tipo impositivo sobre los vertederos y unifica el criterio que, hasta entonces dependía de cada legislación autonómica. Este nuevo gravamen entró en vigor en enero de 2023, por lo que todavía no se ha podido verificar si ha conseguido rebajar el volumen de desechos que acaban acumulados en vertederos.

La publicación de la Comisión Europea también pone sobre la mesa que España está muy lejos de cumplir con los objetivos europeos para acabar con los vertederos. Bruselas estableció que para el año 2035 todos los países deberían llevar, como máximo, el 10% de sus residuos urbanos a los vertederos. Actualmente España se sitúa al 51% y no es el único Estado que se halla tan lejos de la meta.

Tan sólo nueve gobiernos podrían cumplir con ese objetivo y mantener tasas de vertidos inferiores al 10%: Eslovenia, Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Suecia y Dinamarca.

España ya ha incumplido el objetivo de 2020

Los malos augurios del informe de la Comisión Europea no sorprenden dentro del movimiento ecologistas español, ya que España terminó el año 2020 sin cumplir con el objetivo que Bruselas había fijado para los países de alcanzar una tasa de reciclaje y recuperación del 50% para los residuos urbanos. Ese año España sólo alcanzó una tasa del 40,4%, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, y actualmente, con los datos de la Comisión, la tasa es del 38%.

Los colectivos ecologistas, de hecho, han denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea por incumplir dicho objetivo comunitario y han alertado en repetidas ocasiones de que el modelo actual no funciona. Los conservacionistas, agrupados en una alianza de más de 20 organizaciones, piden que el Gobierno impulse un Sistema de Devolución y Retorno de Envases (SDDR), ya que consideran que así se podría elevar drásticamente las tasas de reutilización y evitar que miles de toneladas de residuos plásticos terminen en los vertederos o en las incineradoras. 

El SDDR prevé que cada consumidor dejé una fianza asociada al envase que le sea devuelta al entregarlo vacío después de su uso, de tal forma que la botella o el recipiente en cuestión pueda ser reciclado o reutilizado.

La Ley de Residuos establecía que si para 2023 no se lograba una tasa de reciclaje del 70% de los residuos plásticos se establecería el SDDR para este tipo de desechos. La tasa actual está en el 38% y este sistema no se ha impulsado, ya que Transición Ecológica ha aprobado un Real Decreto que permite a las empresas generadoras de plástico autoevaluar sus cifras de reciclaje y que estos datos sean contemplados en la contabilidad oficial. La tasa de reciclaje según Ecoembes, la referencia del sector plástico, está en el 87%, más del doble de la tasa oficial del Eurostat.

*Esta pieza ha sido actualizada por un error en los objetivos de reciclaje de España.