Enrique Martínez es un nombre ficticio. Su historia no. Es padre de una niña de 12 años y el pasado mayo envió su solicitud para matricularla en la ESO. Expresó claramente sus preferencias: un instituto público del casco antiguo de Córdoba. Como opciones alternativas también señaló dos centros estatales de enseñanza. Sus preferencias estaban meridianamente claras. Semanas después salieron las listas. Su hija había sido asignada a un colegio privado católico concertado. La ley dice que para asignar definitivamente un instituto a un niño es preceptivo pedir previamente autorización a los padres. "A mí no me la pidieron", asegura Enrique Martínez por teléfono. La resolución se produjo el pasado 26 de mayo. "Si yo solicito un centro público y como segunda opción también señalo centros públicos, la comisión tiene que entender que yo quiero un centro público", remacha.

Martínez levantó el teléfono y llamó a la Delegación de Educación de Córdoba. Tras su queja verbal, el funcionario que lo atendió le informó de que solo había una plaza. "'Le guste o no le guste', me dijo". La única opción disponible en la pública era un centro a 35 minutos a pie de su casa. "Mi hija tiene 12 años. No puede ir caminando tan lejos", protesta. En la zona de influencia de la familia hay media docena de centros públicos. Tras una indagación, comprueba que hay muchos padres en una situación similar y, previsiblemente, ninguno de ellos había sido consultado.

La administración terminó admitiendo que se había producido un error. Pero no estaba dispuesta a corregirlo. "Si hay un error en el procedimiento, tendrán que retrotraer las actuaciones para garantizar la igualdad de trato", protesta Martínez.

Otros niños con menor puntuación que su hija habían obtenido plaza en un centro público de la misma zona de influencia. Se habían puesto por delante de ella debido al error administrativo y la consecuente demora. El padre presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, cuya resolución aún está pendiente. "A nosotros nos penalizan por negarnos a aceptar un centro católico concertado. El discurso de la elección de centro se va por tierra. Libertad para elegir la privada; no la pública".

Enrique Martínez está convencido de que el suyo no es un caso aislado. "Aquí hay un problema de reemplazo generacional y la Junta de Andalucía está derivando los niños a los centros concertados, mientras vacían los públicos", lamenta.

La percepción de este padre es compartida por otros agentes educativos. Lo corrobora un inspector de educación ya jubilado muy activo en la defensa de la enseñanza pública. "Es evidente que se está produciendo una transferencia de la educación pública a la concertada", asegura Jaime Pérez-Aranda. "Sobre todo en Formación Profesional (FP). Ahí es monstruoso".

Según afirma, las administraciones públicas están cediendo suelo a empresas educativas privadas, al tiempo que no habilitan plazas estatales suficientes. "Las multinacionales son ya un lobby en este terreno", alerta.

En la educación primaria y secundaria, señala Pérez-Aranda, la Consejería de Educación prima claramente a la concertada en detrimento de la pública, que cada año pierde unidades y respaldo de la administración.

El inspector de educación sostiene que detrás de esta tendencia hay una "intencionalidad política" por parte de la Junta de Andalucía. "Es más, en otros tiempos también ocurría, aunque en menor medida. El PSOE cubría todas las exigencias de las patronales de centros católicos. Todas. Y muchas veces en perjuicio de la pública. Ahora la Junta, con el PP, ya no se oculta". El proceso de trasvase de la pública a la concertada católica se está acelerando cada vez más, declara Pérez-Aranda. "La libertad de elección de centro parece que solo va en una dirección: de la pública a la privada", indica, en relación a uno de los mantras usados habitualmente por los partidarios de la enseñanza concertada.

En la primera legislatura de Juan Manuel Moreno Bonilla fueron suprimidas casi 1.500 unidades de la enseñanza pública, mientras que la concertada católica se mantuvo o, incluso, se incrementó. "Y este año se están eliminando unidades de la pública por un tubo", afirma Pérez-Aranda de forma gráfica. "La libertad de centro parece que solo va hacia un lado", aduce, en relación al caso de Enrique Martínez y otros muchos del mismo tenor. Precisamente, la Federación Andaluza de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) acaba de alertar de que en Granada también se están produciendo derivaciones de alumnado de la pública a la concertada católica "para cerrar unidades con la excusa de que no hay plazas".

Los colegios católicos concentran su oferta en los centros urbanos y áreas de mayor poder adquisitivo, mientras que la cobertura educativa de los núcleos obreros y zonas periféricas, donde se intensifica la exclusión social, la presta la enseñanza pública. "Los concertados católicos no abren escuelas en los barrios pobres. Solo donde haya oportunidad de negocio", lamenta.

La Junta de Andalucía niega estar favoreciendo a la escuela concertada en perjuicio de la pública como denuncian sindicatos y padres de alumnos. "La escolarización es un procedimiento enorme", informa una fuente autorizada de la Delegación de Educación de Córdoba. "Este año se han presentado 11.379 solicitudes en plazo y no existe constancia de esa priorización de la que se habla más allá de las posibles incidencias que se hayan podido producir en una asignación masiva como es la escolarización", indica en relación a la queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz del padre cordobés.

Rafael Ibáñez ha sido portavoz largos años de la red de padres de alumnos del casco antiguo de Sevilla, donde han librado una dura batalla por defender las menguantes plazas de enseñanza pública. Conoce el caso de Córdoba y asegura que no se trata de un supuesto aislado. "Las delegaciones de educación están asignando las plazas de forma unilateral, fuera de las condiciones de garantías que están previstas legalmente para todo el proceso de escolarización", declara. A la familia Martínez, por lo tanto, debían de haberle consultado antes de endosarle una plaza en la escuela católica.

De resultas, argumenta Ibáñez, se va "fortaleciendo" la escolarización de forma creciente en colegios concertados confesionales. Es más: "Cuando asignas una plaza a un niño o una niña en un centro católico, no solamente cubres esa plaza, sino que garantizas que en el futuro su hermano o hermana también se matricule ahí, ya que tiene más puntos" en el sistema de evaluación. En el casco antiguo de Sevilla hay 14 colegios concertados frente a los cinco públicos. "Y en los últimos años la demanda de escolarización en los centros públicos se ha quedado insatisfecha, mientras que en los concertados había plazas vacantes". Los padres piden, por lo tanto, un mayor refuerzo de la educación estatal, lo que no se está produciendo, pese a que los resultados demuestran que salen más preparados y con mejor expediente académico, tal como se evidencia cada año en las notas de selectividad.

En el caso del casco antiguo de Sevilla, explica Ibáñez, la capacidad organizativa de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) logró controlar todo el proceso de adjudicación de plazas escolares y se evitaron "reubicaciones forzosas" de niños y niñas cuya preferencia era un centro público. "Pero donde no ha habido ese músculo organizativo de ampas comprometidas, se han producido muchísimos casos en que las familias terminaban en centros concertados cuando no era esa su vocación", protesta.

Ibáñez también identifica un trasfondo "ideológico" en la apuesta de la Junta por la enseñanza católica por los "valores que transmite" frente a la pública. Pero no solo. Hay un factor económico. Los conciertos educativos, explica, se hacen por cuatro años, mientras que en la pública se renuevan de forma anual. Si hay que cerrar unidades por falta de alumnos, se tienden a suprimir las plazas estatales porque las concertadas ya las tienes que pagar en cualquier caso. "Es un mecanismo especialmente benévolo para las empresas privadas educativas", puntualiza Rafael Ibáñez.

Aparte de la queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, el padre de la alumna presentó el 19 de junio un recurso de alzada ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba. En el escrito, denuncia la reubicación de su hija de "manera arbitraria" y "falta de diligencia" en la asignación inicial de un centro concertado religioso, cuando el padre había apostado "solo por centros públicos laicos". Asimismo, aduce la "vulneración del derecho de los padres a la elección de centro" y un ataque a la "libertad de pensamiento" e "ideológica" consagradas en al artículo 16 de la Constitución española. El padre solicita, por consiguiente, revocar la resolución "mediante nulidad" y que se emita una nueva adjudicación de plaza.