Un familiar de víctimas que murieron en su domicilio durante la pandemia de covid-19 sin recibir asistencia médica ha presentado una denuncia en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, según ha informado este lunes la delegación de la conferencia Miles de personas en situación de dependencia discriminadas, impulsada por la asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), en una nota de prensa en la que se ha aludido a que es la primera que se produce por este tipo de situaciones.

La denuncia se ha efectuado en el contexto de una reunión entre la asociación y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en la que DJRM le ha informado de que va a iniciar "una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales".

El hijo es quien ha presentado la demanda, tras el fallecimiento de sus padres en marzo y en abril de 2020 en sus domicilios, sin haber recibido atención médica, "como consecuencia de la aplicación de los protocolos de exclusión elaborados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid, según ha expresado la asociación. Estos protocolos son conocidos como los "protocolos de la vergüenza" por las asociaciones que reclaman investigar las muertes que tuvieron lugar durante la pandemia en la capital española. 

La denuncia muestra las decenas de llamadas telefónicas al Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) y las visitas y llamadas al Centro de Salud Mirasierra que realizó el familiar de las víctimas para solicitar asistencia médica y una ambulancia, debido a que su padre había sufrido un ictus en noviembre de 2014 y se movía en silla mecánica. Solo consiguió, después de 15 días, que una profesional médica visitara el domicilio para diagnosticarle que su padre se estaba muriendo y solo podía aplicarle cuidados paliativos.

La madre murió en la madrugada del 12 al 13 de abril, 13 días después del fallecimiento del padre. Durante ese periodo, el hijo repitió las llamadas al Centro de Salud y al SUMMA 112. El 13 de abril, un profesional médico certificó la muerte de la madre en el domicilio.

El denunciante ha solicitado a la Fiscalía que proceda de oficio con las gestiones necesarias para determinar los hechos señalados en el escrito. Además, la delegación de la conferencia ha comunicado a la fiscal que presentarán "una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la base de violación de los derechos recogidos en la denuncia".

Lastra ha respondido que pondrá los medios de la Fiscalía para investigar los hechos relatados en la denuncia, y más expresamente las llamadas telefónicas.

Otras denuncias de familiares fallecidos en residencias

A lo largo de los últimos años, varias personas y asociaciones han presentado denuncias ante la Fiscalía para que se investiguen las muertes producidas durante los primeros meses de la pandemia de covid-19.

La última se produjo el pasado 10 de octubre por parte de las asociaciones Marea de residencias y 7291: Verdad y justicia, que representan a más de un centenar de familiares de usuarios que fallecieron en pandemia. Ese día presentaron una por la "discriminación sufrida" durante la covid-19, en la que 7.291 residentes murieron sin ser derivados a un hospital en la Comunidad de Madrid.

Esa denuncia se dirigió contra 29 personas, entre las que figuran "altos cargos del Gobierno": los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que fueron "el firmante y el autor" de los protocolos que impidieron el traslado de los residentes a los hospitales y contra Pablo Busca, director del SUMMA 112 en aquel momento.

También contra Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia; y contra los geriatras responsables de aplicar el protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños, según especificaron la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, y la presidenta de 7291: Verdad y justicia, María Jesús Valero, en una rueda de prensa.

La denuncia fue presentada por 108 familiares de 115 residentes que vivían en 72 residencias distintas de la región y en ella se aporta "documentación inédita" como "informes internos del Gobierno en los que se reflejaba la situación en la que estaban los geriátricos", según explicaron López y Valero.